El intercambio de cartas entre el Ministerio Público y la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile comenzó el 11 de agosto cuando ésta le envió un documento al fiscal nacional, Sabas Chahuán,
emplazándolo a que informara sobre las medidas adoptadas al recibir el informe de las FARC, el cual “usted recibió en 2008 y en el cual se acreditaba que en la zona de La Araucanía existía actividad guerrillera como consecuencia de la capacitación de las FARC”.

Cuatro semanas después, el 1 de septiembre, la Confederación recibió una misiva que firmaba Jorge Abbott, director ejecutivo del Ministerio Público, en la que señala las razones de por qué no es posible informar sobre esas diligencias. Entre ellas, que la Ley de Transparencia (ley 20.285) invocada por los camioneros “no es el mecanismo idóneo para hacerlo”. Además señala que “las actuaciones de investigaciones realizadas por el Ministerio Público y por la polícia serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento”.

Ante esto, la Confederación retrucó con una nueva carta, el 15 de septiembre, insistiendo en el requerimiento invocando la ley 20.285, dado que “expresamente compromete en todas sus partes al Ministerio Público”. La carta de respuesta sigue en puntos suspensivos.