Fiel a su estilo, Michelle Bachelet mantuvo en vilo a los partidos de la Nueva Mayoría hasta último minuto. La noche del miércoles, altos dirigentes de estos confesaban que habían intentado obtener alguna información sobre el nuevo gabinete y que les había sido imposible.

Al hermetismo y al manejo compartimentado de la información que caracterizaron su trabajo anterior en el gobierno y en su reciente campaña, esta vez se sumó un exhaustivo chequeo de datos personales.

En la revisión de currículos, Dicom, informes de Contraloría, antecedentes penales y posibles conflictos de interés trabajó un grupo de al menos cinco personas. Incluso trascendió que además de las oficinas de calle Tegualda y de la Fundación Dialoga, el equipo de confianza de Bachelet ocupó una tercera oficina reservada.

La orden de la presidenta electa a Alberto Arenas fue evitar cualquier cuestionamiento que pudiera hacer la prensa a algunos de sus colaboradores, como le ocurrió el 2006. Al chequeo no sólo fueron sometidos los ministros, sino también subsecretarios, intendentes y jefes de servicio. Fuentes de la Nueva Mayoría señalaron que varios nombres seguros se cayeron de la lista, incluso cartas ministeriales. Este factor habría influido en el retraso.

Presionada por el plazo que la misma mandataria se autoimpuso públicamente -anunciar su gabinete antes del fallo de La Haya de este lunes-, Bachelet debió enfrentar otro imprevisto: los candidatos a intendentes que propusieron los senadores en muchos casos no coincidieron con los nombres que tenía su equipo.

Los otros factores son sabidos: para Bachelet el tema de la paridad de género y el liderazgo femenino han sido su bandera de lucha y no quería que este gabinete fuera una excepción.