Todo comenzó el 18 de noviembre. Como ya es tradición, los cuartos medios del Grange celebraron su último día de clases lanzando bombas de agua. Según cuenta uno de los alumnos, el festejo se les fue de las manos: lanzaron algunos extintores, lo que provocó destrozos en el establecimiento. El rector, Rachid Benammar, reaccionó de inmediato e informó que siete de los 114 alumnos de esa generación -supuestamente los que causaron mayores desmanes- no podrían graduarse este viernes 9 de diciembre, como estaba contemplado. La medida fue tildada de arbitraria y unfair. "No existió el derecho de defensa y se castiga a unos cuantos", dijo un apoderado. El abogado Carlos Montt, padre de uno de los "sancionados",  interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones.

Luego, el rector citó a los papás de "los siete". Ahí tuvieron una discusión que derivó a que Montt interpusiera una querella criminal por los delitos de injurias y calumnias a la máxima autoridad del colegio. "Trató de criminales y de haber cometido actos criminales a los alumnos", explicó en ese momento. En paralelo, el rector siguió "negociando" con el resto del grupo.  "Dijo que si 30 alumnos se declaraban culpables, bajaría el castigo", cuentan. El 6 de diciembre se citó al directorio del colegio -presidido por el abogado Francisco Varela- para definir qué hacer. Para sorpresa de los apoderados, horas después -y dos días antes de la supuesta graduación- el rector informó a través de una carta que "se suspendía el acto de graduación a todos los alumnos de Cuartos Medios 2011 en forma definitiva".