"¡Patria o muerte, venceremos!", señalaba la carta que hace un mes recibió el abogado Andrés Jana. Su emisor, Danny López -director general de Defensa Jurisdiccional y Arbitral del gobierno boliviano-, le advertía en la misiva que su país no aceptará ninguna resolución que el Ciadi determine en el caso que afecta a la compañía chilena Quirobax.

Se trata de una empresa ligada a la familia Fosk -de Arica-, que explotaba desde 2001 minerales no metálicos en el Salar de Uyuni. La firma es la tercera productora mundial de ulexita y, a los tres años de operación, las autoridades bolivianas revocaron sus permisos para operar ahí y, más aún, la expropiaron.

Según los chilenos, éste fue un acto arbitrario, sorpresivo e injustificado. Al principio, ambas partes intentaron conciliar sus posiciones, pues según un cercano al litigio, en 1994 Chile y Bolivia firmaron el APPI, Acuerdo de Promoción y Protección Inversiones. Pero las conversaciones no prosperaron. Por ello la firma nacional, asesorada por Andrés Jana y su equipo, acudió al Ciadi.

Sin embargo, este año, las autoridades bolivianas manifestaron abiertamente que no acatarán la resolución de ese tribunal ni el resultado del juicio. "Bolivia no acatará ni entrará al proceso porque el tribunal está sesgado a favor de las multinacionales", señaló López a los medios bolivianos el 15 de julio. Por ese motivo, Quirobax considera solicitar la intervención de la Cancillería chilena, con el fin de que se le exija a Bolivia cumplir los tratados suscritos con Chile.