© Fabián Marchan
Hasta antes del 2005, cuando se aplicó una gran reforma al Tribunal Constitucional (TC), éste apenas veía unas 20 causas al año. En ese tiempo sus ministros -que eran siete integrantes en comparación a los 10 que lo componen hoy- se reunían sólo una vez a la semana, por lo que irónicamente en círculos judiciales llamaban a ese día “el tecito de los martes”.
Hoy, en cambio, sus jueces tienen dedicación exclusiva -sólo pueden hacer clases en universidades y con un horario restringido-, ganan una renta equivalente a un ministro de Estado, o sea alrededor de seis millones de pesos, y el promedio anual de ingreso de causas supera las 250. De ellas, según explica el presidente del TC, Raúl Bertelsen, “el 85% corresponde a acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”.
Desde que se hizo una cirugía mayor al TC, hace siete años, su rol ha ido cambiando y cada vez es mayor su influencia en asuntos tanto valóricos como “domésticos”: se ha pronunciado por el alza de los planes de las isapres; el posnatal; el pago de las jornadas de trabajo de los choferes de buses interprovinciales; si debe o no existir un partido con ideología nazi en Chile; si un desafuero es apelable; si los sueldos de los altos ejecutivos de TVN tienen que ser públicos; si es válido que a una chilena se le quite su licencia de conducir tras dos infracciones en un año; si Ena Von Baer podía reemplazar a Pablo Longueira en el Senado; si los mails del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla eran privados y, si ocho imputados por la caída del edificio Alto Río, el 27 F, debían o no conocer la norma antisísmica.
“Hoy, por la vía de la inaplicabilidad, el Tribunal Constitucional conoce cada día más de asuntos corrientes. Ya no sólo se pronuncia sobre el matrimonio gay o la píldora del día después, sino también sobre juicios de arriendos, cobranzas e innumerables asuntos”, dice Francisco Zúñiga, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y autor de varios papers sobre los fallos del organismo.
Hasta antes de 2005, añade Zúñiga, si bien el TC era una “institución política importante para resolver conflictos del poder”, después de la reforma es “un tribunal de mesón y estrado. Así es como lo ven hoy los ministros, abogados y las personas comunes y corrientes, porque hoy es un tribunal más para litigar”.
El abogado Gastón Gómez, profesor de Derecho Constitucional de la UDP, dice que el protagonismo del TC será cada vez mayor. “El TC va a aumentar su incidencia y será cada vez más incisivo en los asuntos públicos, pues es lo que ha pasado en experiencias comparadas. Si hay una legislación de aborto va a terminar en el TC; si hay una legislación positiva sobre matrimonio homosexual, también. Y si hay tensión entre la libertad de expresión y la democracia, igual. Es parte de la modernidad de los sistemas políticos democráticos”.
Incluso, hay quienes han comenzado a comparar su nuevo rol con el de la Corte Suprema de Estados Unidos, en términos de que se ha convertido en la instancia final para dirimir conflictos valóricos, ciudadanos y políticos.
2.El fin de los equilibrios
Desde que el 25 de mayo el pleno de la Corte Suprema designó el abogado Domingo Hernández como nuevo ministro del TC para llenar el cupo que dejó Enrique Navarro, en círculos judiciales no han dejado de mirar con suspicacia su designación: por primera vez en muchos años el TC podría evidenciar un desequilibrio en sus votos, ya que hoy seis de sus 10 integrantes son más cercanos a la Concertación que al oficialismo.
Hernández recibió el respaldo de 15 ministros, superando a Emilio Pfeffer -abogado de derecha- y a Nelson Pozo. Ganó luego de una segunda votación y tuvo el apoyo tanto de los sectores progresistas como conservadores de la Suprema.
Pfeffer era el favorito del gobierno para suceder a Navarro, pues daría continuidad en el TC: ambos son de derecha. Sin embargo, el pleno optó por alguien cercano a la DC. “La Suprema dio una fuerte señal a La Moneda y lo más probable es que si hoy el gobierno presentara un recurso en el TC, no le iría bien”, dice desde tribunales.
El cupo de Hernández, quien juró el pasado miércoles 13, es uno de los tres cargos del TC que son nombrados por la Suprema; otros tres son atribución del Ejecutivo; dos del Senado y dos de la Cámara de Diputados.
Pero este eventual “desequilibrio político”, si es que Hernández votara en algunos casos alineado a los ministros de sensibilidad concertacionista, no durará mucho, por lo que ya se habla de “un veranito de San Juan”: en marzo de 2013 deben renovarse otros cuatro miembros: se van dos cupos “concertacionistas” - José Antonio Viera-Gallo y Gonzalo García- y otros dos de derecha: Marcelo Venegas e Iván Aróstica.
Viera-Gallo, ex ministro de la Segpres de Michelle Bachelet, fue nombrado por la ex presidenta en el TC. En el oficialismo ven improbable que Piñera reelija a un socialista en un cupo que puede recuperar la derecha.
Quien reemplace a García, en cambio, debería ser alguien ligado a la Concertación -para ser parte del TC nadie puede militar en un partido político-, pues su elección se determina en la Cámara tras un acuerdo político.
Aróstica, en tanto, es un cupo designado por el presidente, mientras que Venegas, ex asesor de Sergio Romero y Sergio Onofre Jarpa, electo por el Senado.
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3. Liberales y conservadores
Liberales y conservadores son, según quienes conocen al TC, apenas una de las varias categorías en que, desde fuera, se cataloga a los ministros. También los hay severos y garantistas en materia penal; estatistas y privatistas; de derecha y centroizquierda.
Políticamente, Viera-Gallo, el ex senador Hernán Vodanovic y Francisco Fernández son tres conocidos socialistas, aunque muy distintos entre sí: el primero ha cumplido un rol conciliador, el segundo más liberal, y el tercero representa la izquierda más dura dentro del tribunal.
Gonzalo García y Carlos Carmona son dos juristas ligados a la DC. El sexto integrante cercano al progresismo es Domingo Hernández: como abogado integrante de la Suprema votó contra militares en causas de violaciones a los derechos humanos.
En tanto, Raúl Bertelsen -ex rector de la Universidad de Los Andes- junto a la única mujer del tribunal, Marisol Peña, además de ser de derecha también son conservadores. Así lo plasmaron en sus votos en contra de la píldora del día después (2007) y del matrimonio gay (2011), entre otros. Políticamente a ellos se suman Iván Aróstica y Marcelo Venegas. Este último, nombrado en enero del 2006 por unanimidad del Senado, fue cuestionado por su pasado: durante el régimen militar trabajó en Dinacos, el organismo que censuraba a los medios de comunicación.
Venegas, en cuya presidencia (2009 -2011) modernizó el TC y materializó el cambio de sede desde el centro de Santiago a Apoquindo por razones de espacio, suele apoyar los requerimientos del gobierno. Pese a que aparece firmando los votos más conservadores, quienes lo conocen dicen que “no es beato ni fanático”. Vodanovic, en tanto, fue el único que en noviembre del año pasado entró al fondo del matrimonio homosexual. “Privar a un grupo de personas de la posibilidad de acceder a la institución matrimonial, importa negarles la dignidad que la propia institución les reconoce, impidiéndoles el acceso a una institución considerada indispensable para el pleno desarrollo de una vida buena”, dijo en el fallo.
En el caso del matrimonio gay, no obstante, quienes conocen al TC dicen que, salvo por Peña y Bertelsen, cuyo voto siempre es conservador, el recurso fue rechazado más por forma que por fondo. “Tenía muchas falencias”, explica una fuente ligada al fallo.
4. Voto cruzado
Independiente de sus posturas políticas, en el TC destacan que hay muchos casos en que los ministros votan cruzado a sus ideologías o antiguas militancias. El abogado Jorge Correa Sutil (DC) es un ejemplo: mientras fue ministro del TC, el ex subsecretario del Interior de Lagos en 2008 votó en contra del gobierno de Bachelet al considerar inconstitucional el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo al Transantiago. Un año después, La Moneda no lo renovó en el cargo y nominó en su reemplazo a Carmona.
El caso más emblemático es el voto en contra de la distribución de la píldora del día después del ex ministro de Defensa de Lagos, Mario Fernández, hasta ahora el DC más conservador que ha pasado por el TC. Fernández renunció al tribunal en enero de 2011: volvió a la política y hoy hace un taller de análisis de fallos del TC en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. “A mí me tacharon de beato y conservador, pero nunca me importó, porque un ministro no vota para la galería”, asegura.
El voto cruzado también estuvo en el caso de la senadora Ena Von Baer, designada por la UDI para reemplazar a Longueira. Sólo un ministro -el concertacionista Carmona- votó en su contra.
Pero, a la vez, Carmona apoyó al gobierno en el requerimiento que Ubilla ganó en el TC para que sus emails no se hicieran públicos.
5. Isapres: El fallo clave
Varios expertos consideran que hay tres fallos que muestran cómo es el nuevo TC que opera desde 2005: el que rechazó el matrimonio homosexual porque devela quién es quién; el que declaró que el movimiento Patria Nueva Sociedad, ligado al nazismo, puede existir en pos de la libertad de expresión (lo redactó Viera-Gallo) y el de agosto de 2010 en contra de las isapres, en el que limitó la aplicación de las tablas de factores de riesgos que les permite subir el precio de los planes según la edad y el sexo de los usuarios.
Así, todo lo impopular que fue el TC con el caso de la píldora lo revirtió en su minuto al fallar contra las isapres. Esa resolución fue redactada por Mario Fernández, quien dice que ese voto demuestra que en el TC se vota con independencia. “En mi caso, así como fui catalogado de conservador con la píldora, quedé como progresista con las isapres”, ironiza.
En este caso, las isapres perdieron 7 contra 2, y votaron en su contra tanto los jueces de centroizquierda como los de derecha y “libremercadistas”. Uno de ellos fue Venegas, quien fue criticado por su sector luego que en su voto afirmara que en esta causa estaba en juego el derecho a la seguridad social. “Fue más progresista que la izquierda”, comenta un abogado.
Los votos de minoría fueron de los ministros Peña y Navarro, quien rechazó el recurso sólo por considerar que la Suprema ya tiene zanjado el tema: siempre condena a las isapres por el mismo motivo.
El 2 de mayo pasado, el TC falló nuevamente un caso por el alza del precio de un plan de isapre. Pero esta vez el recurso fue desechado luego que se produjera un empate de cuatro votos y, en estas situaciones, la norma obliga a que se rechace un recurso. Por eso es que la llegada de Domingo Hernández es considerada clave en una próxima votación. “Hoy el caso de las isapres es el mejor ejemplo para medir fuerzas en el TC”, dice un abogado.
Otra prueba que vendrá en las próximas semanas, cuando el TC analice si los mails enviados por el ministro Cristián Larroulet son públicos, como estableció el Consejo de Transparencia, o privados, como alega el gobierno.
