Han pasado cuatro años desde que la corredora de bolsa Raimundo Serrano se declaró en quiebra, destapando una serie de irregularidades financieras que la llevaron a la crítica situación. Desde ese entonces, el Ministerio Público llevó a cabo una investigación, que concluyó el 22 de febrero pasado.

En la indagación, la Fiscalía Centro Norte -a cargo de formular cargos de estafa y apropiación indebida de bienes- afirma que Tomás Serrano (en la foto), ex gerente general de la fallida corredora, y otros ejecutivos, cometieron delitos reiterados contra sus clientes. Entre las faltas, se les acusa del uso de las acciones de los clientes para generar recursos y así ingresos para los socios de la empresa.

A inicios de marzo, el Ministerio presentó la acusación formal contra los ex dueños de la intermediadora de valores, juicio que comienza en los próximos meses.

En la acusación destaca el listado de 97 testigos que presentará el Ministerio, entre los que está el presidente de la ANFP, Sergio Jadue, por la relación comercial que tenía con la fallida empresa.  Sobresalen, además, los 470 expedientes y carpetas que serán mostrados como pruebas de los delitos.