En 1989 quedó derogado el Articulo 119 del Código Sanitario sobre aborto terapéutico, estableciéndose por ley que "No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto". La prohibición incondicional y penada del aborto procurado solo existe en cinco países incluyendo hasta ahora a Chile, ratificada en la postura política de sobre 40 diputados que votaron en contra de las 3 causales del proyecto de ley. Los parlamentarios dicen votar en conciencia, pero lo hacen desde su doctrina política. Argüyen que el tema es valórico, pero entonces, ¿dónde esá el respeto y la consideración de los valores de quienes bregan por una liberalización del aborto? Los “representantes” de la ciudadanía pueden leer en el proyecto de ley que, según diversas encuestas recientes, “más del 70% de los encuestados apoya la despenalización por las tres causales”.

La ciencia confirma que la fertilización de un óvulo humano origina un cigoto con dotación genética humana, dando inicio a una dinámica de multiplicación celular que se despliega durante 14 días hasta la anidación uterina. La adjudicación de un estatus ontológico –de ser humano- y moral –de plenos  e inviolables derechos humanos- al conceptus es virtual, pues dos tercios de estos procesos involucionan en forma natural y desapercibida. De allí que se hable de pre-embrión en la etapa pre-implantatoria, según una nomenclatura introducida por el bioeticista Richard McCormick, S..J.

Toda sociedad es reacia al aborto, pero se ha debido enfrentar la realidad de su prevalencia como un recurso empleado para terminar embarazos no deseados. La despenalización o legalización del aborto tiene dos modelos alternativos: autorizar el aborto bajo determinadas situaciones –ley de indicaciones-, o permitir que la mujer procure el aborto dentro del primer trimestre de embarazo, previa asesoría psicológica disuasiva pero no vinculante –ley de plazos-.  El proyecto de ley establece indicaciones precisas y muy acotadas para legalizar el aborto, lo cual es un paso hacia democracia y autonomía, pero es un paso débil y corto, que requiere ser reforzado.

Primera indicación: el embarazo pone en peligro la vida de la mujer. Esto ya lo sabe la práctica médica: si la madre morirá de continuar el embarazo, este debe ser interrumpido. Las legislaciones menos restrictivas admiten la indicación cuando el embarazo desencadena o descompensa patología severa, aunque no letal, aceptando asimismo las cargas psíquicas, familiares y socio-económicas que la mujer  es incapaz de controlar. El proyecto no va más allá de despenalizar lo que es práctica médica usual.

Segunda indicación: el embrión o feto padece de una “alteración estructural congénita o genética que sea incompatible con ls vida extrauterina”. No obstante, la mayoría de estas severas alteraciones –anencefalia, síndrome de Patau- son compatibles con una vida extrauterina breve –de escasos días o semanas- , y tormentosa, pero el feto no nace muerto, por lo que la solicitud de aborto puede ser denegada por un médico renuente.

En ambas indicaciones, la mujer supuestamente decide, pero lo que hace es solicitar y depender del médico quien, salvo excepciones de urgencia, debe hacer el diagnóstico de indicación cumplida,  “ratificado por el de otro profesional”. La mujer solicita, el médico decide y, dada la extrema restricción de las indicaciones, puede determinar que no ha lugar a la solicitud.

El proyecto reconoce que “se trata de situaciones extremas en que la afectación de la dignidad  y de los derechos de la mujer “ requiere garantizar un “espacio de discernimiento para ella”. Esta “necesaria ponderación” queda borrada con el codo cuando las indicaciones se basan en diagnósticos médicos carentes del menor matiz.

Tercera indicación: el embarazo es producto de “violencia o coerción”. Esta polemizada indicación no diferencia entre violencia y estupro, más allá de determinar la “autonomía limitada” para la edad 14-18,  y la decisión representada (padre, madre, representante legal, juez) para las menores de 14. Tampoco considera que la violación incestuosa conlleva altos riesgos de patología fetal. El requerimiento de denuncia, directa o institucional, y sus posibles consecuencias, es una traba adicional para que la mujer acuda sin temores al sistema médico.

Los debates de la prevalencia en Chile del aborto clandestino no tienen sentido, sean 15.000 según algunos expertos, 100.000 como extrapolan otros científicos. El PL no titubea en dar cifras:  54 muertes de mujeres en “su proceso de gestación” (2012),  “ de las cuales un porcentaje significativo…pudo haberse tratado clínicamente con interrupción del embarazo, para resguardar sus vidas”; 500 casos de muertes neonatales por alteraciones estructurales incompatibles con la vida; la probabilidad de embarazo producto de violación es de “aproximadamente 10%”. Así, “el Gobierno  proyecta que la interrupción del embarazo se podría aplicar a cerca de 2.500 casos en el futuro”.

El problema de salud pública que implica la prevalencia del aborto clandestino y sus secuelas de patología, mercado negro, desigualdad de acceso, prácticamente quedan intocados con el proyecto de ley, desatendiendo que es esta la arista principal que motivó la legalización del aborto en países como Francia e Italia.

Estos brochazos a la situación actual permiten algunas conclusiones: a) Cualquier ley que derogue la prohibición absoluta del aborto no solo es bienvenida, es perentoriamente necesaria; b) El actual proyecto, en extremo restrictivo, no aclara acaso el aborto es despenalizado, o legalizado cuando “la mujer está  en una de las situaciones que la ley lo permita”. El severo problema médico-sanitario del aborto clandestino es apenas rozado.

Las insuficiencias e imprecisiones del proyecto hacen temer que pueda sufrir aún mayores restricciones, e ilustran cómo los debates parlamentarios y mediáticos están vergonzosamente plagados de vacuas retóricas, sesgos, intolerancias y errores que distorsionan el proceso democrático y denotan una pasmosa incultura deliberativa.