El mecanismo para cambiar la Constitución se volvió un puzle en el comando de Michelle Bachelet y por eso ella decidió dejar esa decisión en blanco en su programa de gobierno. El documento sólo señala que cualquier fórmula deberá  ser participativa, democrática e institucional.

Y si una reforma a través del Congreso puede cumplir con los dos últimos criterios, el riesgo es que sea considerada no participativa. En el otro extremo una asamblea constituyente puede ser considerada democrática y participativa, pero no institucional, ya que supone un riesgo de quiebre en la institucionalidad.

Pero varios miembros de la comisión de Constitución de Bachelet observan con interés una tercera vía, propuesta que planteó el experto constitucionalista internacional Tom Ginsburg durante su última visita a Chile.  Se trata de las Conferencias Nacionales, instancia mixta en que es el propio Parlamento quien convoca a debatir a representantes ciudadanos como sindicatos,  pueblos originarios, minorías sexuales, etc. como insumo para elaborar la nueva Carta Fundamental. Aunque este proceso es defendido por abogados como Javier Couso (DC) otros miembros del comando como Fernando Atria advierten que lo importante es quién vota finalmente las reformas. “Si no podría ser visto como un amaño, un tinglado del Congreso”, señala.