A mediados de junio, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que encabeza Fernando Coloma (en la foto), publicó una circular que para muchos pasó inadvertida. En 12 páginas, puso al día la regulación que rige a los intermediarios de valores y las administradoras de fondos a la hora de manejar los patrimonios de sus clientes. Pero, además, en apenas unas líneas el texto trata un punto clave y polémico: cómo deben resolver estas empresas algunos conflictos de interés que tienen con sus clientes. 

Quienes han leído el texto dicen que el cambio normativo es “un bombazo”. No sólo porque va a tener repercusiones en cómo estas empresas operan, sino porque revela un conflicto de interés latente que no se había sincerado y que por años ha afectado a los clientes. Hasta ahora, éstos llegaban a las administradoras para pedirles que les manejaran sus patrimonios y lograran buenas rentabilidades. Las empresas, cumpliendo su rol de intermediarios, tomaban los recursos y los invertían en productos financieros que otras empresas les ofrecían. El problema es que muchas veces esas empresas a las que les compraban los productos les pagaban comisiones a las administradoras a cambio de que invirtieran los fondos en ellos. Estas comisiones se conocen en el mercado como rebates y generan incentivos perversos. Esto, porque las administradoras no necesariamente invertían el dinero de sus clientes en aquellos fondos en los que podían tener una mejor rentabilidad, sino que en aquellos que les pagaban mejores comisiones a ellas. Consciente de este problema la SVS decidió regular el conflicto y obligar a las administradoras a devolver a los clientes los recursos que ganen por el concepto de rebates o por lo menos informarles que existen estas ganancias oportunamente y de forma detallada. 

La SVS les dio un plazo a las administradoras de 12 meses a contar de junio para que se adapten a la norma. De ahí en adelante quienes no cumplan con las exigencias de la circular se expondrán a distintas sanciones o multas.