Fueron tres días, entre el 28 y 30 de julio pasado, en que un grupo del Ministerio del Interior y de la Gobernación de Malleco recorrió las propiedades de varios de los parceleros que habitan la llamada “zona roja” de La Araucanía para hacer un catastro de quienes han sufrido daños -desde destrucción de vidrios, robo de animales, amenazas para que abandonen sus tierras, hasta incendio de sus cercas y casas- por parte de encapuchados.

Según el gobernador de Malleco, Erich Baumann, el estudio arrojó que hasta el momento son 46 las familias  que han sufrido distintos tipos de atentados (hay casos en que una familia ha sido víctima de varios ataques). La cifra se suma al aumento de denuncias que hasta ahora han llegado a la fiscalía: mientras en 2011 fueron 171, en lo que va del año ya van 150.

Según el catastro, muchos de los parceleros y pequeños agricultores, que siempre han convivido con mapuches, ganan el sueldo mínimo. En el último tiempo se han convertido en el nuevo foco de ataque y presión de los encapuchados para que dejen sus tierras. Muchos lo han hecho. Un ejemplo es la situación que se vive en Chiguayhue, donde  más de la mitad de las 16 parcelas del sector fue abandonada, por temor, por sus dueños.

El ataque a pequeños agricultores es analizado hoy por Interior. Desde esa repartición explican que el foco ha cambiado y que ahora en vez de atacar los grandes fundos o empresas forestales, la violencia apunta a este grupo.

La situación de estos parceleros fue denunciada al gobierno por 40 vecinos el pasado 24 de julio. Ese día protestaron frente a La Moneda por la inseguridad que viven a raíz  de los atentados. La manifestación tuvo consecuencias: fueron recibidos por el ministro Hinzpeter.

El grupo es liderado por el agricultor Joel Ovalle, presidente de un comité de vigilancia de un sector de La Araucanía. Él hizo un polémico llamado: promovió el uso de armas para defender sus tierras.

Según Baumann, la mayor cantidad de atentados  se ha producido en Ercilla, Collipulli, Angol y Traiguén. “Este problema viene desde  hace años, es sólo que ahora se ha hecho más visible”, asegura. Y añade que “son delincuentes que muchas veces se amparan en la reinvindicación de tierras”.

Desde Interior afirman que además son atacados por recibir ayuda del Estado. “Los juzgan por haberse entregado al sistema”, aseguran. El problema es que cuando dejan sus tierras, dejan de recibir la ayuda del Estado. Por eso el gobierno está enfrentando este nuevo escenario con apoyo sicológico y legal. A través de Gonzalo Fuenzalida, jefe de la Unidad Nacional de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior, habrá acceso a abogados que se encargarán de las causas, caso a caso.