En la discusión en la Cámara de Diputados de este martes los ánimos estuvieron encendidos. La propuesta para modificar el Código de Aguas tuvo un largo periplo en las comisiones de Recursos Hídricos, de Agricultura y de Hacienda, antes de desembocar en el hemiciclo y superar su primer trámite legislativo.

En la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) —organismo encargado de fiscalizar a las empresas proveedoras del recurso— estaban atentos. Es que mientras en el Congreso se tramitan proyectos claves para la repartición, la entidad atraviesa por una crisis interna que mantiene enfrentados en tribunales al líder del equipo jurídico de la Superintendencia —cargo clave a la hora de abordar los proyectos— y a la repartición.

El clima en el interior está tenso. Son varios los trabajadores que están pensando en dar un paso al lado. Los dardos de la problemática interna apuntan al actual superintendente, el ingeniero comercial Ronaldo Bruna, quien asumió hace cinco meses en reemplazo de Magaly Espinosa.
“Estoy pidiéndoles a los equipos que la preocupación sea en torno a las personas”, dijo Bruna en su primera entrevista a El Mercurio, el 2 de julio. Hoy esa frase llama la atención entre los empleados, que sólo ven incertidumbre en la repartición.

El caso Peralta

El 2 de noviembre quien fuera el jefe del Departamento Jurídico de la SISS por 26 años llegó a tribunales. Ese día David Peralta presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones contra el superintendente. Dos días más tarde se declaró admisible.

Peralta había sido clave en el desempeño de la repartición desde 1990: trabajó con los cuatro superintendentes anteriores en diferentes gobiernos, logrando una tasa de ganancia de juicios cercana al 95%, aseguran cercanos al profesional. En febrero, de hecho, fue nombrado por la Corte Suprema abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, contando con la autorización presidencial para desenvolverse en ambos roles. Así se lo hizo saber a Ronaldo Bruna cuando asumió el cargo, a fines de junio. Hasta ahí todo iba bien. Sin embargo, el pasado 13 de octubre Bruna le pidió la renuncia, aduciendo, entre otras cosas, sus ausencias. La jefatura ha observado “una falta de dirección y supervisión del trabajo de profesionales de la Fiscalía, lo que encuentra en parte razón en sus constantes ausencias del lugar de trabajo”, se leía en la escueta carta que el superintendente le hizo llegar. En la misiva se aducía, además, que se percibiría una falta de control jurídico de los documentos, y que se requeriría introducir nuevos elementos de innovación en los procesos sancionatorios.

Cinco días después, el 17 de octubre, Peralta aceptó la petición, renunciando, pero sólo al cargo de fiscal. Como había sido elegido por concurso público, podía dejar su posición actual, pero debía ser instalado en otro puesto, manteniendo el grado, tal cual lo establecen las normas del antiguo sistema de concurso público registradas en Contraloría. Tal situación no ocurrió. Por el contrario, al fiscal se le retiraron los accesos informáticos, el teléfono de trabajo y no se pagó ni indemnización ni los 28 días que acumulaba de vacaciones. Se tenía que ir. Al día siguiente, de hecho, la Superintendencia inició los trámites para contratar a un nuevo jefe del Departamento Jurídico, pero Peralta les aguó la fiesta. Presentó el recurso de protección ante tribunales, cuya primera resolución fue decretar una orden de no innovar en el proceso: debían reinstalar al fiscal hasta que se zanjara el caso.

La SISS acusó recibo de la ofensiva judicial y contrató al abogado Enrique Rajevic, ex candidato a contralor y docente en derecho administrativo, para liderar su defensa. El 16 de noviembre, el abogado ingresó un recurso de reposición con los argumentos de la institución sobre el caso del fiscal. Pese a ello, la orden de no innovar se ha mantenido hasta la fecha.

En medio de la tramitación de proyectos claves, la SISS no tiene un líder en su equipo jurídico: no pudieron avanzar en la contratación, y Peralta pidió vacaciones.
Contactados en la Superintendencia, declinaron referirse al tema.
Sólo un aspecto de una crisis interna que ya se extrapola a las discusiones claves.

Momento de decisiones

El 2 de noviembre quien fuera el jefe del departamento jurídico de la SISS por 26 años llegó a Tribunales. Ese día David Peralta presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones contra el Superintendente. Dos días más tarde se declaró admisible.

Los dardos contra la Superintendencia han llegado incluso al Congreso. Es que las críticas no sólo han teñido el debate en la discusión del Código de Aguas, sino que también han llegado al proyecto de tarificación, otro de los emblemas de la SISS —patrocinado por ellos—, actualmente en la Cámara. La iniciativa busca la regulación de los servicios con participación equitativa, que la ciudadanía pueda ser parte de la determinación de los precios y el mejoramiento estatal de la comisión de expertos. En ello no han faltado los cuestionamientos provenientes de los mismos parlamentarios oficialistas que reconocen dificultades en como está planteado el proyecto. “Hay arbitrariedad en la SISS de sólo usar determinada plata para determinar la tarifa”, cuestionó en medio del debate la diputada PPD, Cristina Girardi. Añadió, aún más, que “tenemos una SISS que no está haciendo respetar la ley”.

Yasna Provoste (DC), una de las autoras de esta iniciativa, reconoció en sesión de principios de agosto que “se queda corto respecto de temas como la eliminación o trazabilidad de aportes reembolsables”.

En el intertanto, las empresas también apuntan sus críticas al organismo. El superintendente cuestionó ante los parlamentarios el comportamiento de las sanitarias al asegurar que si bien las multas a las empresas han aumentado desde 2010, estas no necesariamente han implicado un mejor comportamiento de las firmas. Y las reacciones no tardaron en llegar.

Cuando fue el turno de las empresas de exponer ante los diputados, el representante de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitario (Andess), Víctor Galilea, dijo que las multas “exceden los criterios de racionalidad” y que comprometen la seguridad jurídica de las partes. Esto, por cuanto las sanitarias acusan una distorsión de los pisos y topes que plantea el proyecto, en cuanto a montos y criterios para sancionar.

Hoy el proyecto sigue en discusión, mientras la tramitación por el Código de Aguas recién avanza hacia su segundo trámite legislativo y los cuestionamientos en torno a su carácter inconstitucional suman y siguen.

EN PIE DE GUERRA

Al llegar a la Superintendencia, Bruna se reunió con directivos y trabajadores para explicarles el sello que quería dar a la entidad. No era una cara desconocida para los funcionarios. El ex asesor del ministro de Transportes Andrés Gómez-Lobos y ex funcionario de la Fiscalía Nacional Económica, había trabajado en la SISS entre 1998 y 2005, como jefe del grupo de tarifas de la división de concesiones del organismo. Quienes compartieron labores con él en ese período lo recuerdan como una persona amable, pero reservada, que no tuvo mayores problemas con el equipo de trabajo. Sin embargo eso cambió. Los funcionarios hoy dicen que en su rol de máxima autoridad de la institución exhibe un nuevo perfil, que los mantiene bajo permanente tensión; incluso, aquellos empleados que no tienen obligación de ir a la sede de calle Moneda, evitan acudir a ella.

Empleados del organismo —que prefieren mantener reserva por temor a represalias— aseguran que los ánimos están mermados. Incluso hay algunos que ya están con ayuda médica por esta situación. “Se vio a una funcionaria llorar tras una reunión con el superintendente, lo que es inédito en la repartición”, destacan espectadores de la escena.

María Sol Panella, secretaria de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Anfussa), detalla que “efectivamente hay un clima de incertidumbre, los funcionarios están preocupados”, por las reestructuraciones de la autoridad y el futuro de los puestos de trabajo, ante la “falta de señales claras”.

Hoy, la SISS tiene 221 funcionarios. De ellos, 25 son de planta, 183 están a contrata y 13 son a honorarios. Dado lo amplio de los dos últimos grupos, la gran mayoría tiene conciencia de que su contrato puede no ser renovado, decisión que —según años anteriores— debiera ser informada a fines de noviembre. Varios incluso estarían viendo en Peralta una esperanza de recurrir a la justicia si es que se concreta su despido. Otros señalan que, dado el clima laboral, están buscando opciones.
Panella precisa que se han reunido en varias ocasiones con el superintendente, y que le ha hecho presente que están “preparados y muy alertas” ante lo que vaya a suceder. “Si se considera que las salidas son injustificadas, se tomarán acciones ante Contraloría, o de ser necesario, actuaremos por la vía judicial. Arbitrariedades no vamos a tolerar”, advierte la dirigenta.
Actualmente, de hecho, ya existen tres acciones de trabajadores interpuestas ante Contraloría. Todas de carácter reservado.

Hoy será un día particularmente complejo para el organismo. Mientras la Corte revisará en audiencia la causa de Peralta —cuyo fallo se espera para diciembre—, los funcionarios participarán de un paseo de oficina, al que ya califican de “despedida”.