Tras el debate entre el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y sus antecesores en el cargo, Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés, por los gastos comprometidos —o presiones de gasto— ante la Comisión Mixta de Presupuestos, una cosa les quedó clara a los parlamentarios: necesitan contar lo antes posible con una oficina presupuestaria que sirva de contraparte al gobierno en estas materias.

Por esa razón, sus impulsores están trabajando intensamente en concretar la idea, de manera que en septiembre de este año esté ya funcionando. Tanto modelo como costo están definidos: sería una versión más modesta de la Congressional Budget Office (CBO) de Estados Unidos y requeriría entre 500 y 700 millones de pesos.  El mayor conflicto es cómo repartirse el gasto entre el Senado (que cuenta con una unidad de asesoría parlamentaria) y la Cámara de Diputados.