La mañana del 6 de septiembre, el periodista Antonio Neme recibió un llamado telefónico desde la Fuerza Aérea de Chile. Su interlocutor, un general del Alto Mando, le confesaba: "Te necesitamos". Habían pasado tres días del accidente, cuando un avión de la institución con 21 pasajeros cayó al mar en los alrededores de la isla Juan Fernández. A esas alturas, los dardos que apuntaban a la responsabilidad de la FACh en la tragedia comenzaban a ser disparados con más fuerza.
Las principales críticas apuntaban a la supuesta inexperiencia de vuelo de la teniente Carolina Fernández, a la posible sobrecarga del CASA 212 y a la falta de combustible de la nave. Además, se recriminaba que el comandante en jefe de la institución, Jorge Rojas, y su secretario general, Maximiliano Larraechea, eludían la responsabilidad de la Fuerza Aérea, incluso antes de iniciar una investigación seria que aclarara con certeza lo ocurrido.
En una primera instancia La Moneda no evaluó bien el manejo comunicacional de la FACh ni su relación con los medios. "Se demoraron demasiado en reconocer el accidente y luego en publicar la lista de pasajeros", aseguran desde palacio. Por lo mismo, el ministro Andrés Allamand le exigió a la institución que acelerara la entrega de información. La tensión llegó a tal punto que en el gobierno se discutió incluso la posibilidad de alejar al general Rojas del mando: el objetivo era descomprimir la crisis que iba en alza. Sin embargo, en Defensa desecharon esa idea. Prevaleció el juicio de que lo más prudente era que la actual jefatura enfrentara los posibles cuestionamientos que se generaran y asumiera las eventuales responsabilidades.
Pero los problemas no se remitieron sólo a la lentitud de los anuncios. Además, el Alto Mando de la FACh al comienzo de la crisis fue reticente a aceptar la presencia de periodistas en la isla y se negó sistemáticamente a dar entrevista sobre lo que estaba sucediendo. Tanto, que por ejemplo los periodistas de Contacto e Informe Especial sólo pudieron viajar tres días después de ocurrida la tragedia. "Volarán sólo los necesarios", era el mensaje.
Entonces, el ministro Allamand decidió intervenir. Aprendida la lección tras el episodio de los 33 mineros atrapados en el yacimiento San José, resolvió abrir las puertas a la prensa y apostar por la transparencia total. De esta manera, el titular de Defensa asumió las alocuciones desde la isla, mientras que el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, lo hizo desde Santiago.
El mensaje de Allamand penetró las altas cúpulas de la Fuerza Aérea y desde ahí se comenzó a desarrollar un plan de contingencia para enfrentar la crisis comunicacionalmente. La tarea recayó en manos del coronel Dennis Harvey, jefe del Departamento Comunicacional de la institución. Su labor no fue fácil: en el accidente habían muerto el comandante Rodrigo Fernández -jefe del departamento de Prensa- y el periodista José Cifuentes, quienes hasta entonces lideraban las relaciones públicas de la FACh. "Esta tragedia, la peor en la historia de la FACh, sorprendió a la institución desprevenida y desprovista de las dos personas que se habían relacionado históricamente con los medios", dicen desde esa rama de las Fuerzas Armadas.
En un comienzo, La Moneda no evaluó bien el manejo comunicacional de la FACh. "Se demoraron demasiado en reconocer el accidente y luego en publicar la lista de pasajeros", aseguran desde Palacio. Por eso, el ministro Allamand les exigió acelerar la entrega de información.
Por eso, ese martes 6 de septiembre, contactaron a Neme. El periodista es un viejo conocido en la FACh: hace siete años -y a través de su empresa Comunicaciones Fran Limitada- realiza media training a los miembros de esa institución. Una hora después de ese llamado, llegó junto al general Larraechea hasta el Grupo 10 de la FACh. Inmediatamente comenzaron a preparar la primera conferencia de prensa que la Fuerza Aérea dio en extenso: por más de una hora, con mapa y Power Point en mano entregaron toda la información de vuelo que había disponible a la fecha. Además, el secretario general de la FACh descartó en esa oportunidad la falta de combustible y la inexperiencia de la piloto como causales del accidente. En vez, habló de un "impacto de pájaros" o un problema mecánico. O una combinación de factores.
Allamand toma el mando
Esa conferencia de prensa fue en general bien recibida por la opinión pública y en algunos sectores de La Moneda: se valoraron principalmente el desenvolvimiento y carisma del general Larraechea. Sin embargo, otras miembros del oficialismo piensan que pecó de "locuaz" y aseguran que cometió errores importantes. "En concreto, sugirió la tesis de los pájaros, poniéndola al mismo nivel que las teorías de la falta de combustible o los problemas climáticos, que son más serias. Habló en forma excesiva, y en tiempos de crisis se debe controlar la información para evitar abrir nuevos flancos", indican.
En esta línea, agregan que el de Larraechea fue un protagonismo producto del azar: el comandante en jefe de la FACh, Jorge Rojas, se instaló en Juan Fernández para liderar las operaciones de búsqueda, dando paso para que su secretario general enfrentara las cámaras y consultas en Santiago. Sin embargo, a los pocos días sus alocuciones disminuyeron y hoy casi no figura.
En cambio, la evaluación del rol que ha asumido el general Rojas ha ido de menos a más. "Si bien el comandante en jefe es parco y carece de habilidades comunicacionales, ha demostrado un compromiso total con el tema. Es el primero en llegar y el último en irse de las labores de búsqueda, las cuales ha liderado con pragmatismo y eficiencia. Sabe que enfrenta un momento histórico y, por lo mismo, entiende que deberá encabezar los cambios en las normativas que este accidente producirá en la FACh", explica un personero de gobierno.
Pero no todo son recriminaciones sobre el actuar de la FACh ante la crisis. Según Raúl Vergara, capitán en retiro de la FACh y ex subsecretario de Aviación, las labores de rescate se han visto afectadas por la presión de la prensa y el luto que se vive al interior de la propia institución. "En este caso ha habido una cobertura tremenda, lo que hace que cualquier error que suceda quede expuesto de manera evidente. Por ejemplo, el caso del cabo Manuel Vera Abelloque murió en la pista de aterrizaje, aunque desconozco los detalles, creo que cuando hay una operación tan masiva de medios en un lugar tan estrecho los riesgos son mayores".
Con todo, Allamand sigue monitoreando de cerca cada vocería que se hace por el tema. Antes de partir de viaje a Noruega e Israel, el martes pasado, dejó coordinado con los comandantes en jefe de la FACh y la Armada cómo debían manejarse comunicacionalmente: les pidió que le enviaran dos informes diarios de lo que ocurre en Juan Fernández. También dejó establecido cómo deben ser las alocuciones del general Javier del Río -a cargo de la operación Loreto- y del comandante de la Armada Harald Sievres.
El titular de Defensa además les encomendó realizar una vocería diaria a las 18 horas. Les recomendó ser cuidadosos al entregar información sobre los eventuales hallazgo de restos humanos y que pusieran énfasis en que lo primero es derivarlos al Servicio Médico Legal. Del mismo modo, les manifestó la importancia de que se mantenga la señal de que se trabaja con la misma intensidad que en los primeros días.
Después de la tragedia
Escenario legal
Otro tema clave en el manejo de esta crisis es el frente jurídico. Un paso relevante en esta línea fue la designación de un ministro en visita para que investigara las causas del accidente. La petición de esta diligencia fue hecha por el gobierno y a cargo de su nombramiento estuvieron tres jueces militares y dos civiles. La tarea recayó en manos del magistrado Juan Cristóbal Mera, quien ha encabezado la reconstitución de escena, los interrogatorios a testigos y los peritajes al fuselaje de la nave. Además, ha pedido informes a la FACh a la empresa CASA. Como no existe experiencia en accidentes aéreos de gran escala, Mera está buscando en la actualidad expertos internacionales para que realicen un estudio técnico en este sentido.
Cercanos al juez aseguran que ha recibido en todo momento la colaboración de la FACh para su investigación. Sus principales interlocutores dentro de la institución son el coronel Francisco Javier Torres, cabeza de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación (JIAA) y el general Juan Hargous, auditor general de la institución.
El propio Hargous, en conjunto con el cuerpo de abogados de la institución, es responsable de analizar las diversas aristas legales comprometidas en este episodio. Entre ellas, el tema de los seguros y los derechos de los pasajeros que viajaban en el CASA 212 siniestrado. Con todo, en el gobierno su trabajo no ha sido bien evaluado. "En su comparecencia ante el Senado el martes 13 de septiembre -citado por la Comisión de Defensa para exponer sobre el accidente- se mostró incapaz de dar explicaciones racionales o definiciones dignas respecto a las regulaciones de los vuelos. Estuvo muy por debajo de lo que se espera de un general", indican.
Por otro lado, personeros de la FACh han mantenido conversaciones con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que la legislación chilena establece que el CDE está a cargo de la defensa judicial de la Fuerza Aérea, por ser ésta una institución parte de la administración central del Estado. De ahí que sea este organismo el encargado de proteger a la Fuerza Aérea en eventuales querellas y/o demandas civiles por su responsabilidad en el accidente.
En ese sentido, una de las aristas que podrían complicar a la FACh es el tema conocido como "compromiso de vuelo", documento que deben firmar todos los civiles que abordan aviones de la institución y que exime a ésta de cualquier responsabilidad en caso de accidente.
"El general Rojas es parco y carece de habilidades comunicacionales, pero ha demostrado un compromiso total. Es el primero en llegar y el último en irse de las labores de búsqueda, las cuales ha liderado con pragmatismo y eficiencia. Sabe que enfrenta un momento histórico", explican desde el gobierno.
El viernes pasado, los diputados DC Gabriel Ascencio y Gabriel Silber hicieron una presentación ante la Contraloría para que la entidad se pronuncie sobre la legalidad de este documento. Y si bien la denuncia aún está en proceso de análisis por parte de la división jurídica del organismo, quienes conocen del tema señalan que la actuación de la FACh podría ser objetada por el contralor Ramiro Mendoza.
Desafíos futuros
Pero el tema incluso podría ir más allá. La presentación de los diputados DC permitiría dar pie para que Mendoza se pronuncie sobre la pertinencia de los vuelos en que la FACh lleva a civiles, en una línea similar a lo que realizó en diciembre de 2008 sobre los viajes hechos por el buque "Aquiles" de la Armada.
En esa oportunidad, el contralor determinó que sólo se podía invitar a civiles en ocasiones excepcionales y con propósitos específicos, señalando que no procedían los viajes "turísticos, comerciales, estudiantiles o de otra índole" que no guarden relación con los fines de la rama castrense. Con ese precedente, la Contraloría podría aplicar un criterio parecido y establecer una normativa más estricta para los vuelos de la Fuerza Aérea con civiles a bordo.
Este episodio revela un vacío reglamentario respecto al transporte de civiles por parte de la FACh. Hay normas en desuso y áreas grises, como el documento que hacen firmar a los civiles. El desafío futuro de Defensa y de la FACh será fijar una nueva normativa al respecto.
De hecho ya se observan algunos cambios: el martes pasado, tanto al presidente Piñera como a los miembros de la comitiva de prensa que viajaron en el avión presidencial a Estados Unidos se les sugirió contratar en forma particular un seguro de vida, salud y contra accidentes. Del mismo modo, la FACh contrató un seguro Gold que cubre a los pasajeros. También entregó una carpeta con la ley que exime a la institución de sus responsabilidades en caso de siniestro.
El día D
La tarde del accidente, los primeros familiares en llegar al Grupo 10 de la FACh fueron el hermano de Galia Díaz y su marido. Luego arribaron los padres del periodista de TVN Roberto Bruce.
A medida que iban apareciendo los familiares de las víctimas -muchos no fueron esa noche-, personal de la Fuerza Aérea los recibía. Para contenerlos, les proporcionaron un médico y un psicólogo institucional. También dos capellanes: uno católico y otro evangélico.
Durante la noche, a las familias se les dio café y galletas. Al día siguiente, la FACh les dio desayuno y almuerzo. La institución dispuso de tres espacios para que estuvieran los familiares: un living, un pequeño comedor y gran parte del casino del lugar. Siempre se les mantuvo alejados de la prensa.
En esta misma línea, y para mejorar la relación con las familias, la FACh designó a 21 oficiales de enlace con el grado de comandante de escuadrilla para que hicieran de nexo entre la institución y los familiares de las víctimas. Son ellos quienes las acompañan hasta hoy y su nexo con el ministro de Defensa, Andrés Allamand.
