Puede que la administración Bachelet no haya errado el diagnóstico. Que, en efecto, la población tenía nuevas e innovadoras demandas; que el tránsito de Chile la obligaba a cambios estructurales; que los sistemas tributario, laboral y educacional e incluso la carta magna ya no estaban acordes a los tiempos.
Puede que Michelle Bachelet, en su segunda administración, haya optado de buena fe por liderar estos cambios, a sabiendas de los costos políticos que podría tener.
Incluso puede que la Presidenta haya salido indemne a las críticas, a la crueldad de las encuestas o a los empellones que desde el inicio se dieron en su propia coalición de gobierno.
Puede que todo haya sido calculado, pero el resultado, lo inmediatamente palpable es, a lo menos, complejo: esta administración no sólo deja el país creciendo a su menor ritmo en cuarenta años, con la inversión duramente golpeada y con las finanzas públicas en una situación de máximo estrés.
No son sólo tecnicismos: esta administración se ve “condenada” a traspasar el mando nuevamente a la derecha, luego de anotar un rotundo fracaso en las parlamentarias y presidenciales, arriesgando que su gestión sea torpedeada desde el primer día por el nuevo gobierno y que Bachelet pierda su última gran lucha, la defensa del legado.
