La noche del 20 de mayo, justo después de la manifestación contra el proyecto HidroAysén que reunió a 60 mil personas frente a La Moneda, el presidente Sebastián Piñera tuvo una conversación que lo dejó más intranquilo. El interlocutor era su hijo Cristóbal. "Papá, yo estoy completamente en contra de HidroAysén. Y si pudiera, también saldría a protestar", le dijo al mandatario en las horas previas a la cuenta pública del 21 de mayo.
La respuesta a esa afirmación la dio a conocer este martes, en el matinal Mucho Gusto, de Mega. "Le dije que si yo tuviera su edad, habría hecho lo mismo", señaló.
En las últimas semanas, Piñera se ha abocado a encontrar una respuesta al fuerte malestar social reflejado en las manifestaciones masivas por diversos temas, como la educación y la convocada para este sábado en apoyo al matrimonio homosexual liderada por el escritor Pablo Simonetti, quien espera reunir a lo menos 30 mil personas.
El mandatario ha recibido numerosas encuestas de diferentes firmas, y todas tienen la misma conclusión: la ciudadanía refleja un fuerte recelo con toda la clase dirigente. Las clases bajas y media dicen que los beneficios están, pero que no les llegan a ellos. No sólo hay demandas puntuales, sino pedidos de cambios más profundos. Y hay un clamor por la fiscalización a los poderosos, lo que coincide con el estallido del escándalo de La Polar y con los efectos del caso Karadima.
Con algunos matices, la pregunta se está repitiendo no sólo en La Moneda, sino en la oposición, en los círculos empresariales y en la Iglesia: ¿cuál es la magnitud de la crisis detrás de las protestas? Las personas consultadas coinciden en un punto: hasta ahora hay más preguntas que respuestas sobre la mesa.
La inquietud de la élite
El martes recién pasado, el tradicional encuentro quincenal de los dirigentes de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) volvió a tener entre sus temas las movillizaciones sociales. En el encuentro, un desayuno que se extendió por cerca de una hora y media el que estaban presentes, entre otros, el presidente de la entidad, Lorenzo Constans, y los jefes de la SNA y la Sofofa, Luis Mayol y Andrés Concha, la invitada fue la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
La instancia fue aprovechada por los empresarios para hacer presente a Benítez su inquietud por el escenario que enfrenta HidroAysén. Y posteriormente analizaron en privado las implicancias de las movilizaciones. Tal como se había dado en la reunión previa, la inquietud por los eventuales alcances de las protestas fue la tónica.
"Hay un cierto grado de preocupación. Todo el mundo se ha visto sorprendido, incluso el gobierno y la prensa", fue la síntesis hecha por un alto dirigente empresarial sobre la evaluación existente entre sus pares. Por eso, en los encuentros de la CPC se han esbozado algunas hipótesis, como que el escenario es el reflejo de una insatisfacción acumulada durante mucho tiempo y que las motivaciones para salir a la calle hoy son más emocionales que racionales. Pero también hay críticas a cómo ha enfrentado el tema el gobierno. "La Moneda reacciona frente a los acontecimientos y se nota una cierta improvisación por el desconocimiento del fenómeno", planteó el mismo líder gremial.
La Iglesia también está siguiendo paso a paso el proceso. A inicios de esta semana, el arzobispo Ricardo Ezzati hizo un espacio en su agenda para contactarse con el ministro Larroulet, su contraparte en el gobierno. Ambos dialogaron por cerca de media hora sobre sus visiones de las protestas. No era la primera gestión de Ezzati: hace dos lunes se reunió con los representantes de los estudiantes movilizados.
La Conferencia Episcopal encomendó a dos instancias el seguimiento de las movilizaciones: la Comisión Justicia y Paz y la Vicaría de la Pastoral Social, encabezada por el padre Rodrigo Tupper.
Piñera se ha abocado a encontrar una respuesta al fuerte malestar social reflejado en las manifestaciones por diversos temas, como la educación y la convocada para este sábado en Plaza Italia en apoyo al matrimonio homosexual.
En el mundo eclesiástico también el análisis apunta a un fenómeno novedoso y con características distintas. Una muestra fue el interés de los estudiantes de diversos colegios católicos a cargo del Arzobispado por ir a la marcha del jueves 16. De hecho, al interior de esas instituciones señalan que la recomendación fue dar facilidades a los alumnos que quisieran asistir a la protesta, algo no muy usual en colegios privados. "Hay muchas manifestaciones descolgadas de las instituciones tradicionales, de los partidos políticos, y que se reúnen para protestar o hacer valer su voz. Nos parece que esto no es puntual, que aquí hay una tendencia", comentó el padre Tupper.
Un debate incómodo
¡Indignaos!, del francés Stéphane Hessel, se ha convertido en uno de los textos de cabecera de varias autoridades del gobierno en su afán por entender la situación. El libro, escrito el año pasado, fue un éxito de ventas en Francia y España, e inspiró un amplio movimiento de manifestaciones en ese último país.
Sin embargo, no es la única experiencia que se monitorea. Hasta las oficinas de la División de Estudios de la Segpres han llegado en los últimos días varios libros y papers sobre las movilizaciones sociales de la década pasada en Canadá, Estados Unidos y Europa contra instancias como el G-8 o el cambio climático. Además, la División de Coordinación Interministerial está supervisando los potenciales conflictos a nivel nacional y regional. "Hay un monitoreo sistemático por parte de instituciones del gobierno", dijo Larroulet a Qué Pasa.
Piñera ha confesado a sus cercanos que, en su visión, nadie tiene clara la verdadera razón del estallido social. Por eso, el presidente ha pedido opiniones a los más diversos analistas; e incluso consejos a autoridades internacionales, como Nicolas Sarkozy y David Cameron.
Una de las instancias de análisis más francas se dio el pasado viernes 17. Ese día, el presidente convocó a un almuerzo con agenda abierta a sus ministros más políticos, entre ellos Felipe Bulnes, Andrés Allamand y Evelyn Matthei, además de los senadores Andrés Chadwick y Alberto Espina.
Durante una larga sobremesa, que se extendió por más de tres horas, Piñera escuchó diversas tesis y diagnósticos sobre la situación social. Sin embargo, buena parte de las intervenciones apuntaron a desdramatizar las manifestaciones. Chadwick, por ejemplo, afirmó que eran un signo del "fin de la transición", pero además planteó algo que es comentado en sectores opositores: el efecto del cambio de gobierno en las protestas. "Durante todos estos años hubo una masa afín a la Concertación que estuvo contenida, con dirigentes sociales que apaciguaban los ánimos para que no hubiera protestas, y que ahora ve en cualquier cosa posibilidades de manifestarse", señaló, agregando que este fenómeno se produciría con todos los gobiernos de ahora en adelante. "No hay que ponerse nerviosos ni dramatizar", planteó.
La conclusión de Piñera sobre el escenario la resumió el martes en el matinal de Mega: "Es una energía que yo encuentro positiva. Siempre, como toda energía, hay que saber encauzarla. Es como la fuerza de un río: si se desborda, lo único que hace es producir daños", dijo. Incluso, en el entorno presidencial, sobre todo entre los funcionarios "sub 40", se destaca una arista: que las manifestaciones están siendo pacíficas. "Eso nos acerca a ser un país desarrollado", dicen en Palacio.
Sin embargo, hay un punto que inquieta a La Moneda: sus análisis indican que el fenómeno de la baja aprobación está lejos de desvanecerse. La visión es que tanto la próxima encuesta Adimark como el estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) que se revelarán en julio mostrarán índices en torno al 30%, lo que podría ser "caldo de cultivo" para nuevas protestas y pedidos de cambio de gabinete.
En el entorno presidencial afirman que hay que "aguantar el chaparrón", e incluso dan por perdidos los próximos tres meses, que coinciden con el invierno. La estrategia definida es mostrar "hechos concretos". Por ello, Larroulet hizo un catastro de todas las obras que pueden ser inauguradas en el país en los próximos 90 días, varias de ellas hospitales, con el fin de que el presidente y sus ministros se desplieguen "en terreno". También se acordó destinar millonarios recursos a concretar los planes emblemáticos de Piñera, intentando borrar las críticas sobre la "letra chica" de sus proyectos; impulsar una agenda de fiscalización en temas financieros y perseguir responsabilidades en el caso La Polar; y se está evaluando el lanzamiento de un amplio plan de reformas laborales para las próximas semanas. En Palacio reconocen que las medidas no apuntan directamente a las demandas expresadas en las protestas, pero creen que pueden ayudar a descomprimir el clima político y social.
Los think tanks al trabajo
"¿Son las manifestaciones una manipulación de los sectores de izquierda para afectar al gobierno, o el reflejo de un malestar social acrecentado por errores en la conducción?". Esa fue la pregunta planteada por el analista Eugenio Guzmán ante una veintena de asistentes en un reservado encuentro organizado el pasado viernes 10 por el instituto Libertad y Desarrollo.
La Iglesia también está siguiendo paso a paso el proceso. A inicios de esta semana, el arzobispo Ricardo Ezzati hizo un espacio en su agenda para contactarse con el ministro Larroulet, su contraparte en el gobierno. Ambos dialogaron por cerca de media hora sobre sus visiones de las protestas.
La cita buscaba reflexionar sobre temas vinculados a la labor del gobierno, y contó con la asistencia, entre otros, del director de LyD, Luis Larraín, y de Fernanda Otero, una de las principales asesoras comunicacionales de La Moneda.
Según cuentan los presentes, el tema de las protestas generó un extenso debate. Varios de los presentes reconocieron que sentían inquietud por cómo el escenario podía afectar el desempeño del gobierno. Entre los puntos que se comentaron estuvo el hecho de que las manifestaciones mostraban una creciente "desintermediación política" de los ciudadanos: es decir, que se saltan a los grupos tradicionales, como los partidos. Y además, se planteó el temor de que, a mediano plazo, el sistema político no sea capaz de abordar las demandas y que se imponga la ley "del que grita más fuerte". Por eso, en LyD son cautos al señalar que están siguiendo de cerca el tema, pero que aún están esperando su evolución.
En el caso de los centros vinculados a la Concertación, las fundaciones Chile 21, Democracia y Desarrollo y Friedrich Ebert se asociaron el lunes pasado para hacer un seminario sobre "Medios sociales, movilización ciudadana y democracia", enfocados en el poder de internet a la hora de organizarse. Mientras tanto, ProyectAmérica y el Instituto Igualdad están trabajando en un documento conjunto en que plantearán reformas al sistema político, apuntando a mecanismos que favorezcan la democracia directa. El trabajo está a cargo del ex ministro PS Ricardo Solari, el experto electoral PPD René Jofré y el cientista político Ernesto Águila. "Hay muchos deberes de la política en cuanto a que este movimiento tenga alguna expresión de solución. La democracia representativa tiene en Chile muchas limitaciones", dice Solari.
El tenso clima político ha complicado algunos intentos de trabajo conjunto. El lunes pasado, Cieplan y el CEP tenían programado un seminario sobre la importancia de acuerdos en la educación, que fue suspendido a último minuto. "No era el momento", reconocieron.
El temor opositor
Mayo de 1968 es la fecha que ha comenzado a circular desde hace un par de semanas en los círculos vinculados a la Concertación. Y es que dirigentes de los partidos han recordado el hito de las protestas estudiantiles francesas como una lección que debe internalizarse: si bien en esa época Francia estaba gobernado por la derecha, la izquierda no fue capaz de capitalizar el malestar, e incluso perdió todas las elecciones presidenciales posteriores hasta 1981.
Con ese fantasma de fondo, en la oposición circulan varias tesis sobre el rol que deben adoptar ante las protestas. La división es transversal, y quedó reflejada en las posturas diferentes adoptadas por los senadores Camilo Escalona e Ignacio Walker: mientras el primero llamó el sábado al conglomerado a "no tratar de apoderarse de las manifestaciones", el presidente de la DC señaló el lunes que la coalición buscaría "encauzar y dirigir" las demandas. Por su parte, el presidente del Senado, Guido Girardi (PPD), ha buscado mantener un contacto permanente con las organizaciones sociales. "Hay pocos entusiastas, muchos cautos y un grupo importante de dirigentes, principalmente de la élite concertacionista, que está preocupado de que el tema pueda estallar en un próximo gobierno", señala el vicepresidente del PPD, Jorge Insulza.
El tema también ha sido discutido en los encuentros que periódicamente organiza el sociólogo y empresario PS Óscar Guillermo Garretón, a los que asisten figuras como Ricardo Lagos, Andrés Velasco, Claudio Orrego y Jorge Navarrete. Aunque Garretón plantea que éste no es un grupo con carácter permanente -"me gusta conversar con muchos amigos"-, sí reconoce que se ha analizado el cambio social que se está produciendo, incluso con la participación de sociólogos y expertos en el mundo del consumo. "Tras 20 años de Concertación, hay un 'hijo' que es la nueva sociedad chilena. Y la política ha sido mucho más ineficiente que el retail para determinar los cambios. Normalmente reacciona tardíamente, cuando se encuentra con los hechos. No se anticipa", plantea Garretón.
En el entorno de Michelle Bachelet, en tanto, ven con simpatía las movilizaciones, ya que, según remarcan, van en la línea con lo planteado por la ex presidenta sobre el "empoderamiento" ciudadano. Y además, lo ven como un castigo a un sector que cuestionó duramente el manejo de la entonces mandataria durante protestas como la de los pingüinos en 2006. Por ello, varios personeros cercanos a la ex mandataria marcharán este sábado en la manifestación a favor del matrimonio homosexual. Una fuente del entorno bacheletista lo resume así: "Ahora están viendo que no es lo mismo gobernar".
