La empresa constructora brasileña OAS, que esta semana concitó la atención pública chilena luego que se conociera que le proporcionó a Marco Enríquez-Ominami un jet privado para su campaña presidencial en 2013, que no fue rendido como gasto ante el Servel por el ex candidato, también está en el ojo del huracán en el resto de América Latina y cada vez más cerca de Chile.

Perú, Argentina y Uruguay ya abrieron investigaciones judiciales en los últimos días y concentran gruesos tomos investigativos sobre las huellas de la constructora brasileña, entre otras, por eventuales actividades ilícitas vinculadas al financiamiento irregular de campañas políticas, lavado de dinero y fraude en licitaciones. Todas ramificaciones del caso Lava Jato que está sacudiendo la política de Brasil, haciendo tambalear al gobierno de Dilma Rousseff y que incluso tiene al borde de la cárcel al ex presidente Lula Da Silva, luego que el juez Sergio Moro pidiera su prisión preventiva.

El caso estalló en 2013 cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero en locales de lavado de autos, investigación que fue creciendo hasta descubrir que existía un completo cuadro de pago de sobornos y blanqueo de capitales a políticos y ejecutivos de Petrobras.

Los desvíos de dinero se hicieron en las licitaciones de grandes obras de la gigante petrolera involucrando a un gran número de empresas constructoras con presencia en toda la región. Desde el año pasado el caso venía golpeando a los principales líderes del Partidos de los Trabajadores y este años comenzó a cercar a la propia presidenta Dilma Rousseff y el ex presidente Lula.

En los últimos días, en Argentina, la Fiscalía pidió antecedentes a la Tesorería General de la Nación para investigar licitaciones en el Ministerio de Planificación, mientras en Perú la Fiscalía Anticorrupción ya tiene un expediente enviado desde Brasil por supuestas coimas a autoridades peruanas. En Uruguay el Congreso abrirá una comisión investigadora por irregularidades en la construcción de una planta gasificadora.

Los tentáculos de la indagatoria crecen día a día y se acercan a nuestro país, despertando las dudas en Chile sobre las verdaderas razones de la intempestiva y fugaz visita de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff a Chile el 26 de febrero pasado. Una visita que tomó por sorpresa a la presidenta Bachelet y su equipo de avanzada presidencial, que tuvo que diseñar en tiempo récord una improvisada agenda con políticos y empresarios de la que poco se informó a la prensa. En Presidencia reconocen que muy pocas veces se ha organizado una actividad oficial de ese tipo con tan poca antelación.

En círculos políticos y diplomáticos se cree que la mandataria brasileña viajó en busca de antecedentes para medir el alcance de las investigaciones a esta y otras empresas constructoras, de gran presencia en toda América Latina, incluyendo Chile.

Los casos allende Los Andes

La posibilidad de indagar la relación de OAS con Chile quedó aún más cerrada luego que el canciller Heraldo Muñoz descartara este miércoles canalizar algún tipo de solicitud de antecedentes a la justicia brasileña. En Perú, en cambio, apenas surgieron los datos de posibles vinculaciones de empresas brasileñas con la campaña del presidente Ollanta Humala el Ministerio Público de Brasil accedió a colaborar entregando a los órganos persecutores peruanos diverso tipo de  información como documentos y testimonios que revelarían eventuales coimas que el llamado “Club”, como se denomina en Brasil al grupo de empresas brasileñas involucradas en Lava Jato, habrían pagado a autoridades de ese país para asegurar  contratos de obras públicas.  Este "Club" operaba desde el 2004 y estaría integrado por el grupo Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Techint, OAS, entre otras. En Perú el caso estalló en medio del complejo proceso presidencial, ante lo cual dicha investigación, según constata el diario La República, se está llevando a cabo con la mayor reserva posible, pero ha involucrado varios viajes del fiscal a cargo, Hamilton Castro, a Brasil con el fin de recopilar antecedentes que buscan develar si hubo o negocios ilícitos relacionados a campañas políticas.

En tanto en Argentina la Fiscalía inició una investigación a cerca de 100 empresas, entre ellas varias de Brasil, ante denuncias por delitos de sobornos hacia algunas autoridades trasandinas. Así también, en la Provincia de Córdoba parlamentarios han solicitado se abra una completa investigación en torno a los contratos suscritos por el ex gobernador Manuel de la Sota con firmas brasileñas en la ejecución de diversas obras públicas, como por ejemplo la instalación  de gaseoductos, según consignó el Diario La Nación.

Mientras que en Uruguay, el diputado nacionalista Pablo Abdala solicitó abrir una investigación en contra de OAS por incumplimiento de contrato. El parlamentario, según declaraciones emitidas al diario El País de Uruguay, acusa que Lula habría incidido para que se diese participación a OAS en la obra de la regasificadora.

"No está probado pero cuando lo plantée en el Parlamento nadie del gobierno nunca me desmintió, ni dijo que era un disparate. Es por lo menos llamativo", sostuvo. El legislador dijo además al matutino uruguayo que “sí está comprobado que Lula se interesó por la marcha de los negocios de OAS en Chile”, aludiendo a las ramificaciones que puede tener la causa.

Además, dentro de la investigación llevada a cabo en Brasil se constató que OAS utilizó sociedades en Chile y Perú para el lavado de dinero, aunque el capítulo de nuestro país no está lo suficientemente desarrollado o no ha sido conocido públicamente aún.

En nuestro país la firma se adjudicó en 2013, junto a la empresa coreana Hyundai  la licitación de la construcción del puente sobre el Canal de Chacao por un monto  de $360 mil millones.

Hoy el diario La Tercera consigna que el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, asegura que la concreción de dicho proyecto depende de la salida de OAS, debido a la crisis financiera en la que entró la constructora a propósito del escándalo de corrupción en Brasil y el resto del continente.

¿Se repite el esquema de Brasil, Perú, Argentina y Uruguay en Chile?, de momento, no hay cómo saberlo, a menos que se inicie una investigación formal.