En las últimas semanas, el Consejo para la Transparencia debió fallar sobre dos amparos presentados por el abogado Samuel Donoso contra la Armada. ¿La razón? Solicitó dos informaciones a la institución que le fueron denegadas: el detalle de las adquisiciones hechas a través del intermediario Guillermo Ibieta, y un memorándum interno sobre la visita al stand de la empresa Dossan durante la Fidae 2008.

La Armada esgrimió causal de reserva y afirmó que esos documentos se habían entregado a la Fiscalía Naval, que lleva un proceso contra  cuatro ex oficiales por el delito de filtración de información contra la seguridad nacional, en que Donoso es uno de los abogados que defiende a los acusados. La arista surgió en el marco del denominado Caso Fragatas, que se refiere a las irregularidades cometidas en la adquisición de cuatro buques holandeses para la institución naval.

El proceso incluyó consultas al ministro en visita que lleva el caso, para ponderar cómo podía afectar al caso la divulgación de los documentos solicitados. 

Tras examinar los antecedentes, el Consejo señaló que sobre uno de los documentos solicitados, el detalle de las adquisiciones, incurría el principio de reserva por seguridad nacional, ya que “su revelación supondría dar a contener el potencial bélico de la Nación”. Pero indicó a la Armada que debía entregar el segundo memorándum solicitado, ya que su contenido era genérico.