El 4 de abril pasado, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que obliga a organismos del Estado y empresas privadas con más de 100 trabajadores a reservar el 1% de su dotación para personas con discapacidad.

Pese a la alegría transversal que provocó la aprobación de esta norma, desde el mundo privado miran su implementación con recelo. El gobierno aún no se ha manifestado respecto de los reglamentos que regirán a esta ley, ni su alcance efectivo.

En definitiva, los privados recalcan que ellos –o las fundaciones con las cuales ya trabajan, y que han acumulado conocimiento sobre la materia– no fueron invitados a participar de la discusión del proyecto, para dar cuenta de las buenas prácticas que ya algunos realizaban. Por esto, aseguran desconocer el real alcance de la ley, y de qué manera y en cuánto tiempo deberán hacer las inversiones necesarias para cumplir con la normativa.28