Fue un lunes 7 de abril de 2014 cuando se dieron cuenta de la crisis en la que estaban inmersos. Ese día por la mañana altos representantes de los gremios de Chile acudieron a una cita en las oficinas de la Sofofa. En pocas horas debían ponerse de acuerdo y definir una estrategia para plantear en el Congreso sus preocupaciones acerca de la reforma tributaria que estaba empujando el gobierno de Michelle Bachelet.

Los empresarios reconocieron que durante el gobierno de Bachelet habían cedido espacio y que, de cara al nuevo gobierno, tenían que volver a entrar a la cancha del debate público.

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados había accedido a recibir a los gremios en medio de la discusión del proyecto que lideraba el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas. La lista de invitados de esa jornada era larga: 17 asociaciones, representantes de todos los sectores productivos, pero el tiempo, acotado. El resultado fue que cada uno contaba con 15 minutos para exponer. Y eso no cayó bien en la Sofofa, pues estaban acostumbrados a un trato distinto. Atrás quedaron esos años en que podían conversar de igual a igual con el gobierno, como ocurrió en la época de Lagos. Ahora las cosas habían cambiado y tuvieron que aceptar esos pocos minutos, lo que obligó a las seis ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) a definir como única voz para exponer sus dudas a quien por esa fecha lideraba la CPC, Andrés Santa Cruz.

En su exposición, Santa Cruz habló de las complejidades del proyecto, de los impactos en los ahorros corporativos y de los efectos nocivos que tendría para la economía. Intentó con cifras pedir tiempo y con escenarios de menor inversión empresarial, llamar al diálogo. El empresariado planteó por varios canales que la eliminación del FUT era un error, pero el camino que siguió la reforma tributaria les dejó la incómoda sensación de que eran un actor invisible en el debate público.

De ese hecho han pasado casi cuatro años, que han estado muy lejos de ser tranquilos. Porque fue en este tiempo, justamente, cuando se destaparon algunos casos de colusión —como ocurrió en octubre de 2015 con la acusación de la FNE contra CMPC y SCA por haber creado un cartel que fijaba precios de venta en el mercado del confort— y explotó el tema del financiamiento irregular de la política en los grupos Penta y SQM, que se sumaron a los anteriores casos de La Polar y la colusión de las farmacias. Las malas prácticas obligaron al empresariado a sumergirse, ya no eran una voz válida y habían perdido la confianza de la sociedad.

Los empresarios decidieron que, en el último año de gobierno de Bachelet, debían recuperar el espacio que habían cedido y que, de cara a un nuevo gobierno, podían dar señales de renovación y plantearse con otra actitud. Esta es la tarea que hoy Sofofa se ha propuesto como parte del legado de la nueva directiva que asumió hace ya ocho meses: Ser un actor relevante en los espacios públicos.

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Son 170 empresas asociadas en Sofofa. Si a eso se le suman los proveedores y compañías que se vinculan con los asociados, se llega a una cifra de 4.000 empresas. Además, Sofofa agrupa a 44 asociaciones sectoriales y a 22 gremios regionales. Dicho en otras palabras, representa el 30% del PIB nacional.

Estar en un gremio ha sido el mecanismo habitual que han ocupado las compañías para que sus demandas y opiniones sean escuchadas. A ratos esta fórmula ha funcionado, pero el punto de quiebre que vivieron con la discusión de la reforma tributaria, posteriormente la laboral y el proyecto Sernac —en los que no fueron escuchadas sus demandas— los ha obligado a replantearse como interlocutores ante el sector público.

En 2002, el empresario Juan Claro impulsó la Agenda Procrecimiento junto a Nicolás Eyzaguirre (Hacienda), y con la venia de Ricardo Lagos.

No ha sido una tarea fácil y que convoque a todos al mismo tiempo, más aún cuando las empresas de antaño fueron testigos de otra relación con La Moneda, marcada por puentes muy fortalecidos, en el gobierno de Ricardo Lagos.

Un poco de memoria: en el verano de 2002, los secretarios de Estado Nicolás Eyzaguirre (Hacienda), Mario Fernández (secretario general de la Presidencia) y Jorge Rodríguez (Economía), daban a conocer la Agenda Procrecimiento que habían trabajado por varios meses codo a codo junto a Sofofa. El empresario y presidente de la entidad en ese entonces, Juan Claro, fue quien lideró las conversaciones para empujar proyectos que pusieran como primera necesidad la reactivación económica del país. Los lazos que generó Claro con Eyzaguirre dieron paso al periodo más afiatado entre la política y el empresariado del que se tenga memoria en las últimas décadas. Existió una carta Gantt común y el sector privado articuló una reforma a la libre competencia que, entre otras cosas, creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Eran otros tiempos y la sociedad no veía con recelo lo que pasaba entre cuatro paredes cuando se juntaban los intereses privados con los públicos. En estos 16 años el empresariado se ha ido alejando de la esfera pública, pero es una tendencia que hoy está dando señales de revertirse. No son pocos los que ya han tomado la decisión de volver a tener voz y voto en el debate y no fue coincidencia que quienes representaban el recambio empresarial fueran elegidos como timoneles de la Sofofa, en el caso de Bernardo Larraín, y de la CPC, con la elección de Alfredo Moreno, quien renunció al cargo hace pocas semanas, ya que asumirá el 11 de marzo como ministro de Desarrollo Social.

La llegada de Larraín a Sofofa no fue fácil, la colusión de la que participó CMPC generó rechazo en algunos sectores. Otros cuestionaron su juventud y falta de experiencia política. Pese a estas opiniones fue elegido como presidente hasta el 2019 y desde esta tribuna busca volver a construir puentes con La Moneda.

En la dirección ejecutiva de Sofofa plantean que la elección efectivamente polarizó el ánimo interno, pero que han intentando convocar a todos en una sola bandera: la modernización del Estado.

La idea es partir por casa y gestionar al gremio como una empresa. Este desafío recae sobre todo en el equipo ejecutivo, integrado por seis personas, de entre 33 y 52 años, que ha delineado estos últimos meses cómo Sofofa puede llegar a incidir en la arena pública. Todas las semanas se juntan en una sala de reuniones a pensar el futuro del gremio. Ahí están Bernardo Larraín, Aurora Olave, directora ejecutiva; Rafael Palacios, director de Políticas Públicas; Manuel José Prieto, director internacional; Gonzalo Brahm, director de Socios y Desarrollo Regional; Gonzalo Russi, director de Administración y Finanzas; Carolina Reyes, directora de Comunicaciones y el secretario general, Jorge Ortúzar, que es el puente entre los consejeros y el equipo ejecutivo, para impulsar internamente la estrategia de modernización.

En esa sala planifican los pasos que deben dar para estar activos en la discusión de las reformas que se tomarán la agenda a partir de este mes y las propuestas que impulsarán con el gobierno entrante.

 

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—¿Qué buscan al plantear la necesidad de modernización del Estado? ¿Qué rol quieren jugar ahí?

—Bernardo Larraín (B.L.): Validar a la empresa como un actor legítimo en el debate público y para eso tenemos que promover una evolución empresarial, que tiene una parte de incentivar las buenas prácticas y otra de buscar soluciones privadas para desafíos públicos. Estamos comprometidos con la agenda de modernización del Estado, que puede quedar como un bonito título pero vacía de contenidos, y nuestro rol es llenarla de contenido. El riesgo que existe es que el gobierno que asume, y el mundo político en general, se limite a gestionar mejor el Estado.

La Sofofa trabaja en propuestas para impulsar en sus empresas una mayor integración de mujeres, inmigrantes y personas con capacidades distintas.

—¿Cómo se legitiman como gremio de cara a la opinión pública, a las ONG, al Estado y a las juntas de vecinos? ¿Creen que hoy día la Sofofa está en un mejor pie para articular las reformas?

—B.L.: Hay cierta sinergia. El mundo empresarial vive de una economía dinámica donde se crece y se invierte, y por supuesto que en los últimos cuatro años hemos estado lejos de esta descripción. Al mundo empresarial le interesa que se retome el dinamismo y la inversión y este interés está alineado a un interés general. Hoy nadie duda que la reactivación de la inversión finalmente es el paso esencial para el crecimiento y este redunda en mejores empleos, con más formalidad y beneficios.

—Hoy, en algunos casos, las ONG están siendo más escuchadas.

—B.L.: Porque decidieron activarse con más anticipación que el gremio empresarial.

—¿Y ese es un error del gremio?

—B.L.: Los tiempos cambian y las instituciones que aspiran a incidir en el debate público tienen que cambiar su estrategia para hacerlo. La validación te la da la transparencia y la disposición de competir en esa cancha.

—¿La Sofofa se fue quedando atrás o existió la definición de mantenerse en un segundo plano?

—B.L.: ¿Hay alguna institución que pueda decir que no se quedó atrás de los cambios en los últimos 15 años? Ninguna, no es una cosa exclusiva de la Sofofa. Cambia la sociedad y siempre hay una etapa de perplejidad. Lo que sí tiene el mundo empresarial es una capacidad de adaptarse.

—Dentro de la agenda que ha diseñado la actual administración hablan del actuar íntegro de las empresas. ¿Crees que hace tres años, con los escándalos empresariales, las platas políticas, los casos de colusión, era más complejo tratar de salir como empresa a articular algo?

—B.L.: Escándalos empresariales como los que mencionas por supuesto que inciden en la menor confianza que existe hacia el mundo empresarial, y lo relevante es cómo responder a cualquier crisis. Hay que actuar con transparencia, reconocimiento, y eso incide aún más en el deseo que tenemos de recuperar las confianzas. El desafío es minimizar su ocurrencia y un eje que planteamos es promover entre las empresas buenas prácticas, y actuar como Sofofa de forma preventiva.

—Gonzalo Russi: Estamos haciendo una guía y herramienta de automedición, donde las empresas asociadas pueden medirse y tener un puntaje, y pueden ir viendo la evaluación de sus prácticas.

—Aurora Olave: Trabajamos en un barómetro de confianza empresarial que ayude a entender la confianza entre la empresa y la sociedad. Estamos aplicando una metodología antropológica y vamos a incorporar big data e instrumentos cuantitativos, la idea es hacer zoom en estas materias y entender cómo opera la confianza de las personas hacia las empresas.

—¿Cómo han tomado los asociados estos cambios? Uno piensa que la Sofofa puede ser más rígida.

—B.L.: Hay buen ambiente en el consejo. Es una evolución natural de lo que debe ser un gremio. El giro de una institución gremial es estar activamente en el debate público.

 

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El próximo viernes 9 de marzo, a dos días de que Sebastián Piñera asuma como presidente de Chile, cuatro de sus secretarios de Estado —Gonzalo Blumel por Segpres, Marcela Cubillos por Medio Ambiente, Gerardo Varela por Educación y José Ramón Valente por Economía— se reunirán en el edificio de Sofofa para participar de un seminario organizado por el gremio. Esta es quizás la acción más palpable de que los empresarios quieren un nuevo trato y que con el cambio de mando aspirará a estar más cerca de La Moneda.

Algunas de las demandas en las que Sofofa busca tener mayor voz es en la integración de las mujeres, inmigrantes y personas con capacidades diferentes en el trabajo. La idea es alinear en estos grandes temas los intereses públicos y privados, y buscar sinergias entre ambos sectores. En materias más técnicas, el gremio ha estado trabajando en propuestas de reforma al sistema de evaluación ambiental que, luego del rechazo del proyecto Dominga, se ha tomado la discusión empresarial.

—¿Cuál es el diagnóstico de la institucionalidad ambiental y la propuesta de hacia dónde deberíamos converger?

—B.L.: El diagnóstico es que no está siendo capaz de equilibrar adecuadamente las demandas de mayor participación, de mejores estándares ambientales, con la necesidad de otorgar cierta predictibilidad y mayor certeza de plazos para los inversionistas. No hay proyecto que resista una tramitación de siete años, menos aún una tramitación incierta.

—Rafael Palacios (R.P.): El sistema se ha politizado. La propuesta de reforma que estamos impulsando es estructural y requiere ingresar al Congreso. La idea es que toda la instancia de carácter más político, que se traduce en la intervención del comité de ministros, se adelante. Y luego se pase a una evaluación y discusión técnica, que la lleve el SEA, donde defina las medidas de compensación y reparación que tiene que hacer el titular en función del impacto ambiental. No es una revolución copernicana, pero sí involucra generar una primera instancia de carácter más social, político y territorial.

—B.L.: Que no se esté revisando hasta el último día la discusión conceptual.

—¿Esta idea contó con apoyo en la reunión que sostuvieron a fines del año pasado con el futuro ministro Blumel?

—R.P.: Hemos socializado la propuesta con distintos actores y hay conciencia de la necesidad de hacerlo. En el cómo hay divergencia.

—Cuando dices que se ha politizado el SEA ¿tendrá que ver esto con lo que en algún momento dijo la presidenta Bachelet de que el crecimiento no había ido de la mano con la gente?

—R.P.: No creo, porque eso tiene que ver con las instancias de participación. Lo que falta es la debida ponderación de lo técnico, eso se ha quedado atrás, los intendentes ejercen un peso que va más allá y soslayan los análisis que se hicieron antes. Que fue el caso Dominga, y que se ha repetido.

—¿También van a entrar en el debate de la aplicación del Convenio 169?

—B.L.: Es un tema relevante, en el que es importante equilibrar la participación, con la predictibilidad de los criterios de aprobación de proyectos de inversión. Que se puedan anticipar los criterios para definir el área de incidencia de un proyecto.

—En las reuniones que han gestionado con el presidente del Banco Central, el presidente de la Corte Suprema y ya en marzo con el contralor, ¿han encontrado espacios para entrar en el debate?

—B.L.: El concepto es que los desafíos sociales son mejor enfrentados por la diversidad de actores que tienen capacidad para enfrentarlos. En circunstancias que el MDS va a ser liderado por Alfredo Moreno, que viene del mundo empresarial, la señal que se está dando es que la trayectoria empresarial puede ponerse al servicio de enfrentar desafíos sociales.

—¿Cómo están integrando en la nueva tarea a los gremios regionales?

—Gonzalo Brahm: Vamos a implementar una plataforma en marzo o abril a la que puedan acceder todos los gremios para que el diálogo sea constante, así no esperaremos una instancia una vez al año para tomar las opiniones de los gremios.

—Dentro de la estrategia hablan también de ser una plataforma internacional, ¿en qué consiste?

—Manuel José Prieto: Las empresas chilenas se han internacionalizado y hoy tienen 120 mil millones de dólares invertidos afuera. Las temáticas que abordamos son válidas y aplicables a las inversiones que las empresas hacen en América Latina, Europa y Norteamérica. Los flujos de comercio se han liberado y ahora se debe avanzar en eliminar las barreras a la inversión a fin de asegurar procesos expeditos y con mayores niveles de certeza jurídica.

El grupo que hoy lidera la Sofofa está expectante de las reformas y movimientos que hará el nuevo gobierno para cumplir con las promesas de reactivación económica. Hay confianza en que los puentes se fortalecerán y que quienes estén sentados en La Moneda a partir del 11 de marzo los escucharán.

Lo que es incierto es cómo reaccionará la ciudadanía ante este actor que quiere tener un rol activo en el debate y cómo, en temas tan delicados como la protección del medioambiente, lograrán llegar a un punto común entre quienes buscan menos privatización e intervención con quienes creen que el desarrollo y la inyección de capital es la vía para conservar los ecosistemas. La historia da cuenta de que hay gobiernos que promueven una mayor alineación de intereses públicos y privados, y otros que lo miran con distancia. Por lo pronto sólo está claro que esta apuesta por un nuevo trato recién comienza.