El viernes pasado, cuando la fiscal Ximena Chong solicitó la formalización de siete ejecutivos ligados al caso Falabella-D&S por el uso de información privilegiada en la compra de acciones, se cerró una etapa que acumuló 28 meses de investigación, y que podría terminar con penas de cárcel de hasta cinco años.

En los casi tres años que duraron las indagaciones, la fiscal, egresada de la Universidad de Chile, se reunió con cada uno de los ocho imputados inicialmente -Peter Studer, Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal, Eugenio Eben, Marcel Zarour, María Luisa Solari, Ana María Laguna y Hans Eben- y sus abogados. Y con la mayoría de ellos se juntó en más de una oportunidad.

Pero las entrevistas con quienes resultaron ser formalizados (a excepción del ex vicepresidente de D&S, Hans Eben, sobre quien se sigue investigando su falta al deber de reserva) no fueron las únicas fuentes de información que usó Chong para aclarar la trama sobre la compra de acciones de D&S, días antes que se diera a conocer la fusión (finalmente fallida) con Falabella. Así lo revelan las 15 carpetas que se acumularon en su oficina en el Centro de Justicia. En ellas están los detalles de los interrogatorios a los imputados y el tráfico de llamadas que les pidió a tres compañías de móviles para identificar los números discados por los imputados desde inicios de mayo de 2007 hasta el día 17 de ese mes.

La fiscal solicitó además la revisión de discos duros y de correos electrónicos, órdenes de compra de acciones y el aporte de antecedentes desde diversos organismos, como la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Este último organismo será clave cuandoinicie el juicio, el 7 de febrero: Chong no dudará en pedirle más antecedentes, ya que fue  la SVS  la que partió las acusaciones contra los ocho mencionados.

Además, con miras a febrero, los detalles de las llamadas serán una prueba de primer orden. De hecho, la información emanada de éstas habría descartado la participación de Hans Eben en el primer grupo de formalizados. ¿La razón? No se encontraron nexos entre él y los ejecutivos de Arrocera Tucapel (controlada en ese entonces por la familia Aresti), quienes sí habrían comprado acciones de la hoy filial de Walmart.

Y aunque todavía no se ha cerrado el expediente "Eben Oyanedel", su defensa, a cargo del jurista Juan Domingo Acosta, asegura que no habrá una formalización, debido a que el ex vicepresidente de D&S "nunca ha revelado información privilegiada, ni en ese caso ni en otro".