Pocos conocen el sigiloso y determinate papel que jugó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en el préstamo que Enami entregó a Minera San Esteban -de propiedad de Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny- para que esta empresa pudiera pagar el saldo de cerca de $ 500 millones que debía a 240 trabajadores por concepto de indemnizaciones y finiquitos.
A una semana de que se cumpliera el primer aniversario del derrumbe que dejó a 33 mineros enterrados en la mina San José, el 5 de agosto de 2010, el presidente Sebastián Piñera se inquietó al darse cuenta de que los trabajadores de esa empresa aún no habían recibido la totalidad de sus indemnizaciones. Por ello, encomendó al jefe de gabinete que buscara una solución a este problema con la máxima urgencia, pues el gobierno se había comprometido a apoyar a los mineros en esta materia.
Contra el tiempo, Hinzpeter se dio cuenta que el convenio judicial preventivo que administra los bienes de la minera sería incapaz de producir los dineros para pagar la última cuota de los finiquitos. Por ello, analizó alternativas para que el Estado se hiciera cargo de esa tarea. Barajó varias posibilidades de salvataje con Corfo, BancoEstado y Enami. Tras analizar el tema con diversos actores se resolvió, en acuerdo con el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, y el vicepresidente ejecutivo de Enami, William Díaz, que sería Enami la encargada de prestar las 22.093 UF (aproximadamente $ 500 millones) requeridas para solucionar el tema. La fórmula quedó zanjada en el acuerdo 1067 del directorio de la compañía estatal.
Con la propuesta en mano, el 29 de julio el ministro llamó por teléfono a María Loreto Ried, interventora de la minera, para proponerle su plan. En términos generales, la propuesta consistía en que Enami se hacía responsable de pagar la deuda a los trabajadores y ésta pasaba a ocupar el lugar de los empleados en la lista de acreedores.
Sorprendida, Ried le contestó a Hinzpeter que antes de darle una respuesta debía consultar el tema con la comisión de acreedores de Minera San Esteban. Y puso una condición: que el acuerdo con en Enami contemplara el alza de las precautorias que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) mantiene sobre los bienes de esa empresa. El no de Hinzpeter a esa propuesta no se hizo esperar. Fuentes de Interior señalan que el préstamo y las precautorias corren por carriles distintos y que no se deben confundir.
Ante este escenario, el lunes pasado Ried citó a la comisión de acreedores a su oficina para tratar el asunto. A la reunión asistieron Alejandro Bohn, Marcelo Kemeny, Hernán Tuane y los abogados Julio Domínguez, Rodrigo Albornoz, Pablo Concha y Luis Fernando Ureta. En la oportunidad, la interventora les explicó a los asistentes el nuevo panorama y les advirtió que el acuerdo con el CDE para alzar las precautorias sobre la empresa seguía en stand-by. Con esto, el juicio por US$ 11.5 millones del Estado en contra de la empresa por los gastos incurrido en el rescate de los mineros seguirá su vía ordinaria.
Este último punto no cayó bien entre los presentes. Según uno de los acreedores se hace imposible vender los activos de la empresa si están precautoriados y por ende es inviable que finalmente se les pague a ellos.
Sin embargo, Bohn y Kemeny se mostraron partidarios de aceptar la propuesta de Hinzpeter: de este modo podrían saldar las deudas con sus trabajadores.
Al momento de votar a favor o en contra del plan del gobierno, sólo Bohn -quien habla en representación de los dueños de la empresa- aprobó la moción. Resultado final: por un veredicto de cinco contra uno, el asunto fue rechazado. "Los otros, para aprobar pedíamos como condición que se alzara la precautoria", explica un acreedor.
Pero Bohn insistió. "Nos dijo que aceptar la propuesta del gobierno sin condiciones, era lo que correspondía hacer dada la necesidad de los trabajadores", indica un miembro de la comisión. Ried se convenció y con este mismo argumento persuadió a Ureta y a Concha para que cambiaran su votación. "Cómo podremos negociar con el gobierno a futuro las precautorias si rechazamos la propuesta que hoy nos hacen ", les habría dicho.
A las 5 de la tarde de ese lunes, la interventora envió un correo electrónico a los miembros de la comisión de acreedores, informándoles que la fórmula contaba con los votos necesarios para seguir adelante.
Acto seguido, se comunicó la noticia a Hinzpeter. Con el visto bueno en sus manos, el titular de Interior dio el vamos al préstamo. Desde Enami se redactó un pagaré, el cual fue firmado por Bohn y Kemeny la mañana del martes en la notaría de José Musalem. Los finiquitos e indemnizaciones de los trabajadores de la minera se comenzaron a pagar al día siguiente.
Pese a que las partes llegaron a acuerdo y hay tranquilidad porque el tema de los pagos a los trabajadores quedó resuelto, hoy existe cierta desazón entre los miembros de la comisión de acreedores de San Esteban. Rodrigo Albornoz dice estar preocupado: "El convenio judicial preventivo de la compañía termina en marzo de 2012 y estamos muy atrasados en los pagos, el nivel de cumplimiento es altamente incierto y la quiebra ya no es un escenario tan lejano".
