“Aprovecho de pasar el aviso”, dijo el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña (en la foto), el pasado lunes a los diputados durante su participación en la comisión investigadora del caso Caval. Aunque hablaba con un tono coloquial, el abogado realizó duros cuestionamientos a la legislación que existe para evitar la corrupción en Chile y que dificulta el trabajo del CDE.

Según Piña, sería necesario que los parlamentarios reformularan la ley para sancionar los delitos de cohecho y soborno. Explicó que mientras en los países anglosajones sólo basta con acreditar un pago de un privado a un funcionario público, en Chile además del pago los fiscalizadores deben detectar acciones concretas en favor de quien realizó el pago y sólo así se puede configurar el delito. Del mismo modo, la ley es vaga y débil para categorizar las negociaciones incompatibles.

Por Caval, el CDE ya se querelló contra el ex operador UDI, Juan Díaz, y dos ex funcionarios de la Municipalidad de Machalí, y podrían ampliar la querella a otras personas una vez que acrediten la “trazabilidad de los recursos”.