A fines del año pasado, y en el más estricto silencio, el ex ministro de Energía Marcelo Tokman licitó entre varios estudios jurídicos la elaboración de un informe sobre el marco legal que necesitaría el país ante la eventual incorporación de la energía nuclear a la matriz energética. La oficina elegida fue Barros y Errázuriz Abogados, bufete que recibió $ 90 millones para realizar la tarea. La idea era completar antes de cuatro meses el documento, por lo que en B&E decidieron asociarse a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Más de 30 abogados, liderados por Gonzalo Cubillos, trabajaron en el estudio, de cerca de 700 páginas, que recibió hace algunos meses el ministro Ricardo Raineri. Para cumplir con los plazos, el equipo trabajó largas jornadas, que a veces se extendían hasta la madrugada. ¿El resultado? Un estudio que pone en evidencia las deficiencias en términos institucionales y legales en el país con respecto al desarrollo de la energía nuclear.