Un frente inesperado se le abrió al fiscal nacional Jorge Abbott, con la mediática controversia generada por dos de sus fiscales regionales: Pablo Gómez, de Valparaíso y Emiliano Arias, de Rancagua. Todo, por las fechas en que el primero conoció los correos entre Patricio Contesse y Pablo Longueira, base de la imputación por cohecho que el Ministerio Público formalizará al ex senador y ministro, en una audiencia que se realizará el próximo 22 de junio, en el denominado caso SQM.
Independientemente de las diferencias entre ambos persecutores sobre cuándo se conocieron las comunicaciones, el mayor cuidado que tiene Abbott es evitar que la disputa se traslade hasta el Consejo de Fiscales Regionales —que se realizará en julio próximo—, instancia en la que los 18 máximos jefes de la Fiscalía establecen políticas y criterios de persecución.
Lo anterior cobra mayor relevancia, ya que ambos están a cargo de casos emblemáticos relacionados con platas políticas: Gómez en SQM y Arias en Corpesca.
La idea de Abbott es que las decisiones de ambos sean concordantes y estén en línea con la política general de la Fiscalía para estos casos, en que están imputados Jaime Orpis y Pablo Longueira. En ese contexto, para el fiscal nacional, los problemas que pudieran tener distanciados a Gómez y Arias deberán, necesariamente, quedar en segundo plano.