“El Consejo de Defensa del Estado nos solicitó nuestro análisis y nos ha pedido todos los antecedentes para ver si hay juicio de cuentas o constitución de delitos”, dijo la ministra de Salud, Carmen Castillo, en la sesión de la comisión mixta de Presupuestos, tras responder las dudas expresadas por varios parlamentarios de distintos partidos por la divulgación de una auditoría de la Unidad Externa del Ministerio de Salud que revelaba que 110 autorizaciones de pagos a profesionales fueron realizadas por médicos vinculados a las mismas instituciones.

“En Atacama las listas de espera se licitan y se las adjudican los mismos médicos del hospital, que operan en el hospital o en sus clínicas. Ese es un incentivo perverso. He descubierto que los médicos arriendan los equipos para hacer los mismos exámenes que ellos piden”, ejemplificó el senador Baldo Prokurica (RN).

Como la ley permitió externalizar servicios para responder al plan AUGE, se formaron distintas sociedades de médicos para participar en estos procesos, pero la auditoría reveló cómo han alterado su funcionamiento para lograr beneficios económicos.