El año 2012, un grupo de senadores presentó un proyecto de ley que buscaba conformar una Comisión Bicameral de 10 diputados y 10 senadores con el mandato de trabajar en un nuevo texto constitucional. En él promovían un cambio constitucional siguiendo este camino dado que, decían, una Asamblea Constituyente requeriría de un acuerdo parlamentario amplio que no se veía posible. Desde entonces, el proyecto no ha tenido movimiento.
Al incorporarlo entre las alternativas que propondrá el próximo año, la Presidenta Bachelet volvió a darle vida a esta opción. Creo que esta es la menos mala de las cuatro alternativas. Y es que el solo hecho de tener que plantearnos ante una fórmula de reforma distinta de la tradicional, es una mala noticia. Pero en eso la izquierda ha sido muy eficaz en correr el cerco y, ya sea que se trate de una nueva Constitución o de una reforma constitucional profunda, la alternativa de la comisión bicameral está hoy sobre la mesa.
¿Qué ventajas tiene la comisión bicameral? Es, sin duda, la forma más institucional de las planteadas. Y por institucional entiendo una forma respetuosa de los mecanismos tradicionales de modificación constitucional en democracia o, lo que es lo mismo, una forma en que la deliberación se lleva a cabo principalmente en el Congreso en el ejercicio habitual de la política. Veamos por qué.
"El principio que está detrás de promover un mecanismo institucional es evitar un divorcio más profundo entre la ciudadanía y sus representantes. Es cierto que hoy esa relación pasa por momentos difíciles. Pero también es cierto que cuando una relación está deteriorada lo menos que hay que hacer es traicionarla".
El principio que está detrás de promover un mecanismo institucional es evitar un divorcio más profundo entre la ciudadanía y sus representantes. Es cierto que hoy esa relación pasa por momentos difíciles. Pero también es cierto que cuando una relación está deteriorada lo menos que hay que hacer es traicionarla. Lo correcto es intentar recomponer las confianzas y eso, en política, se logra con reformas profundas como algunas de las que se están llevando a cabo. Pero no es aconsejable quitarle al Congreso la posibilidad de tomar una decisión tan fundamental como es la decisión constitucional. Si eso ocurre, también estamos dañando la capacidad de futuros congresos para tomar decisiones relevantes, en momentos de desconfianza similares al actual. ¿Cómo confiar en las legislaturas de mañana si a la que hoy tenemos le “quitamos el piso”? ¿Por qué no volveríamos a hacer lo mismo una y otra vez? La política es demasiado esencial para el progreso de los países para que, enfrentados a un desafío como éste, dejemos de lado la acción de los políticos. La solución es, por medio de reformas legales y también posiblemente de algunos cambios constitucionales, recomponer el matrimonio entre ciudadanía y política, y no negar esta última.
Las otras tres alternativas, con más o menos fuerza, debilitan aún más al Congreso al preferir otros caminos. Y lo hacen sin beneficios muy claros. El caso más evidente es la Asamblea Constituyente. Se dice que es ella la forma más genuina de participación del pueblo. Pero eso tiene mucho de teoría. Muy posiblemente el sistema electoral que se use para elegir a los integrantes de una AC no sea muy diverso al que empezará a regir el 2017 y, por lo mismo, la legitimidad de los electos no variaría sustancialmente. La Convención es una fórmula mixta: incorpora igual número de parlamentarios y de ciudadanos elegidos por el Congreso con el mandato de redactar una nueva Constitución. Estos últimos dejan la sensación que la política no se la puede… y que por eso un grupo de ciudadanos elegidos por políticos serían una forma de control. En otras palabras, ambas fórmulas desconfían de la política y de la representación.
Por último está el plebiscito: la más incierta de todas. No solo porque nos recuerda la fórmula chavista sino porque carece de contenido. ¿Qué elegirá realmente la ciudadanía? ¿Un titular o el detalle del funcionamiento de cada una de las alternativas? Al parecer, lo que quiso hacer la Presidenta al incluirla fue darle en el gusto a un grupo que ha promovido la convocatoria a un plebiscito en que el eslogan (¿quiere una AC?) es más importante que el contenido.
Otra razón para preferir al Congreso por sobre cualquier otra alternativa la ha desarrollado con agudeza la historiadora Sofía Correa. En un artículo en la revista de Estudios Públicos, y más recientemente en el libro de Claudio Fuentes, sostiene que las reformas más exitosas a nuestros textos constitucionales han sido fruto del acuerdo político que se logra en los congresos. Pasó, nos dice, en la Constitución de 1833 y luego en la del 25. ¿Por qué desconocer ahora el escenario político como un lugar de cambios eficaces? La Comisión Bicameral, a su modo, se construye sobre esta premisa.
En definitiva, enfrentados a este dilema, la mejor alternativa es respetar las instituciones vigentes. Y en una democracia que vive, como la nuestra, esa institución es el Congreso que decide a través de los representantes elegidos.
Sebastián Soto V.
Libertad y Desarrollo
