Durante más de un mes y con total hermetismo, un equipo de asesores del presidente Piñera -el abogado Jorge Carey; la jefa de asesores de La Moneda, María Luisa Brahm; y el vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, Matías Mori- intenta llegar a un acuerdo para cerrar definitivamente el bullado caso Clarín.

En diciembre pasado, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) aceptó el recurso de nulidad presentado en 2010 por el gobierno respecto a la sentencia que dos años antes había condenado al Estado chileno: pagar US$ 10 millones a los demandantes Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende, representada por Joan Garcés, quienes alegaban compensaciones por la expropiación del periódico en el gobierno militar. 

Ese mismo fallo, sin embargo, exigió que Chile le pagara a Pey US$  3 millones por las costas, además de 5% por concepto de intereses, unos US$ 500 mil en total. Asimismo, los demandantes debían pagar a Chile US$ 600 mil.

Como el pago debe realizarse con platas fiscales, Chile le pidió, hace un mes, al Ciadi aclarar si Pey también debe pagar intereses.

Los demandantes contraatacaron: Joan Garcés interpuso una demanda contra Chile en España -el gobierno aún no ha sido notificado-, lo que prolongaría la batalla.

La piedra de tope no es el monto, sino la forma de pago: Pey quiere dinero en efectivo o una boleta en garantía, opción que el miércoles pasado el gobierno desechó porque necesariamente deben esperar el decreto de Hacienda y la toma de razón de Contraloría antes de efectuar el pago, un proceso que tomaría al menos 60 días.