Poco antes del mediodía del 5 de diciembre de 2005, el helicóptero presidencial se posó sobre el ex Hotel Carrera atrayendo las miradas de los capitalinos que deambulaban por el corazón del barrio cívico. Ricardo Lagos descendió de la aeronave y al poner sus pies sobre la losa no sólo inauguró el flamante helipuerto, sino la remodelación total del edificio, oficialmente convertido desde ese minuto en el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Cancillería ponía fin a su largo historial de allegada VIP. Desde que en 1871 se creó esa cartera, jamás había contado con sede propia. Y ahora, al fin, tenía una a la altura de los requerimientos diplomáticos: amplia, imponente, lujosa, con historia.
La decisión de remodelar el hotel en vez de construir un edificio nuevo -cuyo proyecto ya había sido adjudicado mediante un concurso de arquitectura- cargaba con una polémica. El Colegio de Arquitectos exigió conocer los estudios técnicos que avalaban el cambio, pero éstos permanecieron en reserva hasta hoy.
Invocando la nueva Ley de Transparencia, obtuvimos de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Obras Públicas (MOP) los documentos relacionados con el traslado de la Cancillería.
Éstos revelan que la remodelación costó casi el doble de lo que se estimó inicialmente, con lo que se iguala la inversión total proyectada para el edificio nuevo. Con un agravante: el mismo arquitecto que participó en la elaboración del informe que recomendó el Carrera como la opción más barata, después se hizo cargo -sin licitación- de la remodelación que resultó más cara que sus propios cálculos iniciales.
Y eso que falta agregar un gasto. El proyecto desechado contaba con 224 estacionamientos subterráneos, mientras que el ex hotel sólo tiene 16 -el número que se requiere es de 114-. El costo de comprar o arrendar estacionamientos no fue considerado cuando se evaluó la rentabilidad de los proyectos: según la Contraloría, costará $655 millones en arriendos de aquí a 25 años, cuando se termine de pagar el leasing por el edificio. No es un tema menor, pues la Municipalidad de Santiago no ha he cho la recepción definitiva de las obras precisamente porque, pese a que el ministerio ya cuenta con algunos espacios en los alrededores, aún faltan 40 estacionamientos.
"La Dirección de Obras Municipales puede perfectamente el día de mañana traer unas cadenas y clausurar el Ministerio de Relaciones Exteriores", confirma el director administrativo de la Cancillería, Gonzalo Arenas.
A este cuadro se suma la desaparición de numerosas especies que fueron retiradas del hotel y almacenadas en bodegas del ministerio (ver recuadro pag.36).
Números que no cuadran
Seis meses antes de que Lagos inaugurara la nueva sede, el entonces canciller Ignacio Walker abrió las puertas del inmueble -rebautizado como "Edificio José Miguel Carrera"-, para mostrar a la prensa las obras de remodelación.
"Le costará cero peso adicional al fisco en relación al costo actual del ministerio", dijo el canciller ese día. "Hoy estamos en 13 edificios dispersos y con lo que ahorremos en materia de arriendo, los bienes fiscales que entreguemos y lo que ahorremos en materia operacional, nos permitirán financiar este leasing que asciende a US$ 25 millones en el edificio y US$ 10 millones en la habilitación", agregó.
Nadie reparó en las cuentas de Walker. El canciller certificó con sus palabras que el costo total de la compra y remodelación había sido de US$ 35 millones. Dos años antes, el subsecretario de RR.EE., Cristián Barros, había dicho que la operación costaría sólo US$ 24 millones (US$ 20 millones en la compra y US$ 4 millones en la remodelación), equivalentes a un millón de UF de la época. En sólo un par de años, la operación se encareció casi 46% en relación al cálculo inicial.
Cuando se decidió comprar y remodelar el Carrera, el ministerio desistió de construir un edificio nuevo en la esquina de Moneda con Teatinos, donde el fisco posee un sitio eriazo y algunas oficinas del Registro Civil.
El proyecto fallido era del arquitecto Teodoro Fernández, quien se adjudicó con ese diseño el concurso convocado por la Dirección de Arquitectura del MOP para dotar a la Cancillería de una nueva sede. En ese momento se dijo que construir ese edificio tendría un costo de US$ 28 millones y que la opción del Carrera suponía gastar sólo US$ 24 millones. Por eso, cuando Walker anunció el costo final, las cuentas no parecieron tan convenientes.
En diciembre del año pasado, la Contraloría cerró una auditoría al ministerio en la que certificó que el gasto inicial de US$ 4 millones para la remodelación (168 mil UF) se disparó en 83%. A sólo seis meses de iniciadas las obras se autorizó un primer aumento de casi 65.000 UF y luego otro por 75.000 UF. Con eso, el costo de comprar y remodelar el Carrera al menos equiparó la inversión que debía hacerse para construir el edificio nuevo.
Un negocio poco diplomático
El informe de Inecon
Cuarenta oficinas de arquitectura participaron en el concurso para diseñar la nueva Cancillería. Teodoro Fernández, el ganador, dice que se siente representante de las otras 39 que hicieron un acto de fe en el concurso. Por eso, cuando se enteró -"por la prensa"- de que el gobierno había decidido comprar el Carrera, intentó comunicarse con la Dirección de Arquitectura del MOP, para que le explicaran las razones.
"No hubo respuesta. Ni sí ni no. No pasamos de la secretaria", asegura Fernández.
El Colegio de Arquitectos también pidió que se difundiera la metodología de evaluación que arrojó el proyecto de Fernández al papelero.
"Después de que el ministerio pagó los premios (del concurso) nos dijeron que tenían que hacer un estudio de prefactibilidad. Y nos enteramos por la prensa, porque salió un anuncio de la licitación del estudio, que lo había ganado la empresa Inecon", recuerda Fernández.
El informe de Inecon -que estudió varias alternativas, incluyendo el Carrera y el proyecto nuevo, además de los edificios Santiago Downtown y Morandé 147- nunca fue revelado. "Durante años ha sido casi un mito ese informe. Nadie lo conocía", señala un profesional del área. Sólo la Ley de Transparencia permitió acceder al estudio Prefactibilidad Construcción Edificio Institucional Ministerio de Relaciones Exteriores, documento de 162 páginas y seis largos anexos.
Dudas razonables
El director administrativo de la Cancillería reconoce que el profesional al que Inecon encargó el estudio del Hotel Carrera fue el arquitecto Rodrigo de la Cruz. El mismo que se adjudicaría el diseño de la remodelación.
Arenas explica que fue designado precisamente por el conocimiento que tenía del edificio, debido a que urgía que la Cancillería abandonara la sede del Congreso Nacional en Santiago. Y agrega que lo contrataron a honorarios, sin licitación, por la misma urgencia: "Nos daba la tranquilidad de que no íbamos a tener un nuevo arquitecto que tenía que ver de qué se trataba el proyecto (...). No es que él (De la Cruz) haya influido para que el hotel hubiese sido la mejor opción y después decir me pongo en la cola para que me contraten".
Arenas dice que el factor que inclinó la balanza hacia el Carrera es que es un edificio de planta libre, cuyas divisiones interiores son de tabiquería, por lo que el costo de remodelar era bajo. En todo caso, reconoce que la decisión de designar al mismo profesional genera un problema de imagen.
"Yo hoy habría dicho súper buena idea, pero puede haber una duda de por qué (se le contrata) si este caballero participó en el estudio", reflexiona.
Consultado sobre el tema, De la Cruz sólo comenta que su contratación se ajustó a las normas y que tiene una amplia experiencia porque conoce el análisis de rentabilidad social que usa Mideplan para evaluar inversiones públicas. Y que no ve reparos éticos a su comportamiento profesional.
No fue posible obtener el monto pagado por los servicios de De la Cruz para la remodelación del Carrera, pero el arquitecto fue contratado nuevamente en 2006 y 2007 para rediseñar las oficinas que ocupa la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) en los pisos 10, 11 y 12. Esta obra menor le significó percibir tres pagos que sumaron $7.200.000.
Del informe de Inecon que De la Cruz suscribió junto a otros profesionales, surgen varias dudas metodológicas sobre la forma en que se asignaron los valores a los inmuebles en estudio.
Parece sobrevalorado el costo de 49,1 UF por metro cuadrado que se aplicó al edificio de Teodoro Fernández para decidir que era más conveniente el Carrera. Para llegar a esa cifra se consideró que la compra de nuevas oficinas para trasladar el Registro Civil -que debía salir del sitio donde se construiría el edificio nuevo- costarían 30 UF por metro cuadrado. Pero profesionales del área citan un informe realizado entre julio y septiembre de 2004 por el Departamento de Estudios de ACOP (Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios), el que señala que el costo de comprar oficinas en esa zona era de aproximadamente 25 UF por metro cuadrado. Fuentes del sector inmobiliario agregan que hoy los edificios de oficinas más caros, como los del barrio El Golf, tienen un costo de 47 a 48 UF el metro cuadrado construido.
Un negocio poco diplomático
En el cuadro preparado por Inecon que comparó la rentabilidad social de los edificios, es donde el Carrera sacó una ventaja insalvable para sus escoltas. Pero Teodoro Fernández reclama que en este cálculo no se evaluó debidamente los proyectos:
"Estaba subvalorado el costo de la remodelación de un edificio como el Hotel Carrera. Entre otras cosas, la remodelación no incluía el costo de los estacionamientos, que sí estaban incluidos en el edificio nuevo. Además, que el Estado mantenga un terreno vacío al lado de La Moneda es una pérdida de rentabilidad social que no fue valorada".
El embajador Arenas trata de separar aguas y señala que la evaluación de los inmuebles fue un proceso de la Dirección de Arquitectura del MOP y que la Cancillería sólo escogió la alternativa que se le presentó como la más conveniente. Las obras y su financiamiento sí fueron responsabilidad de su ministerio, procesos en los que actuó con autorización de la Dirección de Presupuesto y el visto bueno de Mideplan.
Costo final: US$ 89 millones
El 31 de julio del 2003, el director de Presupuesto, Mario Marcel, firmó la resolución que autorizó a la Cancillería a endeudarse en un millón de UF mediante un leasing a 25 años y con una cuota mensual de 6.989 UF.
A través de una licitación pública, el leasing fue adjudicado al Banco Santander. Este compró el Hotel Carrera al grupo Luksic en 832 mil UF. El mismo día lo arrendó con opción de compra a la Cancillería, financiando además la remodelación. Al cabo de 25 años, el valor total que pagaría el ministerio sería de 2.065.431 UF. Pero con los dos aumentos de inversión suscritos al año siguiente, el valor final será de 2.306.867,08 UF, monto que según las proyecciones de la Contraloría al 2029, cuando finalice el leasing, equivaldrá a más de US$ 89 millones.
Arenas asegura que la decisión de construir el helipuerto presidencial encareció los costos, junto con la necesidad de redoblar los trabajos para tener a tiempo la obra.
No obstante, en los documentos aportados por la Cancillería para explicar esta alza, no hay detalles del desglose de los gastos. En todo caso, cuando se cerró el negocio con el banco, se fijó como fecha límite para entregar el edificio el 15 de febrero de 2005, pero -y a pesar de los aumentos en la inversión para apurar las labores- fue habilitado recién en agosto de ese año.
Finalmente, el embajador reconoce que el leasing fue contratado con una tasa de interés muy alta (6,85% anual). A su juicio, el año pasado -antes de que la crisis desembarcara en Chile y con los excedentes del cobre en las arcas fiscales- había condiciones para prepagar o renegociar una tasa más baja. "Pero las prioridades del ministerio fueron otras", concluye.
¿Cancilleria clausurada?
La explotación del Edificio José Miguel Carrera es ilegal. En otras palabras, la Cancillería corre el riesgo de ser clausurada.
El director de Obras Municipales de Santiago, Miguel Saavedra, envió el 14 de mayo el Oficio 2331 con la solicitud de inhabilidad para el inmueble. Sólo basta que el alcalde Pablo Zalaquett la firme, lo que podría originar un bochorno de proporciones al gobierno.
A la fecha en que se presentó la solicitud para realizar las obras, el proyecto contaba con los 114 estacionamientos requeridos. A los 16 del hotel se sumaban los del terreno fiscal de Morandé 446, asignado en comodato por Bienes Nacionales a la Cancillería. Nadie reparó en que aquel sitio era el estacionamiento del edificio del Congreso Nacional en Santiago y que si la Cancillería estaba siendo desalojada de la sede parlamentaria, era altamente probable que le arrebataran esos estacionamientos.
Una minuta de la Dirección General Administrativa de la Cancillería indica que se debe buscar estacionamientos en un radio de 600 metros: "Es imposible dar cumplimiento alternativo a la exigencia (...) no existen otros terrenos fiscales destinables y aptos para ser usados en el radio". Arenas explica que, en la otra punta de la madeja, Hacienda se niega a autorizar el gasto: "Nos dice oiga, vea la Ley de Presupuesto, ustedes tienen 16 vehículos asignados, para qué quieren 114", señala.
El mismo Arenas indica que al menos en una ocasión el ministerio recibió una notificación de infracción, pero fue derivada al propietario de edificio: el Banco Santander, que cedió sus derechos a CorpBanca en junio de 2008. Hoy abogados de la Cancillería y de CorpBanca buscan una solución.
Espejos, puertas y lámparas perdidas
"Hace algunos años esas cosas se vendieron y ahora están todas en manos de particulares". Las palabras son de la encargada de una tienda de muebles y decoración de interiores, cuya versión se repite entre vendedores de antigüedades: diversos objetos del Hotel Carrera llegaron al mercado de anticuarios y decoradores. Y no eran los bienes muebles que se remataron el 29 de enero de 2004. Se trataba de las "especies adheridas" al inmueble (grifería, lámparas, puertas).
Éstas fueron desmontadas por funcionarios de la Cancillería y trasladadas a bodegas de la Dirección de Fronteras y Límites, la Academia Diplomática y el Palacio Concha. Muchas fueron reutilizadas en la remodelación (especialmente lámparas, grifería, WC con descarga de pedal y vanitorios con cubierta de mármol), pero un número no precisado "desapareció" de esas bodegas.
El director administrativo de la Cancillería, Gonzalo Arenas, asegura que el ministerio no tenía la obligación de cuidar esas especies, pues no son bienes fiscales, sino que pertenecían al banco que entregó el edificio en leasing a la cartera. El banco "abandonó" estos bienes, dice Arenas. Y habría dado lo mismo almacenarlos que botarlos en una esquina.
La Contraloría no está de acuerdo. En la última página de su auditoría pide un sumario por la "falta de control de las especies desmontadas del edificio". El retiro quedó registrado en un acta del 15 de septiembre de 2004. El catastro detalla "227 espejos, 87 puertas de salas de baño con borde de bronce, 61 vanitorios simples y dobles con cubierta de mármol, 344 lámparas de bronce". La Contraloría no encontró rastros de los bienes en el Palacio Concha. Y sólo detectó algunos en las bodegas de la Academia Diplomática.
Arenas confirma que a seis meses de las observaciones de la Contraloría, el ministerio no sabe dónde están esas especies. "No hubo una precaución de tener la trazabilidad de los bienes", dice, aunque asegura que al no ser del fisco, no había obligación de seguirles el rastro. Pero que existan bienes que desaparecen de bodegas fiscales, sean o no públicos, inquieta a la Contraloría: "La circunstancia de que éstos (bienes) se encuentren en dependencias del ministerio, involucra responsabilidad en su debido resguardo".
