A fines de 2013 se inició un proceso que podría definir el futuro de la Caja de Crédito Prendario, más conocida como “la Tía Rica”. En diciembre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dio curso a una causa -solicitada por la empresa Servicios Financieros Factor Plus- para analizar la pertinencia de que el Estado sea el único permitido, por ley, a entregar créditos de bajo monto a través del sistema de dejar objetos en garantía. El proceso judicial ha contemplado pedir informes a diversos actores del mundo financiero. Durante enero varias entidades respondieron a las solicitudes del TDLC, entre ellas, el Banco Central (que aportó un informe sobre el endeudamiento de los hogares), la Superintendencia de Bancos (que se excusó de participar) y la asociación gremial bancaria. Estos últimos analizaron cómo opera el crédito prendario en América Latina, que funciona con operadores privados.