El martes 18 de octubre, el Consejo para la Transparencia publicó su boletín mensual. Esta vez traía una editorial firmada por el presidente, Raúl Urrutia, quien dejará su puesto el viernes 28 junto con Juan Pablo Olmedo.
En el texto, Urrutia escribió una dura frase: "Sabíamos que nuestras decisiones incomodarían en muchos casos a la autoridad política. Ocurrió en el gobierno de la presidenta Bachelet y ha ocurrido durante este gobierno".
La anécdota refleja la tensión que existe hoy con el Ejecutivo tras el impasse por el proceso de renovación de dos de los cuatro consejeros de la entidad. Pero también esboza el aspecto más desconocido de los tres años de vida del consejo: una constante pugna con La Moneda por atribuciones, decisiones y presupuesto.
Urrutia tiene un análisis crudo de la situación: "Hoy el consejo enfrenta una situación muy compleja, porque hay intentos de aplicar un sistema que pueda quitarle la autonomía y la independencia con la que se partió".
Diferencias permanentes
La postura del presidente del consejo es compartida por Olmedo y Alejandro Ferreiro (DC), los denominados "consejeros históricos", ya que fueron nominados junto con Roberto Guerrero Valenzuela en octubre de 2008 como sus primeros miembros. El cuarto consejero, Jorge Jaraquemada -director ejecutivo de la fundación Jaime Guzmán y quien reemplazó a Guerrero tras su renuncia en 2010- tiene una postura más moderada, aunque comparte la inquietud por el escenario que se instaló.
Entre los "históricos", la sensación es que Urrutia y Olmedo no fueron renovados por un lazo tenso con el gobierno, que, entre otros episodios, acumulaba las críticas de Urrutia a que María Luisa Brahm permaneciera como consejera del Sistema de Alta Dirección Pública y al mismo tiempo fuera jefa del "segundo piso" de Sebastián Piñera, y cuando el consejo obligó a divulgar la información sobre el "puente mecano" sobre el río Biobío, que provocó la salida del ministro de Defensa, Jaime Ravinet.
Desde La Moneda, la explicación es diferente. El ministro de la Segpres, Cristián Larroulet -quien lleva el vínculo directo con el consejo-, dijo públicamente que se buscaba seguir el criterio de que no existiera repetición en los puestos. Pero en Palacio señalan que hubo otros factores que pesaron, como la vinculación de Olmedo como asesor legislativo del senador UDI Hernán Larraín y el lobby que ambos consejeros habrían hecho en los partidos para mantener sus puestos, que generaron molestia.
El organismo incómodo
La escena era inverosímil. Era octubre de 2008, y apenas dos meses después de ser designados en sus cargos, Olmedo, Urrutia, Ferreiro y Guerrero presentaban su renuncia frente al entonces ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo. El motivo eran las diferencias por el presupuesto asignado para la entidad. Se les había prometido una base de $ 3.000 millones para el primer año. Sin embargo, la partida sólo consideraba $ 1.000 millones, apenas un tercio.
"¿Y si le envío un correo a mi esposa Cecilia, eso es público o privado?". Entre risas, Piñera deslizó una de las consultas que hoy inquietan en Palacio: el estatus de los e-mails de los funcionarios públicos. Era el 18 de abril y junto a él almorzaban cuatro miembros del Consejo y Larroulet.
"Viera-Gallo nos dijo que había un error y nos envió a hablar con Andrés Velasco. Nos reunimos un sábado en la mañana y logramos aumentar el presupuesto en $ 800 millones", dice uno de los consejeros que estaban en la cita.
El tema es hasta hoy uno de los focos de conflicto con el Ejecutivo. En el consejo dicen que constantemente se les han asignado menos fondos que los que necesitan. De hecho, el anterior presidente del organismo, Juan Pablo Olmedo, encargó en 2009 un estudio al BID para determinar cuántos recursos necesitaban anualmente. La consultoría determinó que eran $4.000 millones. El presupuesto para 2012 sólo contempla $3.400 millones.
Sin embargo, en el actual gobierno afirman que las cifras no reflejan el aporte que se ha dado a la entidad, el que -aseguran- se ha reforzado en el último año con aportes extraordinarios de la Segpres, como uno de $120 millones para el desarrollo del Portal de Transparencia.
No es el único frente. En el consejo dicen que un punto crítico fue el rol de la Comisión de Probidad y Transparencia, dependiente de la Segpres y que entre 2008 y mayo de este año fue encabezado por el periodista Felipe del Solar. En la entidad señalan que la comisión se convirtió en un "interventor" al interior del gobierno, incluso ordenando a los servicios que no entregaran información. Y citan un ejemplo: a mediados de 2009 recibieron llamados de varias reparticiones a raíz de un pedido de información de auditorías internas. "Ellos estaban dispuestos a entregarlas, pero habían recibido órdenes de no hacerlo. Y la orden venía desde la comisión", plantean.
En el gobierno afirman que las diferencias fueron un factor crucial a la hora de determinar la salida de Del Solar de la comisión, hoy a cargo de Alberto Precht, quien también preside la Comisión Defensora Ciudadana.
De hecho, en el consejo reconocen que los vínculos han mejorado, al punto de que ambos organismos están trabajando conjuntamente en uno de los proyectos considerados clave por la entidad autónoma: el Portal de Transparencia, que permitirá monitorear en tiempo real la cantidad de solicitudes hechas a todos los servicios.
Larroulet destaca este hito como un ejemplo de la voluntad del Ejecutivo en el tema: "El gobierno está comprometido con fortalecer la institucionalidad del Consejo para la Transparencia. Ha dado prueba de ello entregando recursos, como en el caso del Portal de Transparencia. Pero creemos que es sano mantener el principio de la renovación de los consejeros".
Los grises de la transparencia
La batalla por los e-mails
"¿Y si yo le envío un correo a mi esposa, Cecilia, eso es público o privado?". Entre risas, el presidente Sebastián Piñera deslizó una de las consultas que hoy inquietan más en La Moneda: el estatus de los e-mails de los funcionarios públicos. Era el 18 de abril de este año, y junto a él almorzaban los cuatro miembros del consejo y Larroulet.
Urrutia fue quien tomó la palabra. Comenzó explicándole al mandatario que el tema tenía diversas interpretaciones al interior de la entidad, pero que la postura mayoritaria era clara: "Hay que analizar caso a caso. Pero por principio, los correos enviados desde cuentas públicas son públicos. Si se llega a determinar que son reservados, se acaba la transparencia en el país, porque todos los funcionarios van a actuar por e-mail", le dijo a Piñera.
La inquietud tenía un antecedente: el 2 de septiembre de 2010, la Presidencia denegó una solicitud de información de Eduardo Villavicencio. La petición era potencialmente explosiva: todos los correos electrónicos enviados desde cuentas públicas tanto por Bachelet como por Piñera entre enero de 2009 y julio de 2010. Y aunque en Palacio se prepararon para una controversia y una apelación ante el consejo, el caso nunca llegó a la entidad.
Hasta hoy, sólo dos casos han sido resueltos en esa línea: uno vinculado a una petición de correos electrónicos del SAG a raíz del proyecto HidroAysén, y otro sobre la Subsecretaría del Interior, en que se solicitaban los e-mails enviados sobre temas de reconstrucción entre ese organismo y la Gobernación de Talagante. En ambos casos, el consejo obligó a entregar los correos -con el voto disidente de Jorge Jaraquemada-, pero las reparticiones presentaron recursos ante la Corte de Apelaciones.
El criterio de La Moneda es que los correos son parte de la esfera privada de las personas. De hecho, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, envió un oficio de 6 páginas al consejo para explicar su negativa aentregar los e-mails, señalando, entre otros puntos, que la entidad no tenía facultades para pedir que se le mostraran los correos bajo compromiso de reserva, lo que molestó al consejo.
Y el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, envió una argumentación de 11 carillas para denegar una solicitud de Juan José Soto en que se pedía acceder a los correos de Larroulet entre el 18 y el 21 de julio de este año, en que se cita, entre otros, a los abogados constitucionalistas Hernán Corral, Humberto Nogueira, José Luis Cea y Alejandro Silva Bascuñán para argumentar que las comunicaciones personales están protegidas por la Carta Magna. El caso se verá en las próximas semanas.
La lucha por la sucesión
A todo ello se suma la polémica generada por los dos nombres propuestos para reemplazar a Urrutia y Olmedo, los abogados José María Eyzaguirre (RN) y Samuel Donoso (PPD). Si bien ambos tienen una importante trayectoria como litigantes, enfrentan críticas cruzadas.
En las organizaciones pro transparencia la crítica es que ambos no tienen trayectoria en el área ni experiencia en políticas públicas, por lo que su designación podría dejar al consejo sólo como un "tribunal de transparencia". Juan Carlos Délano, presidente de Chile Transparente, dice que la continuidad de Urrutia y Olmedo habría sido positiva: "La pregunta es si es pertinente el cambio en un momento en que una institución está consolidándose. Hubiera preferido mantener a las personas".
Una fuerte polémica generaron los dos nuevos nombres para reemplazar a Urrutia y Olmedo, los abogados José María Eyzaguirre (RN) y Samuel Donoso (PPD). Si bien ambos tienen una importante trayectoria como litigantes, enfrentan críticas cruzadas y un fuerte recelo por su designación.
Federico Allendes, presidente de la fundación Pro Acceso, afirma que el punto más severo fue la poca participación en la nominación de los nuevos consejeros.
En la arista política, el tema es más complejo. En los últimos días, varios senadores opositores han recibido un dossier sobre Eyzaguirre, en que, entre otros aspectos, se recuerda su participación como abogado defensor de Augusto Pinochet y su postura en temas valóricos: en 2007 presentó un reclamo en el Consejo Nacional de Televisión por la serie Papavilla, por estimar que se dejaba en ridículo la figura del Pontífice, y en junio de este año escribió una carta criticando el matrimonio homosexual.
En tanto, los cuestionamientos a Donoso vienen desde todos los sectores. El lunes, la UDI abordó el tema en su comisión política: él fue uno de los abogados que apoyaron a Guido Girardi durante el caso Spiniak, en que se involucró a ex parlamentarios de esa colectividad. Y si bien hubo coincidencia en la molestia por su nominación, aún no está definida la postura que adoptarán.
Además, la designación acabó con la tregua interna que se vivía en el PPD. Esto, porque Donoso es un hombre cercano al "girardismo", y su nombramiento fue acordado entre Larroulet y el jefe de bancada de los senadores, Jaime Quintana, causando la molestia de Carolina Tohá. Con todo, el tema será analizado mañana sábado en la directiva nacional, y el acuerdo en la Concertación es respaldar al nombre que genere consenso en ese partido.
El escenario apunta a una pelea cerrada en el Senado, donde se requieren dos tercios de los parlamentarios. Aunque en el gobierno apuestan a que tendrán los votos , Larroulet y Precht han sondeado nombres alternativos en caso de que se rechace la propuesta. Entre los mencionados están los abogados José Zalaquett (PPD) y José Luis Santa María (RN), y el académico del CEP Lucas Sierra.
Pero además el tema tendrá un efecto práctico: los mandatos de Urrutia y Olmedo vencen el 28 de octubre, y la sesión en que la Comisión de Constitución del Senado escuchará a los nominados será recién el 8 de noviembre. Es decir, la entidad no podrá emitir fallos durante al menos una semana, ya que se requiere un quórum mínimo de tres consejeros. Algo que aumenta el malestar en los consejeros, quienes señalan que enviaron el 26 de julio pasado un oficio al Gobierno advirtiéndoles que se vencía el plazo para las designaciones.
Por eso, Urrutia ha dado órdenes de acelerar la tramitación de casos en las próximas semanas. Y se espera que en la última sesión los consejeros dejen zanjado otro tema importante: la presidencia del consejo por los próximos 18 meses, que le correspondería a Ferreiro, como su miembro más antiguo. Uno de los consejeros lo resume así: "No podemos quedar sin voz en un momento tan importante. Todo lo que hemos avanzado está en riesgo".
