Fue un proyecto anunciado en 2007. El terremoto de 2010 obligó a reformular los planes. Pero dos años y medio después, una parte clave de los equipos para monitorear la actividad sísmica adquiridos por el Estado chileno permanecen en una bodega en el Ministerio de Vivienda, a la espera de su instalación.
El camino ha sido largo. En noviembre de 2007, una semana después del terremoto de Tocopilla, el gobierno de Michelle Bachelet anunció un proyecto para crear una red nacional de sismógrafos en todo el país, a la que se asignaron US$ 18 millones. La iniciativa quedó a cargo del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile.
Sin embargo, el proceso sufrió diversos retrasos, hasta que el 27-F sorprendió al país sin ninguno de los equipos comprados. El hecho marcó incluso una polémica entre la ex presidenta Bachelet y el jefe de Sismología de la U. de Chile, Sergio Barrientos: en mayo de 2010, la primera responsabilizó a la universidad por no comprar los equipos. Barrientos adujo que hubo numerosas trabas burocráticas.
Ese mismo año, el proceso se reinició por parte del nuevo gobierno. Pero la decisión fue cambiar la dependencia: ahora, los equipos para construir más de 60 estaciones sismográficas, que incluían 297 acelerógrafos -que captan el movimiento fuerte-, estarían a cargo de la Agencia Nacional de Protección Civil, sucesora de la Onemi.
Sin embargo, los contratiempos continuaron. Recién hace un semestre llegaron los acelerógrafos, mientras en el Congreso se tramitaba la ley que permitía crear la agencia, cuya parte técnica sería la responsable de los aparatos. Y aún no están construidas las estaciones que deben cobijar a los aparatos, lo que fue encargado por Interior al Ministerio de Vivienda.
Así, hoy los aparatos aún permanecen en esa repartición, que destinó a un alto funcionario, Eduardo Contreras, con dedicación exclusiva para esa etapa. Contreras ha trabajado con una comisión técnica, que hasta ahora ha determinado 200 sitios donde se pueden localizar los acelerógrafos. Se espera que a fines de octubre se realice la licitación para construir los sitios, y el cálculo es que una vez que estén listos, implementar los equipos no tardará más de tres semanas. Pero incluso en ese escenario, la red deberá esperar a que se apruebe la ley de la Agencia de Protección Civil, que aún está en el Congreso, para ser administrada por completo.