Pocas horas después de la publicación de esta entrevista, el fiscal nacional Sabas Chahuán partirá rumbo a Ciudad de México junto al presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, para participar en un seminario en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde expondrán sobre cómo se implementó en Chile la Reforma Procesal Penal.
El viaje se produce en uno de los períodos más tensos que ha habido entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, luego de las duras críticas que ha formulado el gobierno tanto a la labor de los jueces como de los fiscales: primero porque pocos encapuchados quedaron en prisión preventiva; luego, después de que se diera a conocer el alza de un 10% en la delincuencia, con un aumento de 17,9% en los robos con intimidación.
"La pega no es sólo nuestra, los jueces y los fiscales también son parte del sistema y muchas veces vemos errores que no comprendo", fue una de las frases del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
La última polémica con el Ministerio Público, que Chahuán encabeza hace cuatro años y hasta el 2015, fue apenas hace cinco días, cuando Hinzpeter, en el programa Estado Nacional de TVN, se abrió a la posibilidad de que la elección de los fiscales sea democrática. Una de las razones para ello, explicó, es que "así la ciudadanía dice: este fiscal hizo el trabajo de una determinada manera, este fiscal lo hizo de otra. Creo que es una medida a revisar, no me quiero cerrar a nada".
-¿Qué le parece el planteamiento del ministro del Interior?
-Cuando se discutió la Reforma Procesal Penal, esa idea se descartó en el Parlamento con un consenso transversal. Básicamente, porque podía introducir la politización en la designación de fiscales. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo al respecto el presidente de la Corte Suprema, en cuanto a que se trata del sistema menos utilizado en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, la gran crítica es que muchas veces, cuando hay una renovación del fiscal, éste se ve tentado a responder a lo que en ese momento está en boga en la sociedad y así, para ser reelegido, puede inhibirse o perseguir ciertos delitos. En eso, me inclino más por la opinión que manifestó el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien señaló que ésa es una discusión de corte filosófico-académico.
"Estoy en sintonía con lo que ha expresado el presidente de la Corte Suprema: la prevención del delito y el orden público no es responsabilidad ni del Poder Judicial ni de la fiscalía"
-A propósito, ¿cómo lee las señales de que mientras el ministro Hinzpeter plantea abrirse a ese sistema de elección, Ribera lo descarta?
-Yo no califico las contradicciones que puede haber entre ministros; tampoco les pido explicaciones. Pero claramente al profesor Ribera, que sabe académicamente lo que está hablando, le encuentro toda la razón. Estoy diciendo que a priori no es conveniente ese modelo, y lo sostengo porque conozco la experiencia tanto por la literatura como porque he ido a ver el sistema norteamericano. Algunos podrían interpretarla como una propuesta populista. Pero una cosa es plantear elegir democráticamente a los intendentes y otra a los fiscales, jueces o al jefe de la policía. Creo que no es conveniente.
-Hace varias semanas que hay un clima de choque entre el gobierno, los jueces y la Fiscalía ¿cómo percibe esa situación?
-No creo que sea conveniente que haya dimes y diretes por los medios de comunicación, porque puede generar una sensación en la gente de que no se sabe hacia dónde se va. En todo caso, la Fiscalía y el Poder Judicial tenemos las mejores relaciones, por razones obvias, porque trabajamos todo el día juntos. Estoy en sintonía con lo que ha señalado reiteradamente el presidente de la Corte Suprema. No nos hemos puesto de acuerdo, pero la visión que tenemos es coincidente.
-De quién es la culpa del alza de la delincuencia: ¿de la Fiscalía, el gobierno o los jueces?
-Yo no hablaría de culpas. Existe un hecho objetivo que nosotros lo detectamos con las estadísticas que damos trimestralmente. Hay un aumento en los ingresos de denuncias que ha sido sostenido en el tiempo: estamos creciendo a tasas cercanas al 10% anualmente en ingresos de denuncias. Los factores no están claros, pero el mayoritario es el alza de delitos. Otro se debe a la mayor confianza de la gente al hacer la denuncia. También está el hecho de que las estadísticas son totalmente transparentes.
-Si el sistema es tan transparente como usted dice, ¿por qué el gobierno ha criticado duramente a la Fiscalía en materia de delincuencia?
- Tengo absoluta conciencia de las facultades de los distintos poderes del Estado y de las que tiene la Fiscalía. Por ende, no me voy a entrometer en otro poder del Estado. Calificar cuál es la motivación que ha provocado que el ministro del Interior haga las declaraciones que hizo, tampoco me corresponde. Pero no es bueno actuar como Pilato en el tema de la delincuencia, es decir, hay que asumir las responsabilidades que a cada uno le corresponden.
-¿En qué sentido?
-En que hay que tener claro qué puede dar cada una de las instituciones, qué puede exigírseles y qué pueden informar. Y desde el punto de vista de la Fiscalía, no le voy a responder a un ministro del Interior si está opinando, pero sí voy a responder en cuanto a que no creo que sea bueno, en el estado actual del tema de la delincuencia y de la seguridad ciudadana, que se interpele por los medios a otras autoridades.
"No es bueno actuar como Pilato en el tema de la delincuencia"
-¿Cree que el Ejecutivo se ha entrometido?
-El Poder Ejecutivo tiene una serie de facultades que debe ejercer. Y el hecho de que interpele públicamente, se puede interpretar como un atentado a la autonomía de otros poderes. Estoy en sintonía con lo que ha expresado el presidente de la Corte Suprema: la prevención del delito y el orden público no es responsabilidad ni del Poder Judicial ni de la Fiscalía. Sí podemos colaborar tangencial y marginalmente en una labor que es del gobierno que esté en el poder. Yo creo, sí, que la delincuencia hay que abordarla en coordinación e integralmente.
-¿Y qué errores asume la Fiscalía?
-Puede haber errores puntuales, que algún procedimiento esté mal tomado, algún fiscal que se equivocó en un juicio oral. Si tenemos errores los vamos a corregir, pero tenemos que ir día a día. Que estemos cerrados a realizar cambios, no. Desde que asumí, hace cuatro años, ya hemos hecho modificaciones drásticas en la gestión y en los criterios de persecución criminal.
-¿Cuál es su diagnóstico de la delincuencia?
-En la fiscalía estamos preocupados en un punto de inflexión: ha evolucionado. Hoy tenemos crimen organizado y aunque la corrupción no es a niveles desatados, sí tiene una alta visibilidad e impacto público. Se le hace un flaco favor al combate contra la delincuencia si los poderes del Estado aparecen enfrentados. Por eso creo que es conveniente que cada uno respete la facultad de otro y se coordine el actuar de las distintas instituciones. Obviamente que los jueces y fiscales somos parte del sistema. Pero también, la prevención del delito y el orden público no es resorte de los fiscales. Aquí hay dos subsecretarías distintas. Hay una de prevención y hay una Subsecretaría del Interior que tiene bajo su alero un equipo que está encargado del orden público. Inclusive, hay ex fiscales trabajando ahí.
"No puede ser que la gente perciba que la justicia es para los pobres, mientras los poderosos se cuelan por los intersticios"
-El ex fiscal Alejandro Peña…
-Bueno, por ende, eso es resorte exclusivo del gobierno. Ahora, el ministro dice que tenemos responsabilidad… Por supuesto que tenemos responsabilidad, pero no en prevención ni en orden público. Nosotros actuamos cuando se cometió el delito y sobre la base de información que se nos proporciona.
-¿Qué responsabilidad tiene la policía? ¿Hay problemas con la inteligencia que realiza?
-Nosotros permanentemente estamos coordinados con la policía. Yo no le voy a echar la culpa a Carabineros, sino que le voy a pedir que mejoren sus procedimientos. Y si ellos nos dicen "Fiscalía, mejoren los suyos", por supuesto que lo haremos.
-¿Hay fiscales duros y fiscales blandos?
- Tal vez lo que haya sea un efecto de difusión, porque si uno analiza las estadísticas, este sistema tiene mucha más gente en las cárceles que el anterior.
-El número de presos se ha triplicado.
-Se triplicó desde que entró en vigencia la Reforma Procesal Penal y las personas privadas de libertad subieron de 15 mil a 53 mil. Pero no toda la gente está en la cárcel porque se cometan más delitos. Proporcionalmente, Chile es el país que tiene más presos en Latinoamérica y, en términos absolutos, es el segundo o tercero después de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene 200 millones de habitantes. La política criminal tiene que hacerse cargo de los fenómenos sociales. Tenemos un Código Penal que tiene 137 años. No se trata de hacerle modificaciones parche, sino que hay que hacer un código integral. En Chile tenemos un sistema procesal con defectos, pero a nivel internacional es considerado eficiente. Es un auto de lujo, pero con el perdón de las citronetas, con un motor de citrola. Por ejemplo, en la sociedad se cometen muchos delitos violentos o de sangre, pero también hay un nivel de violencia por los grandes delitos económicos.
"Chile es el país que tiene más presos en Latinoamérica y, en términos absolutos, es el segundo o tercero después de Estados Unidos"
-Los de cuello y corbata.
-Sí. Persigamos no sólo a los encapuchados, también a los encorbatados. A la sociedad también se la violenta cuando un grupo de personas se asocia para hacer un fraude y estafa a miles. Y si la pena del Código Penal es inferior que la del sujeto que se roba una gallina, eso violenta a la gente. Entonces, hay que reformular la persecución penal. No puede ser que la gente perciba que la justicia es para los pobres, mientras los poderosos se cuelan por los intersticios.
-¿Usted también tiene esa sensación?
-Sí y no. No, porque no es efectivo, y porque ha habido muchas condenas. Pero sí, porque las penas que se le ha impuesto a esa gente no son eficientes. Con esto no quiero decir que todos los tipos que cometan estos fraudes vayan a la cárcel. Pero, por ejemplo, respetando la presunción de inocencia, supongamos que la gente que está imputada por los dos fiscales que llevan el caso La Polar, sea culpable. La pena que va a tener, si concurren agravantes o se estima que los delitos son reiterados, no va a ser superior a los 10 a 15 años. En cambio, en Estados Unidos el señor Madoff tiene tres condenas de 150 años por un fraude bursátil enorme. Está en la cárcel y no va a salir.
