A poco más de dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, un estudio de las fundaciones Pro Acceso y Participa reveló que más de la mitad de los servicios públicos presenta dificultades para recibir solicitudes de información.

El trabajo, que abarcó a 169 organismos, reveló que sólo en el 47% de los casos la solicitud se pudo hacer vía internet. El porcentaje es más bajo en regiones, donde sólo alcanzó el 40%. Además, el 71% de los pedidos enfrentó alguna barrera, como problemas con el link de activación electrónica, imposibilidad de registrarse o solicitud de datos adicionales a los contemplados por la ley para hacer la petición, como el RUT.

"El estudio demuestra el distanciamiento de la ley con la ciudadanía en general. Hay barreras de entrada que están operando y que complican el acceso de las personas a la información", explica Federico Allendes, presidente de la Fundación Pro Acceso.