La trama es así. Un joven actor que cambia sus roles protagónicos en TV por un ministerio con una compleja historia previa. Que luego comienza a destacar y llega a ser el segundo miembro mejor evaluado del gabinete. Y que, de pronto, se ve enfrentado a un potencial escándalo por una investigación que complica a su subdirector, amigo de colegio y hombre de confianza.
Es el escenario que enfrenta Luciano Cruz-Coke en el Ministerio de Cultura. Desde hace dos meses, la Unidad de Auditorías Especiales de la Contraloría, la misma que indagó casos como la compra del puente mecano sobre el río Biobío y el acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y la empresa Kodama, está revisando los contratos suscritos por la entidad. Todo por denuncias que involucran principalmente acuerdos suscritos por el subdirector de la institución, Gonzalo Martin de Marco.
El organismo fiscalizador está examinando especialmente convenios hechos mediante tratos directos por alrededor de $400 millones. Una indagación que sería publicada en las próximas semanas, y que amenaza con incluir cuestionamientos a la gestión del único ministro, junto a Laurence Golborne, que supera la barrera del 70% de aprobación: en la encuesta Adimark de julio Cruz-Coke llegó a 73% de apoyo.
Aunque el ministro ha preferido guardar silencio, en su entorno reconocen que está pendiente del tema. Que incluso ha evitado tomar contacto con el contralor Ramiro Mendoza para desestimar cualquier gesto que se pueda interpretar como presión.
La mano derecha
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) es una de las reparticiones que han estado en la mira de Contraloría en los últimos años. De hecho, en 2009 publicó un duro informe sobre la gestión de la ex ministra Paulina Urrutia, que incluyó órdenes de sumarios, pedidos de devolución de fondos e incluso una sanción administrativa contra el ex subdirector Arturo Barrios.
Por eso, cuando Cruz-Coke asumió el puesto, una de sus prioridades fue el área de administración. Desde el primer minuto esa tarea quedó en manos de Gonzalo Martin de Marco, un ex gerente de empresas informáticas y ex compañero suyo en los Sagrados Corazones de Manquehue, quien llegó al CNCA como su jefe de gabinete.
Martin de Marco se convirtió rápidamente en su "mano derecha", y por eso nadie se extrañó cuando el 10 de septiembre del 2010 fue designado como subdirector del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en reemplazo de Nicolás Bär. Cuando Cruz-Coke lo presentó públicamente destacó dos cosas: que su recién nombrado subsecretario había sido el gran gestor para sacar al CNCA de Dicom, y que estaría a cargo de un amplio proceso de renovación de la gestión administrativa del ministerio.
"Hasta el año pasado, este servicio funcionaba sin ningún sistema y todos los trámites se hacían en base a papel, lo cual nos tenía inmersos en un gran desorden que no nos permitía tener el control de una institución que maneja un presupuesto de más de $60 mil millones al año. Ni siquiera teníamos computadores para todos los funcionarios", explica hoy Martin de Marco.
Asesorías en la mira
El 13 de julio es una fecha que recuerdan bien en el ministerio. Ese día, dos funcionarios de la Unidad de Auditorías Especiales de la Contraloría solicitaron copias de los contratos de la entidad con Miguel Ángel Navarro, un ex funcionario del BancoEstado al que el CNCA contrató para una consultoría que incluía generar un sistema nacional de pagos a proveedores y transferencias electrónicas, y negociar con bancos para conseguir productos que permitieran aumentar los ingresos de Cultura.
El 14 de octubre de 2010, Navarro firmó un primer contrato con la repartición, en que se fijaba un sueldo de $3.111.111, pero además una comisión del 10% "por concepto de obtención de los auspicios, aportes o regalías a favor del Consejo que resulten de la negociación" con los bancos, con un tope de $20 millones.
La gestión de Navarro permitió, según aseguran en Cultura, que el BancoEstado firmara un convenio para administrar la cuenta corriente de este ministerio. Además, la entidad bancaria se comprometió a pagar intereses por el manejo de estos fondos.
Dos meses y medio después, el 28 de enero de 2011, y luego de que Navarro sellara este acuerdo, su contrato con el CNCA fue modificado en un único punto: el monto máximo de comisiones sería ahora de 2.500 UTM ($92 millones) y sólo podría cobrarlo en las dos primeras cuotas -la primera en junio de este año y la segunda en enero del 2012-. El 11 de julio pasado, el funcionario cobró su primera comisión, por $27.516.598.
Hasta ahora, en la Contraloría apuntan a que existen suficientes datos como para solicitar al menos un sumario administrativo. Las medidas pueden llegar más allá: si se presume la existencia de un fraude al Fisco, enviarán los antecedentes al CDE y al Ministerio Público.
El primer contrato está firmado por Martin de Marco y su modificación fue suscrita por Cruz-Coke. Sin embargo, en uno de los párrafos del segundo documento se indica que el cambio fue hecho a partir de un memorándum interno del 11 de enero enviado por el subdirector, en que éste "solicita la modificación del contrato de prestación de servicios del proveedor".
El caso está siendo estudiado con especial detalle por la Contraloría, pues podría haber hasta cuatro anomalías. Primero, que en la administración pública está prohibido trabajar con comisiones, las que en este caso además son mucho más elevadas que el porcentaje que cobran las principales corredoras del mercado (entre 2% y 3%). Segundo, la modificación del contrato, que aumentó hasta cuatro veces el monto posible del pago. Tercero, que la labor encomendada a Navarro debió haber sido hecha por un funcionario público. Y cuarto, que, según la Ley de Bases del Estado, los organismos públicos tienen como obligación "cumplir sus cometidos coordinadamente", por lo que no correspondería que un intermediario obtuviera un pago por hacer una gestión entre una repartición pública y el BancoEstado. "Los antecedentes que hay ameritan una muy buena explicación. Y a mí me parece que es muy difícil que la den", dice el diputado DC Jorge Burgos, quien hizo una presentación por este tema a Contraloría a inicios de agosto.
Hasta ahora, en la entidad fiscalizadora apuntan a que existen suficientes datos como para solicitar al menos un sumario administrativo. Las medidas pueden llegar más allá: si Contraloría presume la existencia de un fraude al Fisco enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.
Sin embargo, Martin de Marco afirma que la gestión de Navarro ha generado fuertes ganancias para la institución. "Luego de su gestión, el CNCA pasó de pagar cerca de $5 millones mensuales a la banca por sus servicios a recibir $55 millones por concepto de intereses. Esto significa que de aquí al 2014 el CNCA recibirá la suma aproximada de $2 mil 640 millones", asegura.
Además, la Contraloría detectó que existía una reiteración de contratos a través de trato directo, es decir, asignaciones a empresas sin licitación previa. En esa línea, se están indagando, entre otros, tres órdenes de compra de artículos computacionales con la empresa ECM Consulting, por un valor de $229 millones, y seis contratos con la firma de auditorías IMG Consultores, por $53 millones. En este último caso, también se está investigando una licitación por $78 millones otorgada a esta firma, en circunstancias de que su competidor, Fortunato y Asociados, presentó una oferta por $41 millones.
Sobre este tema, Martin de Marco señala que, en el caso de ECM, la empresa habría sido la única en Chile que tenía un software contratado por la anterior administración, y "cuando hay proveedor único, la ley permite contratar en forma directa". Sobre IMG, el subdirector del CNCA asegura que "hay dictámenes recientes de Contraloría que indican específicamente que es correcto contratar a la mencionada consultora por esta vía".
El "enemigo" en casa
A esta situación se ha sumado otro factor que complica el clima en el ministerio: la tensa relación entre la Agrupación de Funcionarios (Anfucultura) y las autoridades de la cartera. De hecho, buena parte de las denuncias que está investigando Contraloría fueron presentadas por la organización sindical.
El vínculo ha sido especialmente complejo con Martin de Marco. Uno de los puntos que cuestiona la agrupación es la rapidez del proceso de nacionalización del hoy subdirector, argentino de nacimiento. El decreto del Ministerio del Interior oficializando su ciudadanía chilena fue firmado el 23 de junio del año pasado, cuando ya estaba trabajando en Cultura y 19 días después de la renuncia del ex subsecretario Nicolás Bär. En la entidad aseguran que todo el proceso se hizo en regla.
En el ministerio hay malestar por las diversas filtraciones que ha habido sobre la investigación, las que atribuyen a funcionarios de la propia entidad. "Las denuncias están inscritas en una estrategia política para tratar de opacar y frenar el enorme trabajo que nuestra administración realiza", afirma Martin de Marco.
Pero la presidenta de Anfucultura, Marianela Riquelme, discrepa: "Queremos que la investigación se termine lo antes posible y que, de haber sanciones, la justicia caiga también en quienes toman las decisiones".
