Lo que partió como una simple consulta de un estudiante de Derecho de la Universidad de Chile respecto de los sueldos, grados y funciones de los profesores de la emblemática facultad de Pío Nono, podría convertirse en un juicio histórico en materia de transparencia en instituciones públicas.
En noviembre de 2009, el estudiante de Derecho Francisco Zambrano Meza (22) solicitó a la dirección de la escuela el listado de sueldos de los académicos. La consulta, según Zambrano, fue originada tras conocerse un informe redactado por las autoridades de Derecho al finalizar la toma de la sede protagonizada por un grupo de estudiantes entre abril y junio de ese año. En el informe se planteaban una serie de dudas respecto al desempeño académico de parte del profesorado.
La respuesta a la solicitud de Zambrano fue que la información no podía ser entregada, pues "afectaba el debido cumplimiento de las funciones". El estudiante acudió al Consejo para la Transparencia, en abril de 2010, organismo que dictaminó que existía "la obligación legal de publicar la información del personal". Más aun, se recordaba al rector Víctor Pérez que la obligación legal es publicar los datos, incluidas las remuneraciones, "mensualmente".
Luego de la resolución del órgano pro transparencia, Pérez presentó, en mayo de 2010, un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del fallo. En el escrito, patrocinado por los abogados Enrique Barros, Luis Cordero y Cristián Maturana- y acompañado de un informe en derecho de Olga Feliú-, el rector sostiene que la Ley sobre Acceso a la Información Pública "no es aplicable a la Universidad de Chile", porque no está dentro de los organismos de Estado que abarca esta legislación.
Pese a esto, el tribunal capitalino dictaminó la improcedencia del reclamo de la universidad, señalando que "los órganos de la administración del Estado" no tienen derecho a ir en contra de una resolución del consejo.
Pérez insistió en su decisión de no revelar los sueldos y presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema contra los integrantes de la Quinta Sala del tribunal santiaguino que admitieron el fallo.
Paralelamente, la universidad, a través de los abogados Patricio Rosende (ex subsecretario de Interior) y Gonzalo García (ex subsecretario de Marina) ingresó, en enero pasado, un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. La designación de Gonzalo García como miembro del TC lo obligó a renunciar al patrocinio en este caso, decisión que fue informada al tribunal la semana pasada. El lunes de esta semana, los abogados de Zambrano impugnaron ante el TC el requerimiento presentado por el rector de la Chile.
