Fue una de las grandes polémicas en Twitter el año pasado. El monitoreo de las redes sociales contratado en abril de 2011 por el gobierno suscitó controversia, y finalmente el Ejecutivo decidió dar marcha atrás con la iniciativa, aunque la Contraloría validó su legalidad.

Sin embargo, este año el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contactó a la empresa BrandMetric -la misma del monitoreo inicial- para una iniciativa similar. Así, el 15 de marzo firmó un contrato para seguir términos vinculados con el Censo 2012 en las redes sociales, señalando que lo requería “para el adecuado desarrollo de sus proyectos estadísticos estratégicos”. De acuerdo a la orden de compra, el servicio se adquirió por 39,48 UF, cerca de 890 mil pesos.