Cuando en 2015 Ramiro Mendoza dejó el cargo de contralor general de la república, tenía sólo una aspiración: después de ocho años de estar resolviendo conflictos, su meta era retirarse de esa locura y refugiarse por al menos 12 meses en la tranquilidad de la academia, cobijándose en la Universidad Adolfo Ibáñez, de la cual es decano.

Ese anhelo quedó ya en el pasado y fue atomizado por una serie de decisiones. La primera —a los pocos meses de dedicar su tiempo por completo a a la Facultad de Derecho— fue de la mano de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), cuando accedió a revisar las platas del organismo. Y a un año de dejar las oficinas de Teatinos 56 comenzó a participar en una seguidilla de directorios de grandes empresas. Primero fue CMPC, luego Consorcio Financiero y la última en Clínica Las Condes. Todas muy dispares entre sí, pero con un factor común: habían hecho noticia por malas prácticas, por manejar asuntos por debajo de la mesa y/o conflictos financieros.

¿Qué buscan estas empresas al sentar a Mendoza en sus mesas? ¿Qué señal están dando? Probidad, seriedad, transparencia y experiencia es la respuesta de algunas personas, mientras que otras ven en Mendoza una red de contactos que el ex contralor mantiene y que es sinónimo de línea directa con los principales organismos públicos y privados del país.

Punta pie inicial

Era junio de 2015 y la ANFP recién comenzaba a vivir lo que sería uno de los mayores escándalos del fútbol chileno. Para acompañarlo en esta crisis, el organismo contactó al ex contralor Ramiro Mendoza y al ex ministro de Justicia y de Educación y ex embajador en Estados Unidos durante el gobierno de Piñera, el abogado Felipe Bulnes.

A Mendoza se le encargó la auditoría contable financiera de los dineros del organismo y los provenientes de la Copa América; el resultado del informe fue que no existió una adecuada gestión de los recursos, debido a la falta de controles internos financieros y contables. Esta fue la primera aparición tras su salida de la Contraloría General de la República (CGR) y la que de cierta manera marcó sus futuros empleos.

Las tres preguntas que Mendoza se hace antes de aceptar un trabajo son ¿por qué pasan estos problemas?, ¿a qué se deben?, ¿tienen solución? Si este último cuestionamiento tiene un análisis positivo, lo más probable es que la empresa en cuestión tenga entre sus filas al ex contralor.

Post ANFP y ya instalado en el barrio el Golf, donde opera con su estudio jurídico Momag, el teléfono comenzó a sonar. Según cuentan sus cercanos, rechazó más de alguna propuesta, pero no le pudo decir que no al ex presidente de empresas CMPC, Eliodoro Matte. Amigos desde hace mucho años, Matte le pidió personalmente a Mendoza que a partir de abril formara parte del directorio que el controlador de la papelera dejaría tras 12 años encabezando la instancia luego del escándalo de colusión del confort.

Las tres preguntas que Mendoza se hace antes de aceptar un trabajo son ¿por qué pasan estos problemas?, ¿a qué se deben?, ¿tienen solución? Si este último cuestionamiento tiene un análisis positivo, lo más probable es que la empresa en cuestión tenga entre sus filas al ex contralor. Fue así que en julio también se sumó al directorio de Consorcio Financiero, firma controlada por las familias Fernández León y Hurtado Vicuña, empresa que se vio salpicada por el uso de información privilegiada de su ex presidente Juan Bilbao.

A quienes acuden a las oficinas de Momag les llama la atención que todos los cuadros, pese a estar ahí desde principios del año pasado, permanecen en el suelo, excepto su título de abogado de la Universidad de Chile. Él, también miembro del consejo directivo del Centro de Estudios Públicos, diseñó cada rincón del tercer piso de Apoquindo 3910, tal como remodeló el edificio de la Contraloría durante su administración.

Momag le presta asesoría a organismos públicos, particularmente a aquellos que tienen uno que otro traspié en Contraloría y que dada la experiencia de Mendoza y sus socios, como es el caso de Pedro Aguerrea, que se desempeñó como subjefe de la División Jurídica del organismo durante 2009-2015, y de Blanca Oddo, que fue funcionaria entre los años 2007 y 2008, en la ex División Vivienda, Urbanismo, Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de Contraloría dan el apoyo necesario a quienes recurren al estudio para destrabar temas puntuales con el fiscalizador.

Cercanos a Ramiro Mendoza reconocen sus amplias redes y transversalidad. A modo de ejemplo, coincidió con el actual fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, en las oficinas de Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner Abogados Ltda. y también se encontraron en el ala pública ya como contralor y fiscal, respectivamente.

“Su aporte justamente es cómo relacionarse con el Estado. Para estas empresas que tienen relaciones con el Estado es tener un salvoconducto. Obviamente se utiliza como garantía para dar una señal al sector público en relación con empresas privadas y actos administrativos”, comenta una fuente cercana al contralor, que critica a la vez la celeridad con que Mendoza se ha instalado en la esfera empresarial. “De la manera que se ha hecho tan abrupta, tan intensa y masiva, obviamente que es una mala señal porque en el fondo más que contratado como abogado especialista en derecho administrativo, está en su calidad de ex contralor, lo que genera una señal al menos compleja”.

Respecto a estas críticas, Mendoza afirma: “En general, todos los trabajos que se hacen son de perfiles jurídicos y cosas acometidas del punto de vista del encargo profesional. No hay ningún trabajo que yo he hecho que haya significado hacer simplemente una reunión para cobrar algo. Eso no está dentro de mi forma de trabajo”.

Sello de transparencia

“Hay que hacer la pega y dar una buena señal al mercado”. “Es un mensaje de diligencia y seriedad con el tema”, comentaba una alta fuente de Clínica Las Condes a minutos de que se anunciara la llegada de Mendoza como director. Si bien para el directorio el sello de transparencia es destacable, desde el interior de la clínica reconocen que lo es aún más “su pasado de contralor”. El nombramiento ocurrió a menos de dos semanas de que la empresa informara a la Superintendencia de Valores y Seguros la existencia de una diferencia en la contabilidad por $12.408 millones, la que se arrastraba desde hace años, siendo informada de manera errónea desde 2008.

La jugada de la clínica por contar con Mendoza fue una idea que nació desde el interior del directorio y que contó con la venia de Azerta, la empresa de comunicaciones estratégicas que asesora actualmente al centro médico. Y es que la figura del ex contralor aparece naturalmente dentro de organismos públicos y empresas que están lidiando con crisis internas potentes, que ven en Mendoza no sólo a un abogado de trayectoria y experiencia, sino que también un sello hacia la opinión pública de contar con un hombre al que se le asocia con conceptos tan recurrentes hoy como son la transparencia y fin a las malas prácticas.

Una de las condiciones de Mendoza para integrar el directorio de la clínica fue pertenecer al comité de directores, lugar desde el cual se ha propuesto revisar las reglas y aplicación del canal de denuncia, los mecanismos de controles internos y las debilidades del gobierno corporativo. La semana pasada asistió a su primer directorio, y de acuerdo a sus cercanos, la idea que hasta ahora se ha formado Mendoza es que existen incumbentes complejos que requieren generar un paradigma de convivencia de largo plazo.

Socio de Azerta —según confiesa muy cercano a Mendoza—, Gonzalo Cordero comenta: “Creo que la frontera entre el lobby y el abogado asesor en materia administrativa puede llegar a ser muy sutil. Pero, hasta donde yo lo he visto, como abogado actúa en conflictos o situaciones complejas desde la defensa de derechos y no de intereses comerciales”. Cordero además precisa que “ha evolucionado al tipo de abogado consejero que presta una asesoría más amplia que lo puramente jurídico, pero yo no lo he visto haciendo gestiones ante la autoridad que es lo propio del lobby”.

Mendoza, que es parte del directorio de Chile Transparente, del comité directivo del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile y de la Fundación Lealtad, entre otros, coincide en que puede llegar a ser sutil la frontera de su rol actual y asegura que “muchas veces el desarrollo de una solución es bastante simple porque gran parte de los conflictos que tiene la administración se producen por contingencias de interpretación que a veces despejada se soluciona el conflicto y eso puede ser a través de un par de reuniones”. El ex contralor cuenta que una de las formas de manejar esta frontera “sutil” es materializar sus trabajos a través de informes de derecho, y sentencia que “hasta ahora no he cobrado factura sin trabajo físico”.

Terceros más críticos de su paso al mundo empresarial afirman: “Es un lobista encubierto. Las empresas tienen problemas con el regulador, han pasado por un escándalo y van a seguir teniéndolos. La red del contralor es muy amplia, tiene un teléfono ilimitado y una información enorme. Hubiese sido mejor que al cruzar la frontera hubiese transparentado que pasaba de la función pública al lobby”.

Puerta giratoria

En su última cuenta pública, a la que asistieron las principales autoridades de gobierno como la Presidenta Bachelet; el entonces presidente del Senado Patricio Walker y el ex presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz, entre otros, hizo un llamado a regular el uso de información privilegiada de quienes entren a la función pública, como también a regular las puertas giratorias con el objeto de impedir que reguladores accedan a servir al regulado.
A casi dos años de haber salido de la Contraloría, asegura mantener firmemente esta crítica y hace la salvedad que la puerta giratoria no calza con el perfil del contralor.

En general, todos los trabajos que se hacen son de perfiles jurídicos y cosas acometidas del punto de vista del encargo profesional. No hay ningún trabajo que yo he hecho que haya significado hacer simplemente una reunión para cobrar algo. Eso no está dentro de mi forma de trabajo”, asegura Mendoza.

“La Contraloría no es un órgano regulador, sino que es un fiscalizador del Estado. Todos los actos que conoce son públicos. No hay un cometido de fiscalizaciones especiales que pueda contener información valiosa en beneficio de un grupo. No hay una captura de información, distinto es el caso de entidades reguladoras que dicen relación con el núcleo duro de información de privados que produce una ventaja tremenda, cosa que el contralor ni la Contraloría hacen”.

Aún incluso desde la premisa de que la Contraloría no es un ente regulador, Mendoza sí considera que se debería aplicar un modelo de postempleo, como ocurre en países desarrollados. “Todos los que reciben asignación de fiscalización o regulatoria debiesen quedar con una regla de enfriamiento un año desde el cese de las funciones con una remuneración del orden del 80% y con un catálogo bien claro de las actividades profesionales que puede ejercer. No se puede condenar a una persona a que quede en el ostracismo laboral a consecuencia de haber ejercido un cargo público, tendrá que ser en lo que diga relación con esa injerencia del cargo público”, puntualiza.

Ahora, el desafío de Mendoza será capitalizar su paso por el sector privado, tal como lo hizo con su paso por el sector público. Sólo que esta vez no a la cabeza de una de las instituciones más respetadas del país, sino que desde los directorios de empresas fuertemente cuestionadas.