En su cuenta pública de mayo pasado, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, anunció para el segundo semestre de este año el envío al Congreso de una indicación sustitutiva para modificar la Ley Reservada del Cobre.

“Debemos cumplir con los objetivos de tener financiamiento real y efectivo que impida que la baja inversión y recursos para mantención del potencial bélico nos lleve a perder las capacidades que hemos generado en los últimos 25 años”, dijo entonces Gómez, sin saber que la crisis por la baja del precio del cobre reinstalaría el tema en la agenda pública.

Tanto, que los últimos dos comités políticos de La Moneda, donde los ministros políticos discuten la agenda del gobierno con los partidos, han sido dedicados al tema por presión del oficialismo. Pero el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se ha negado sostenidamente a abrir una discusión que permita legislar sobre la materia, aunque esta semana recién se mostró disponible pero siempre y cuando esta discusión se postergue para después de la Ley de Presupuestos.
Esta no es la primera vez que Valdés ha mantenido a raya cualquier intento por aproximarse al tema. En Defensa, comentan que el año pasado Gómez le envió un oficio a su par de Hacienda en el que le solicitaba instaurar una mesa técnica entre ambas carteras para discutir fórmulas de financiamiento permanente de las Fuerzas Armadas. Según los registros oficiales, Hacienda no contestó dicho oficio.

Pese a ello, el ministro radical definió el tema como una prioridad de su cartera y ha instalado sendas mesas de trabajo con las Fuerzas Armadas, con quienes incluso ha llegado a acuerdos respecto de los marcos que deberían guiar una modificación de la ley.

“Nadie se cierra u opone a una modificación ni dentro de las Fuerzas Armadas ni en el Ministerio de Defensa”, dijo Gómez hace unos días, marcando el punto sobre las posturas imperantes en el mundo castrense.