El plazo es perentorio: 100 días tiene el Ministerio de Justicia para elaborar el proyecto de ley conocido como “Reforma a la Reforma Procesal Penal”, que busca modificar el sistema procesal penal. El anuncio fue hecho por el presidente Sebastián Piñera el jueves 11 y desde ese día la cartera liderada por Teodoro Ribera trabaja a toda máquina para elaborar el texto y coordinar los grupos de trabajo.

Para ello, la subsecretaria, Patricia Pérez, y el propio Ribera han contactado a una serie de destacados abogados con el fin de  sondear su disponibilidad para ser parte de una comisión que evalúe las  modificaciones a la legislación vigente. Entre los juristas contactados están  los penalistas Juan Domingo Acosta y Jorge Bofill. También llamaron a la directora de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, y al director de Políticas Públicas de LyD, José Francisco García.

Acosta, socio del estudio Espina, Zepeda & Acosta, es asesor externo del Ministerio del Interior, y en esa calidad representó, recientemente, a esa cartera en el caso bombas. Además, ha estado  detrás de varios proyectos de ley emblemáticos para  Interior, como la ley antidiscriminación y la penalización de las tomas. En los gobiernos de la Concertación, en tanto, trabajó en el proyecto de modificación para permitir el funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA). Bofill, en tanto, es reconocido como uno de los autores de la Reforma Procesal Penal. Y si bien públicamente ha dicho que no es necesaria una reforma, sino que, eventualmente, algunos “ajustes legales”, el gobierno quiere tenerlo en la comisión debido a su reconocid0 expertise en el tema.