Cuando en marzo de este año la presidenta Michelle Bachelet se comprometió a crear una red de parques nacionales de la Patagonia de 4,5 millones de hectáreas, surgieron voces que alertaban que este proyecto podría frenar el desarrollo productivo y la conectividad de la zona. Sin embargo, la ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, asegura que durante estos meses de trabajo los temas complejos ya fueron superados. El estado actual de la red es la siguiente: los decretos que establecen la reclasificación de la reserva nacional Cerro Castillo y la ampliación del parque nacional isla Magdalena fueron ingresados en septiembre a Contraloría para toma de razón; la creación del parque nacional Melimoyu y la ampliación del parque nacional Corcovado están a la espera de que Contraloría tome razón de la donación para luego elaborar el decreto; la ampliación del parque nacional Hornopirén está en elaboración del decreto de donación; la creación del parque nacional  Pumalín y Patagonia están en elaboración de los planos, y la ampliación y reclasificación de la reserva Alacalufes ya concluyó su proceso de consulta indígena.

—¿Cuál es el plazo para cumplir con el mandato de la presidenta?

—Estimamos que en enero debiéramos concluir con los ocho parques que contempla la red de parques de la Patagonia. Aquellos temas más complejos se despejaron con facilidad: la consulta a las comunidades kawéskar; el trabajo con la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado; el trabajo técnico con el Ministerio de Obras Públicas y con vialidad. Tenemos la certeza de que no hay ninguna localidad incluida en un parque, que todos los caminos quedaron excluidos y que la conectividad está asegurada en esta red.

—¿Cuáles eran las dificultades con la Subsecretaría de Pesca?

—Había algunas preocupaciones con la reserva de Alacalufes.

—Que no se declaren parte del parque nacional las aguas adyacentes...

—Prefiero mantener la conversación hasta ahí. Tenemos pleno acuerdo con el Subsecretario de Pesca de lo que debemos hacer.

—¿Cómo se lidia con el dictamen de Contraloría que dice que las aguas adyacentes son parte de la protección de parque nacional?

—Si la Contraloría ha dicho que los parques terrestres tienen también la protección de las aguas adyacentes, eso es y no otra cosa.

—Siguiendo esa línea, el hecho de que sea parque nacional ¿implica que no se puede hacer nada en esas aguas?

—La ley chilena y la internacional establecen distintas categorías de protección a las aguas marinas, y una de ellas es el área marina protegida para múltiples usos. Las comunidades kawéskar plantean que, además de crear el parque nacional kawéskar, el Estado chileno declare el mar como área marina protegida para múltiples usos.

—¿No son excluyentes?

—No.

—¿Qué pasa en el caso de Alacalufes, donde hay concesiones de salmones?

—Las concesiones son derechos reales, por tanto se mantienen.

—Pueden seguir con su actividad. Ninguna empresa instalada en Magallanes ha hecho preguntas, ni expresado preocupación alguna. En Magallanes nadie ve esto como un problema; todo el mundo lo ve como una oportunidad.

—Me comentaba que Conaf tiene un presupuesto de cerca de $8.000 millones que se pueden destinar al cuidado de los parques, pareciera que es una cifra muy acotada si consideramos que la Fundación Tompkins desembolsa al año $600 millones para el mantenimiento de sus parques.

—Se van a tener que construir planes de manejo de los parques. No todo es plata, o la plata inicial que uno tenga. Uno puede buscar más recursos, establecer asociaciones, optimizar los recursos. Se nos viene un gran desafío para implementar planes de gestión que estén a la altura de un país que tiene tremendas oportunidades de desarrollar un turismo sustentable. Va a ser muy importante la asesoría de la fundación Tompkins. Ellos felizmente no están entregando 407.000 hectáreas, ellos quieren aportar a un proyecto de red de parques de la Patagonia.