Aunque hace ya un año el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, ordenó la disolución de la Pía Unión Sacerdotal, entidad que controlaba Fernando Karadima, aún no hay claridad sobre el destino de los bienes inmuebles que estaban a su nombre, entre ellos, cinco propiedades que se utilizaban para arriendo  y la propia parroquia de El Bosque -avaluada en US$ 10 millones-, donde oficiaba misa el sacerdote acusado de abusos deshonestos.

El problema es que hay un vacío legal. El Registro Civil tras notificar a fines de 2012 el término de la entidad, se declaró incompetente para resolver a quién le pertenecían los bienes. El caso pasó al Ministerio de Justicia y hoy se encuentra a la espera de una resolución de Contraloría quien debe determinar qué organismo puede tener competencia sobre el tema.

En el Arzobispado de Santiago confían en que se respetarán los estatutos de la extinta entidad -fundada en 1928- que señalan que los bienes pasarán a nombre del Arzobispado.  El plan que estudian en la Iglesia es que una vez que los recursos estén en sus manos se realizará una importante donación a la beneficencia.“Serán donados para limpiar esos dineros”, señala una fuente eclesiásticas.