En agosto, Felipe le pidió matrimonio a Carolina. Pero lo que era una feliz noticia derivó en una pesadilla para los novios en el intento de encontrar una iglesia para casarse. Llamaron y visitaron 15, la mayoría copadas hasta el verano con  hasta seis matrimonios cada fin de semana  y tarifas de arriendo que promediaban los $ 400.000. Por ejemplo, ese es el precio que fija en su página web la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles del barrio El Golf. Finalmente, eligieron una iglesia de la comuna de Macul por $ 300.000. Para reservarla les pidieron que pagaran en efectivo la mitad del valor y firmar un documento que decía que era un  “aporte voluntario” sin devolución. El costo incluía luz, audio y una alfombra, aunque por otro precio ofrecían un coro y arreglos florales.

Cuando los novios esperaban una boleta por el pago, no se la dieron. “Yo soy católica y lo que debiera ser algo alegre se convierte en un negocio en que ni siquiera se pagan impuestos”, dice Carolina, que prefiere no publicar su apellido.

En el Servicio de Impuestos Internos explican que si bien deben pagar IVA los arriendos de recintos para actividades comerciales, en el caso de las iglesias esto no aplica, ya que “es evidente que las actividades que allí se desarrollan no tienen carácter comercial”, más aún, el servicio que presta la iglesia no se encuentra clasificado en los números 3 ó 4 del artículo 20 de la Ley de Renta. 

Caso opuesto al establecido en una circular de 2012 del SII que exigió a las iglesias evangélicas dar boleta por alimentos que vendían en su interior, ya que los templos están exentos de impuesto territoria, pero no de impuesto a la renta.

El Arzobispado de Santiago, ante las críticas de los precios de los matrimonios y que sus servicios también se pueden interpretar como una actividad comercial, difundió orientaciones pastorales para que no se fijen tarifas y el pago sea una donación conversada entre el párroco y los novios.