El litigio en la Corte Internacional de Justicia puede ser una etapa difícil para las relaciones chileno-peruanas. Aunque el escenario básico y decisivo está definido porque ambos estados se han comprometido a aceptar la sentencia de la corte, los alegatos han tensionado el ambiente, lo que puede aumentar al acercarse la sentencia. Por eso, junto con la altísima atención pública sobre la evolución del juicio, es necesaria una reflexión simultánea y no menos relevante sobre el futuro de la relación bilateral, un asunto que no es exclusiva responsabilidad de los gobiernos. 

Durante el año que termina se han  producido encuentros en Santiago y Lima, el último la semana pasada en Tacna y en Arica, en las cuales representantes de  ambos países han iniciado un debate nunca antes realizado entre ambos lados de la frontera. Y si bien todas las reuniones comienzan con una presentación inicial de las legítimas miradas nacionales, en todas éstas ha sido posible concluir con la identificación y articulación de un conjunto de miradas comunes y compartidas sobre el futuro.

Es difícil prever, sin embargo, todas las consecuencias de la etapa iniciada con los alegatos. Las condiciones después de la sentencia pueden ser complejas para uno u otro lado, por lo que superar ese momento de manera apropiada debe ser un objetivo prioritario para Chile. Y si hay algo que ha podido ser avizorado durante los diálogos sostenidos entre chilenos y peruanos, es que hay condiciones para que ambos países asuman esa nueva etapa como una oportunidad histórica para cerrar definitivamente una prolongada rivalidad, y avanzar hacia una asociación política y una integración abiertas a la región, robusteciendo su inserción en el Asia Pacífico, en un sistema internacional en flujo.

Lo anterior exigirá superar cuestiones importantes. La sentencia de la corte podría dejar abiertos algunos temas planteados por las partes o ser imprecisa, obligando a aclaraciones o revisiones que podrían dilatar el término del juicio y mantener un ambiente bilateral difícil. Cualquier posibilidad de un progreso en la relación tendrá como prerrequisito el ya mencionado acatamiento del fallo, confirmando así la observancia del derecho internacional en la región, puesta en duda tras la reacción de Colombia. Aceptar la sentencia es la forma civilizada de prevención y resolución pacífica de las diferencias entre estados, y provee a los países y a sus sociedades de bienes públicos más importantes y estratégicos (como el término de la rivalidad con un país vecino) que los eventuales costos en los cuales puedan incurrir, y con ello de la necesaria legitimidad política que requieren las decisiones difíciles, especialmente en democracia. Ésa es la lección de la experiencia de Chile con Argentina en las sucesivas negociaciones hasta 1998, y ésa es la racionalidad sobre la cual han descansado las decisiones que han ido adoptando los sucesivos gobiernos en Santiago.

Si el juicio concluye apropiadamente, el paso hacia una nueva etapa exigirá un esfuerzo especial para eliminar las desconfianzas recíprocas que aún persisten entre ambos países. Sin ese proceso de diálogo será muy difícil transitar con éxito desde identidades definidas en oposición, hacia una identidad compartida y cooperativa. Desde Chile se percibe que en el futuro, y a pesar de la sentencia, en Perú podrían generarse nuevas reclamaciones. Las afirmaciones públicas del presidente Ollanta Humala, del ex presidente Alan García, así como del canciller Rafael Roncagliolo y destacadas personalidades peruanas, de que con la demanda Perú termina sus cuestiones territoriales con Chile, son necesarias e importantes, aunque insuficientes. Desde Lima, se señala que la credibilidad de una nueva etapa esencialmente cooperativa descansa en que Chile modifique lo que se percibe como un dispositivo bélico orientado contra Perú. Y muy especialmente, se señala que si Chile acepta el fallo (que en Perú esperan favorable a sus pretensiones), ello creará condiciones para construir una relación de confianza. 

El paso hacia una nueva etapa dependerá de si los liderazgos políticos y las sociedades civiles tienen una visión común y voluntad política de avanzar hacia el logro de esa visión y, por sobre todo, de si son capaces de desarrollar juntos un proceso sostenido de señales recíprocas de cooperación. Hay bases para creer que eso es posible. Ambos países han escogido modelos similares de desarrollo, regímenes democráticos y economías abiertas (que incluso comparten serios déficits de inclusión y equidad); un notable incremento de la interdependencia económica y societal; estrategias convergentes de inserción internacional que otorgan gran importancia a la proyección en el Asia Pacífico (hoy reflejadas en la Alianza del Pacífico); y visiones relativamente afines en el ámbito regional y multilateral.

La convergencia puede ser, sin embargo, aún frágil si no se supera la cuestión histórica. Sin embargo, más allá de la sentencia, lo que estará en juego es si ambos países desean asumir un proyecto político común que sería en sí mismo una transformación histórica estratégica, sustantiva y positiva de la política exterior sudamericana. Por eso, la crispación que pueda generar la etapa que culminará con la sentencia de la corte debería ser acompañada por una cuidadosa reflexión pública sobre la inserción que Chile desea en la región y en el mundo, así como sobre las opciones para transformar esta etapa bilateral en una oportunidad para la relación de Chile y Perú.