Cuando en marzo de 2009 se hizo público el caso de colusión entre las farmacias, un nombre se transformó en el más requerido por los medios: Paula Mazzachiodi. La ex gerente comercial de Farmacias Ahumada había sido la ejecutiva que denunció el mayor caso de delito contra la salud pública, al declarar que las tres firmas del mercado -FASA, Cruz Verde y Salcobrand- se habían coordinado para subir el precio de 222 medicamentos. Desde ese entonces, Mazzachiodi se transformó en la pieza clave del caso.

Con un halo de enigma, la ingeniera comercial jamás se dejó fotografiar, ingresaba a las dependencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por una puerta secreta y nunca alguna de las partes involucradas en el caso pudo acceder a ella. Dentro de este ambiente se tejieron diversas especulaciones. Entre ellas, si FASA le había pagado más de $100 millones por su declaración.

Tres años después y hace un par de días, precisamente ese punto sirvió para que uno de los acusados, Salcobrand -que ya fue sentenciado a pagar US$ 19 millones por su participación en el delito-, presentase una querella en contra de la ex mujer de Farmacias Ahumada. Diferencias en sus testimonios relativos a las razones por las cuales FASA le pagó $140 millones motivaron a la defensa de Salcobrand, encabezada por el abogado Luis Ortiz, a presentar una querella por falso testimonio.

La defensa se basa en que tanto en el TDLC como ante el Ministerio Público la llamada testigo clave ha tenido inconsistencias en su relato.

“Esta querella está tratando de buscar que la justicia y el Ministerio Público hagan una averiguación sobre estos extraños sucesos, en que FASA hace la denuncia y más encima premia a la persona que les causa este daño y, además, tienen que pagar una multa de US$ 1 millón”, dice Ortiz.

-¿Por qué acusan ahora las contradicciones de Mazzachiodi?

-Cristián Muga: Ante el TDLC la señora Mazzachiodi dice que ella ha recibido la suma de $100 millones por concepto de asesorías profesionales. Pocos meses después modifica el testimonio ante el Ministerio Público y dice que esos $100 millones eran $140 millones,  y que no había asesorías prestadas, sino un pago por una cláusula de no competencia; de una indemnización por todos sus años de servicio en FASA.  Entonces hay una discrepancia  entre lo que Mazzachiodi ha declarado en distintos tribunales. Por eso el ministerio tiene el deber legal de investigar el valor de los testimonios sobre los cuales subyace la acusación por alza fraudulenta de precios.

-¿Qué tesis tienen sobre Mazzachiodi y esos dineros?

-Luis Ortiz: Eso tiene que investigarlo el tribunal, pero obviamente el cuadro que se explica en la querella trae una serie de interrogantes que cualquier tribunal está obligado a esclarecer. Creemos que el Ministerio Público  está actuando sobre la base de verosimilitud de las pruebas, y ahí hay un gran problema.

-¿Por qué es tan importante desacreditar ese punto si no parece ser crucial en el caso de colusión?

-C.M: Uno no puede parcializar los testimonios. Si el Ministerio Público acredita queMazzachiodi incurrió en estas contradicciones severas a la hora de declarar, respecto a lo que finalmente pareció ser la verdad, entonces ¿por qué tenemos que creer el resto del testimonio? ¿Por qué razón voy a creer que lo que dijo a continuación era verdad ? Los testimonios son un todo, y cuando se observa que un testigo no es verosímil, la defensa y los tribunales tienen el deber de cuestionarlos en su totalidad.