Fue una cita reservada por medidas de seguridad. En un hotel del sector oriente de Santiago se reunió, entre el martes y jueves pasado, un grupo de abogados, policías de unidades especiales y fiscales de todo el país para escuchar a Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, quien ha tenido a su cargo durante diez años los procesos contra la ETA. Entre los 100 asistentes, había representantes de la ANI, el Ministerio del Interior, además del fiscal Francisco Ljubetic, a cargo de los juicios contra los presos mapuches en La Araucanía. Se trataba de un seminario internacional sobre terrorismo y crimen organizado convocado por el Ministerio Público (en la foto).

La jornada fue promovida por la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional y la Embajada de España. El fiscal nacional, Sabas Chahuán, abrió el encuentro. Tras él, expusieron Zaragoza y Joaquín Giménez, magistrado de la Sala Penal del Tribunal  Supremo de España.

En sus intervenciones, los expertos hispanos analizaron los principales hechos terroristas ocurridos en España. Uno de los puntos expuestos por Zaragoza -autor, además, del Manual de Casos Prácticos sobre Terrorismo- fue respecto a cómo se enfrentó la investigación sobre el ataque terrorista de Atocha, el 11 de marzo de 2004, también conocido como 11-M, que costó la vida a casi 200 personas. De hecho, el jueves lo dedicó a detallar la investigación del simbólico caso.

A los chilenos, el español explicó que, a pesar de que en su país la legislación antiterrorista no cambió, el trabajo de todo el sistema de justicia tuvo un vuelco importante en la forma de enfrentar hechos de terrorismo a partir del 11-M. Y señaló que si en un país existe ley antiterrorista, "hay que atreverse a aplicarla y nunca dudar qué hacer". Y agregó: "no hay que esperar que las acciones terroristas ocurran, sino intervenir antes, investigando y sancionando las colaboraciones financieras o materiales de los grupos terroristas".

Zaragoza también recomendó a los fiscales llevar a cabo una política penitenciaria que evite que se creen redes de apoyo a los acusados por actos terroristas al interior de las cárceles. Ejemplificó que, en el caso de España, los detenidos de ETA no permanecían presos en el País Vasco, sino en recintos de las Islas Canarias y otros penales.

En España, además de investigar a ETA, como fue el caso del asesinato del presidente del Tribunal Constitucional español, Francisco Tomás y Valiente, Zaragoza ha intervenido en varios juicios sobre crimen organizado. Entre ellos, operaciones internacionales de procesos de narcotráfico y también en procedimientos penales coordinados por la Audiencia Nacional, por ejemplo, los presuntos delitos de  piratería en las costas de Somalia.