A casi un año de la catástrofe producida por el terremoto del pasado 27 de febrero, las comunidades de los edificios más dañados, en Santiago y Concepción, siguen sin solución a sus problemas. Salvo en el Emerald de Ñuñoa -donde las últimas familias en conflicto con la inmobiliaria Paz Corp llegaron a acuerdo en diciembre-, las negociaciones entre los habitantes de los emblemáticos edificios Don Tristán y Don Luis de Maipú, y Plaza del Río y Alto Río de Concepción, no han llegado a puerto.

En Plaza del Río, 90 vecinos firmaron la demanda en contra de la constructora Socoarte e inmobiliaria Grupo Futuro, que solicita la devolución de lo invertido y una indemnización por daños físicos y morales. En Alto Río -edificio que sigue tumbado en Concepción y donde murieron 8 personas-, unos pocos propietarios llegaron a acuerdo extrajudicial con la inmobiliaria Río Huequén y la constructora Socovil. En cambio, 30 familias  optaron por demandar por fraude y homicidio. La historia es similar con las comunidades de Don Tristán y Don Luis -ambos de la constructora Mujica y González y la inmobiliaria Francisco de Aguirre-. El abogado Alfredo Morgado patrocina la causa, y actualmente Álvaro Mujica, representante legal de la empresa, está con arraigo y firma quincenal, tras ser formalizado por el delito de estafa. La mayoría de los propietarios de estos cuatro edificios están en la actualidad arrendando  inmuebles o viviendo de allegados. El financiamiento corre por cuenta propia.

El pasado martes 8, la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, recibió por primera vez a los representantes de las comunidades damnificadas de Concepción.

El próximo 27 de febrero, los propietarios del Don Tristán realizarán en las afueras de ese edificio un acto conmemorativo: están invitados desde los damnificados penquistas hasta el presidente Piñera.