El 26 de agosto pasado, el presidente Sebastián Piñera puso fin al proyecto termoeléctrico Barrancones, saltándose la institucionalidad vigente. Frente a una fuerte oposición, el mandatario detuvo el proyecto, aun cuando, según los servicios técnicos competentes, la iniciativa cumplía con todas las normas y había sido aprobada por la Corema de la III Región.

Este tipo de intervención presidencial es riesgosa. El contexto político-social de los proyectos energéticos es sumamente complejo. Los incentivos que enfrentan las comunidades y los políticos locales apuntan a que éstos se opongan a las iniciativas ubicadas en sus territorios. Ello, porque mientras los beneficios son nacionales (la electricidad fluye al resto del sistema y la recaudación tributaria va al gobierno central), los costos, en términos de impactos ambientales y uso del territorio, son locales. Incluso, después de su construcción, casi no generan empleos ya que el desarrollo tecnológico permite operar con un número cada vez menor de trabajadores. Lo mismo ocurre con las autoridades nacionales. Pero no por la inequitativa distribución geográfica de los costos y beneficios, sino porque las ventajas tardan muchos años en materializarse, mientras que los costos políticos son inmediatos.

Como los períodos presidenciales son más cortos que lo que toma construir una o más centrales, las autoridades enfrentan la tentación de evitar dichos impactos durante sus períodos, aun cuando sus decisiones comprometan el desarrollo futuro del país.

La situación se complejiza aún más porque la ciudadanía no siempre cuenta con la información requerida. Se le presenta una visión sesgada: sólo se muestran las desventajas de los proyectos y no los perjuicios de carecer de suministro eléctrico. a esto contribuye el hecho de que lo verde está in. Es tan atractiva la causa ambientalista, que es difícil encontrar personas y medios dispuestos a dar un tratamiento equilibrado.

En este contexto, es imprescindible contar con una institucionalidad ambiental sólida, que garantice que los proyectos que cumplan con todas las normas reciban las autorizaciones correspondientes; y que aquellos que no cumplan, sean rechazados. La ausencia de una marco preciso expone al país a que, producto de una combinación de localismo, cortoplacismo y populismo, un proyecto se lleve a cabo debido a su popularidad, y no a la evaluación de sus impactos. lo que toma décadas en construirse puede destruirse en un instante.

Afortunadamente, el gobierno está consciente de lo anterior, y ha señalado que lo de Barrancones fue excepcional y no se repetirá. Por el bien del país es de esperar que así sea.