Pasillos atochados de gente. Cartas sobre las mesas. Ruletas que dan vuelta. A cada minuto, el inicio de un juego distinto acompañado de un “no va más”. Botones que se presionan cientos de veces en las máquinas de azar. Apuestas cada vez más elevadas. Jugadores cada vez más eufóricos. Ese es el ambiente que se vive un día cualquiera en un casino de juegos cualquiera. Ruidos, apuestas, incertidumbre; características no muy alejadas de lo que pasa hoy en la interna de la industria. Y ya no en las salas de juego, sino que en las oficinas de los propios dueños. Es que, a más de un año de promulgada la ley que apuntaba a poner punto final a las licencias municipales el próximo 31 de diciembre, hoy está todo teñido de incertezas.

Acusaciones entre operadores y críticas duras a la autoridad mantienen el juego en punto muerto. Todas las miradas están puestas hoy sobre la Corte Suprema. Es que en las manos de la Tercera Sala del máximo tribunal está la suerte que correrá finalmente la licitación de casinos municipales. Un fallo que se espera con ansias y que apuesta  a coronar una historia repleta de desaciertos.

Siete son los casinos municipales que actualmente existen en Chile: Arica (Latin Gaming), Iquique (Dreams) , Coquimbo (Enjoy), Viña del Mar (Enjoy), Pucón (Enjoy), Puerto Varas (Dreams) y Puerto Natales (Corporación Meier).

En agosto de 2015, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la nueva Ley de Casinos, la más importante del sector desde 2005, cuando se constituyó la llamada nueva industria de casinos de juego. Las expectativas eran altas. No sólo se mejoraría el sector, sino que se equipararían las condiciones tributarias bajo las cuales operaban las licencias municipales versus las licencias reguladas por la Superintendencia de Casinos. Las siete salas bajo el alero de alcaldías —que ya habían extendido su concesión por diez años, desde 2005 a 2015— ahora concluirían definitivamente el 31 de diciembre de 2017. Ese día toda la industria se igualaría casi por completo —los impuestos a pagar serían los mismos, aunque los operadores de salas municipales deberían sumar, además, un pago mínimo adicional a la alcaldía—, tras un proceso de licitación que permitiría abrir, por primera vez, la administración de concesiones de casinos emblemáticas como la de Viña del Mar, Iquique, Coquimbo, Pucón, Puerto Varas, además de la de Arica y Puerto Natales. La aspiración, sin embargo, quedó sólo en eso.

Hoy, a más de un año de que la presidenta prometiera remover el sector, el tema está prácticamente en punto muerto. Y todas las opiniones apuntan a que el retraso del proceso será por un mínimo de un año. En ese escenario, llegó el lunes la nueva autoridad: Vivien Villagrán, la tercera superintendenta que debe seguir el proceso; ahora ad portas de un fallo clave.

El Fallo decisivo

“Esta ley va a tener efectos realmente de norte a sur del país. Serán millones los habitantes que tendrán municipios con más recursos y con mejor infraestructura para satisfacer sus necesidades; miles de familias que tendrán acceso a mejor aseo, calles y veredas más seguras, mejores consultorios y mejores servicios municipales”. Estas eran las promesas de cambio que la mandataria plasmó en su discurso y que esperaba concretar con la puesta en marcha de la ley.

Sin embargo, el camino para cumplir estos anhelos ha tenido más de un traspié y se ha entrampado en diversos frentes judiciales, generando la dilación de un proceso que ya debiera estar en su etapa final. “Esta licitación de casinos municipales la venimos esperando hace  tres años. Los casinos tendrían que estar funcionando ahora”, explica el presidente de Casinos Marina Del Sol, Nicolás Imschenetzky.

Cuando los operadores de salas municipales no estaban en el radar de la Superintendencia de Casinos de Juego y la relación era bilateral con las autoridades comunales, la realidad era muy distinta a la de hoy. El emblemático casino de Viña del Mar, el más antiguo del país, se convirtió en insignia de las salas de juego, nadie competía con ellos. Pero la inminente maduración de la industria trajo con ella más casinos, más competencia y claro, ganas de  los nuevos operadores de ir a participar a esas canchas.

La oportunidad para entrar a Viña del Mar se abría con la licitación de las plazas municipales. No fue sorpresa que esta comuna fuera la más codiciada entre los operadores.  Todos querían estar ahí  y Enjoy, el dueño de casa, sabía que debía aferrarse.  La misma realidad se replicó con las otras plazas. Varios nuevos actores —aunque menos de lo esperado y todos nacionales— querían entrar, al tiempo que las municipalidades no querían perder los beneficios que tenían, entendiendo que había salas donde su aporte a la alcaldía significaba la mitad del presupuesto municipal.

Esta dinámica había que defenderla y tanto el municipio de la Quinta Región como el resto lo sabían. Por eso es que todos aquellos que quisieran competir debían cumplir las bases de la licitación, que incluían condiciones especiales interpuestas por cada municipio; imposiciones que hicieron que los operadores pusieran el grito en el cielo. Para muchos existía un abuso flagrante en las peticiones que estaban haciendo las alcaldías y no eran pocos los que aseguraban que con ellas el negocio no era viable. O sea, no sólo tendrían que pagar el 20% de sus ingresos en impuestos —tal como el resto del sector—, sino que a ello debían sumar una cantidad adicional de dinero para los municipios, la cual en algunos casos, dicen, era exagerada y sin fundamento.  Esta fue sólo una de las diferencias.

El statu quo de la industria

Al final, si bien no fue fácil tomar la decisión —precisan en el rubro—, distintos actores de la industria dieron un paso más y llegaron a la justicia. A menos de un mes de publicadas las bases —en junio de 2016—, Enjoy, Marina del Sol e Inversiones del Sur presentaron seis recursos de protección ante la Corte de Apelaciones en los que se acusaba que las condiciones eran “ilegales o al menos arbitrarias”, y que se vulneraba la garantía fundamental del derecho a desarrollar cualquier actividad económica.

Era lo que había que hacer, concuerdan en la industria. “Si nosotros no presentábamos esos recursos, los únicos que podían postular eran los actuales operadores, entonces nos estaban coartando la capacidad, la posibilidad de postular seriamente”, indica Imschenetzky.

Estas condiciones además despertaron una  incómoda sensación entre los operadores de que las bases buscaban favorecer al operador que actualmente está instalado en la comuna, tendiendo al nulo movimiento de las fichas.

Las condiciones que establecían las bases de la licitación de los casinos municipales despertaron una incómoda sensación de que los criterios buscaban favorecer a los operadores que actualmente están instalados en algunas de las siete comunas, tendiendo al nulo movimiento de las fichas.

Los reclamos en las acciones judiciales fueron variados, los principales se tradujeron en la obligatoriedad  de fijar inmuebles específicos en los casos de Arica, Iquique y Viña del Mar: el municipio definió el lugar —por ejemplo el actual casino en el caso de Viña— y de ahí no existía movilidad, situación que impedía postular con una infraestructura que tenga incluso mejores condiciones. La otra alerta se levantó respecto al inicio de la operación de casinos en Arica y Viña del Mar, que estableció que el plazo máximo para empezar a operar era el 1 de enero de 2018, cuando la norma indica que el operador tiene un plazo de al menos 2 años para esto. También, se protestó por la obligación de que un 80% de los trabajadores empleados por el actual concesionario continúen prestando servicio en condiciones similares de remuneración y funciones. Y, por último, en el caso puntual de Coquimbo,  las críticas fueron a la condición relacionada con que el operador, una vez que termine su permiso, deba otorgar una opción irrevocable de venta del inmueble a favor del municipio.

En noviembre de 2016, la Corte de Apelaciones dio un respiro a los operadores, luego de que acogiera parte de los recursos indicando, entre otras cosas, que “claramente la autoridad no puede obligar a alguien a celebrar un contrato de compraventa con nadie, (...) más no puede decidir que una persona venda un determinado bien a la municipalidad. Parece evidente que la administración ha exorbitado sus funciones”. Además, el tribunal acogió el resto de los puntos mencionados.

La Superintendencia no se quedó tranquila. A través del Consejo de Defensa del Estado decidió recurrir a la Corte Suprema. A mediados de diciembre, la Tercera Sala del máximo tribunal tomó la problemática. La causa, que actualmente está en estudio por parte del magistrado Sergio Muñoz, tiene sometida a toda la industria en una expectación profunda e inquietante.

Es que todos los eventuales escenarios que se desprenden del escrito ponen a los operadores en jaque y exponen a la autoridad a un escrutinio que hasta ahora había sido ajeno.

El ex superintendente de Casinos entre 2005 y 2012, Francisco Leiva, asegura que “este fallo es clave, porque va a definir cuál es y cuántas son las condiciones, cuáles y cuántas son las ilegalidades que tienen las bases de licitación de los llamados casinos municipales”.

Si la Corte Suprema ratifica que existen ilegalidades en las bases, la Superintendencia deberá aplicar las modificaciones necesarias al tenor de lo resuelto en el fallo. Esto implica retroceder el proceso a cuando se presentaron las bases y —de acuerdo a los plazos que establece la norma vigente— recién a contar de mayo de 2018 se podría asignar el permiso al postulante que presente la mejor oferta económica.

Si bien existe la alternativa de que la Suprema no comparta lo esgrimido por la Corte de Apelaciones y determine que no hay ilegalidades, por lo cual se puede seguir adelante con el proceso, esta opción no está entre los planes de la industria. “Nosotros estamos esperanzados en que el fallo reafirme gran parte de los argumentos que dio la Corte de Apelaciones y los fundamentos que dio para obligar a paralizar y modificar el proceso de licitación”, explica Imschenetzky.

Mientras que Claudio Tessada, CFO de SunDreams, afirma que “toda corrección al proceso es importante que se realice y si la Corte aporta a esto excelente. Este es un proceso que debe ser serio y los errores en las normas (ley y circulares) afectan directamente las inversiones”.

Desde la Superintendencia prefieren no pronunciarse, y le bajan el perfil a la gravedad de asunto. “No corresponde adelantar juicios al respecto. Lo importante es que el organismo está preparado para retomar en cualquier momento el proceso de otorgamiento de permisos en las condiciones en que defina el máximo tribunal”.

Leiva comenta, no obstante, que “a esta altura será imposible que a fines de este año el proceso haya finalizado, en el sentido de que se hayan adjudicado los nuevos operadores y que estén en condiciones de operar”.

La circular que dividió a la industria

Todos los actores tenían en frente la orden de no innovar que paró el proceso licitatorio. Todos también decidieron poner freno y esperar el fallo de la Corte Suprema. Por eso es que llamó la atención, a la gran mayoría de los involucrados cuando el ex superintendente de Casinos, Daniel García —en su último día— emitió una circular, donde plasmaba claramente lo que, a su juicio, ya era evidente en la ley: los permisos de las salas municipales se extenderían hasta que entren en operaciones los nuevos recintos que sean autorizados al amparo del referido cuerpo legal. La fecha del 31 de diciembre quedaba en nada. Las licencias municipales se extendían nuevamente, sin fecha de término y al alero de una autoridad criticada. Esto quiere decir que si la licitación se dilata por dos años más, las salas en las siete comunas seguirán siendo operadas por el actual concesionario. Para varios esto profundizaba las ilegalidades, priorizando a algunos operadores en desmedro de otros.

“No entiendo por qué la Superintendencia sacó esto antes de que salga el fallo de la Corte Suprema. Para qué sacar una circular ahora que prorroga  a los casinos que se suponía que vencían en diciembre; aún quedan diez meses”, señala Imschenetzky.

Marina del Sol, incluso, fue más allá. Es que ahora la licitación de casinos municipales no sólo dividió al sector con la autoridad, sino que puso en conflicto a los mismos operadores. El martes Marina del Sol cuestionó directamente los efectos que generó la circular en el mercado, acusando que el mismo día que se dio a conocer la normativa, la acción de Enjoy se elevó 6%. “No existe información de mercado, conocida al menos, que explique tal elevación súbita en ese día, y menos que a la fecha el incremento alcance un 21,5%, un fenómeno que tampoco se explica por alguna gestión o resultado de la administración empresarial de esos negocios”, sentenció el directorio de Marina del Sol, llamando a la Superintendencia de Valores  a investigar.

Consultado Enjoy, su gerente general, Gerardo Cood, acotó: “Enjoy está preparado para seguir operando bajo cualquier escenario y, respecto al proceso, esperamos que la Corte Suprema ratifique lo fallado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que creemos se ajusta a derecho”.

En medio de eso, las voces apuntan a que el fallo de la Suprema salga en los próximos días y clarifique, de una vez por todas, una licitación que dista bastante de los procesos exitosos que ha tenido Chile en el último tiempo.