Por quepasa_admin Julio 14, 2011

Era la señal que muchos estaban esperando. Cuestionado por no haber detectado a tiempo ni el escándalo financiero ni tampoco el movimiento anómalo de acciones al interior de La Polar, el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, sacó la voz el miércoles pasado, a cinco semanas del destape del fraude en la multitienda.

En una conferencia de prensa, el timonel de la SVS anunció la formulación de cargos contra 16 ex directores y ex ejecutivos de la firma, además de dos ejecutivos que permanecen en la compañía; la auditora PricewaterhouseCoopers  y el auditor que supervisaba a la multitienda. En total, 32 acusaciones, que de terminar en sanciones, sumarían un total de 480 mil UF(unos US$ 23 millones).

Con su intervención, Coloma se adelantó a la indagación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte, a cargo de José Morales y Luis Inostroza. Esta repartición comenzó sus pesquisas en este caso de oficio y no como suele ocurrir en delitos contra la Ley de Valores, luego de una denuncia de la SVS. Entre los antecedentes que consideró Coloma para la formulación de cargos están una serie de correos electrónicos que la fiscalía le hizo llegar el miércoles de la semana pasada, fruto de las pesquisas efectuadas a los computadores incautados el 17 de junio.

De todos los mencionados en la investigación de la SVS, el ex presidente y gestor de la tienda, Pablo Alcalde, y Nicolás Ramírez -ex gerente general hasta inicios de 2011- arriesgan las mayores multas, con seis acusaciones entre los dos. Alcalde y Ramírez son investigados por proporcionar antecedentes falsos al mercado, no haber sido diligentes en su rol de director y ejecutivo; y por vender acciones en posesión de información privilegiada.

Los cargos también apuntan hacia los ex ejecutivos Julián Moreno, María Isabel Farah, Santiago Grage y Pablo Fuenzalida; al actual gerente general, Martín González, y al gerente de negocios internacionales, Daniel Meszaros. Los directores tampoco se salvaron del escrutinio de Coloma. Andrés Ibáñez, Fernando Franke, Raúl Sotomayor (socio de Southern Cross), Jacques Louis de Montalembert (representante de la familia Bemberg), René Cortázar  y Francisco Gana serán investigados. Este grupo con dos acusaciones cada uno por incumplimiento en sus deberes en el directorio, y, especialmente, por haber conformado el comité asesor de la testera y no haber detectado el fraude. No fueron los únicos. Norberto Morita -ex presidente de La Polar-, Baltazar Sánchez, Heriberto Urzúa y María Gracia Cariola también deberán hacer sus descargos ante la SVS.

Ojos sobre el "súper"

Si bien no antes de seis meses se conocerán las sanciones definitivas contra los involucrados, la conferencia del miércoles fue un "respiro" para Coloma. Este masivo golpe lo deja fuera de los cuestionamientos por un tiempo.

Durante los próximos días el ex académico de la UC deberá aportar antecedentes al Ministerio Público, para ir fortaleciendo la arista penal. Pese a esto, la calidad "probatoria" de los cargos anunciados esta semana es vista como débil desde la Fiscalía, en especial porque una eventual formalización requerirá antecedentes más contundentes. De hecho, el listado de la SVS dejaría fuera a otros ex ejecutivos de la multitienda, que podrían ser imputados penalmente de aquí al próximo mes.

En el organismo judicial esperarán a contar con toda la carpeta que hoy está en manos de Coloma para iniciar los interrogatorios. Dicho plazo podría extenderse, a la espera que los involucrados -quienes acusan no haber sido notificados oportunamente, sino por la prensa- hagan sus descargos ante la SVS. "La estrategia no está definida", señalan en la fiscalía.

Coloma, además, tiene otro flanco abierto. La Contraloría General de la República estará sobre él a contar del lunes. La Unidad de Auditoría Administrativa del organismo fiscalizador comenzó hace dos semanas una reservada investigación por eventuales "faltas a la probidad administrativa". La indagación involucra además a la "súper" de Bancos, la de Pensiones y el Sernac. Su objetivo será determinar si dichas entidades cometieron negligencias en el caso de la multitienda La Polar, lo que puede derivar en eventuales sumarios y sanciones contra sus representantes. En la entidad que encabeza Ramiro Mendoza señalan que la fiscalización -originada a raíz de un oficio del diputado DC Gabriel Ascencio- se centrará en constatar si los organismos tuvieron señales previas de la situación de la firma y no las denunciaron. Abogados cercanos a la causa sostienen que la Fiscalía Centro Norte también estaría investigando a los funcionarios. Algo que desde el Ministerio Público descartan por completo.

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