La termoeléctrica Castilla no es el único proyecto que “murió” tras el fallo de la Corte Suprema, hace dos semanas.

Además de las seis centrales que la empresa MPX pretendía levantar en Punta de Cachos, en la III Región, el no de la Suprema, además, echa por tierra el acuerdo al que la compañía brasileña había llegado con el arquitecto Gonzalo Domínguez, dueño de la Hacienda Castilla. Al principio, él fue un férreo opositor. Hasta que en enero de 2011, y después de varias negociaciones, llegó a un acuerdo con Eike Batista. Esto sucedió luego de que Domínguez les entregara una carta con sus reparos sobre el proyecto a los representantes de MPX, cuestión que ellos tomaron en cuenta. El brasileño se comprometió a ceder  un terreno de 100 hectáreas -aledañas a la Hacienda Castilla- para que allí operara una fundación compuesta por un representante de MPX, uno de Domínguez y uno de la comunidad. La idea era crear ahí un área de preservación ecológica para evitar que la empresa se convirtiera en un polo industrial. Pero lejos lo más atractivo fue que Batista se comprometió a aportar US$ 9,5 millones una vez que la central lograra todos los permisos ambientales.

El fallo de la Suprema que rechazó el proyecto termoeléctrico dejó el acuerdo convertido en un simple papel. Aunque cercanos a Domínguez afirman que él estaba feliz con la decisión de la Corte, muchos lo ven como uno de los “perdedores”: los US$9,5 millones no alcanzaron a cruzar la frontera.